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Nacional

16 de Junio de 2016

Junaeb no encuentra documento clave del trato directo por el que pagó $5 mil millones de sobreprecio

El secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Cristóbal Acevedo, respondió el 8 de junio pasado a un oficio enviado por la comisión investigadora que pedía el informe sobre la situacion financiera de las empresas Hendaya y Verfrutti al momento de ser beneficiadas en 2015 con un millonario trato directo, que implicó un sobreprecio de $5 mil millones. El acta en cuestión no figura en los archivos del organismo fiscal.

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junaeb

“No ha sido posible encontrar la mencionada acta a la fecha”. Esa fue la respuesta que entregó el secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Cristóbal Acevedo, a la solicitud de información enviada por la comisión investigadora que estudia eventuales irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar entre los años 2014 y 2015.

El requerimiento de datos había sido realizado el pasado miércoles 8 de junio por el presidente de la comisión, el diputado PS Manuel Monsalve, quien solicitaba el respaldo de la evaluación de la situación financiera de las empresas Hendaya y Verfrutti que les había permitido obtener, a través de un cuestionado proceso directo de febrero del 2015, contratos por $17 mil millones y $8 mil millones, respectivamente, para repartir raciones de alimentos en la VIII y XI Región por dos años. Según los antecedentes de Contraloría y el Ministerio Público, esta operación implicó el pago de un sobreprecio superior a los $5 mil millones.

El acta en que figuraban los antecedentes de las compañías había sido mencionado el lunes 11 de abril por la exjefa del Departamento de Recursos de Junaeb, Paula Moncada, al responder una serie de consultas de la comisión investigadora sobre el caso. Sin embargo, al ser solicitada formalmente, se constató que no figura hoy en los registros de la Junaeb.

Moncada, cabe recordar, fue destituida de ese cargo y luego reincorporada a otras funciones en febrero pasado, cuando el organismo hizo público que una de las empresas que se había adjudicado cuatro unidades territoriales de la licitación (Dipralsa S.A.) no había entregado la información necesaria para ser adjudicataria y que la consultora externa contratada para evaluar las ofertas había falseado dicha información respecto a ellos, según explicaron en esa oportunidad.

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El acta

Respecto del trato directo que llevó a la Junaeb a pagar un millonario sobreprecio, Moncada relató en la Comisión que el director de la época, José Miguel Serrano, la llamó para avisarle que la empresa Ferbas no iba a continuar con el contrato y que se iban a tener que hacer tratos directos “por lo tanto, me pidió que hiciera un análisis presupuestario de si había disponibilidades para contratar”.

Señaló que posteriormente le enviaron los antecedentes de las 3 empresas que se evaluaron por correo electrónico, sin saber que se había invitado a 16 empresas ni que habían ofertado 11 y luego dijo que hubo una reunión en la noche donde dieron diversas opiniones sobre la adjudicación y en la que el entonces director “con las facultades que él tenía, decidió adjudicar el trato directo a las dos empresas que estaban presentes”.

Fue en ese momento en el que el diputado Monsalve le preguntó a la funcionaria de Junaeb si existía un acta de esa reunión, y Moncada señaló que “debería haber una, pero no sé si es así”. De esa forma, los parlamentarios acordaron oficiar a organismo para buscar la referida acta.

Según fuentes consultadas al interior de la Junaeb por este diario, no es usual que se lleve a cabo actas de todas las reuniones, pero tratándose de un asunto tan importante debe o debió haber existido una, sobre todo considerando los montos involucrados y las consecuencias de las decisiones tomadas en la cita que derivaron en una investigación y una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado.

Dicha querella criminal, presentada el 3 de febrero de 2016 por el CDE en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, es contra dos altos exfuncionarios de la Junaeb: José Miguel Serrano Silva, exsecretario general del organismo; y Sebastián Pérez Torrejón, exjefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, por los presuntos delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

Sobre Serrano consigna que “durante su mandato, y abusando de su cargo, intervino en la asignación de Unidades Territoriales, revocando un proceso concursal ya iniciado, declarando desierta una segunda licitación, para, fraudulentamente, generar un trato directo que beneficiara a las empresas Verfrutti S.A y Hendaya S.A”, dice la querella del CDE sobre el rol de Serrano, quien además “habría intervenido por razón de su cargo en la contratación por trato directo con la empresa Hendaya y Verfrutti, favoreciéndolos a pesar de que no representaban las mejores opciones y que esta contratación produjo un perjuicio fiscal aproximado de $5.000.000.000, si se considera la duración de los contratos”.

Consultados por este medio, desde Junaeb indicaron que efectivamente el organismo se comprometió a buscar ese documento con la comisión pero, tal como fue indicado en el oficio, a la fecha dicha acta no ha sido encontrada.

Junaeb presenta requerimiento a la FNE para investigar posible falta a la libre competencia en licitaciones – The Clinic Online

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