codelco A1

En abril de este año, fueron condenados 29 involucrados en el millonario robo de concentrado de cobre de alta ley a la división Salvador de Codelco. En paralelo, se abrió un diferendo en el Centro de Arbitraje de Mediación de Santiago para determinar si Escondida o Codelco es quién debe pagar el perjuicio al Estado que provocó el ilícito, que se extendió entre 2011 y 2014, y que se calcula en al menos US $10,3 millones.

La cadena del robo se iniciaba, según determinó la investigación de la Fiscalía de Diego de Almagro, cuando tras la sustracción de concentrado de cobre de Puerto Coloso, en la región de Antofagasta, éste era comercializado por Minera Escondida a la División El Salvador, que a su vez lo entregaba a la Fundición de Potrerillos.

En ese trayecto, la empresa transportista Santa Marta, que estaba a cargo de llevar los camiones hasta la planta Potrerillos, se desviaba en el sector Las Bombas, ubicado en el kilómetro 1.040 de la Ruta 5 Norte. Aquí ingresaban a una mina abandonada, violaban los seguros y el material era reemplazado por cobre de baja ley. Posteriormente, se llevaba la carga “mala” a la planta Potrerillos de Codelco y, en paralelo, los vehículos con la carga buena se dirigían a la planta de Enami en Copiapó, donde vendían el cobre a nombre de Asiar. En Codelco, siete funcionarios de la empresa contratista “Ingecom”, a cargo de tomar las muestras de cobre, dejaban pasar el material alterado y recibían $1 millón por cada camión analizado que “pasaba” la fiscalización.

El delito fue descubierto por un funcionario de Codelco en febrero de 2014, cuando pidió una contramuestra del material y se inició así la investigación judicial.

Sin embargo, The Clinic Online tuvo acceso a antecedentes que revelan que Codelco tenía en su poder desde agosto de 2013, es decir, seis meses antes de que estallara el escándalo, una auditoría interna que detallaba las falencias en los mecanismos de control en relación a los contratista de Ingecom. A ello se suma que ese mismo año las autoridades de la División fueron informados de una alerta de robo de concentrado de cobre, sin que se tomara ninguna medida al respecto.

El documento es determinante y su contenido no es conocido, ya que en la Comisión Investigadora de la Cámara sólo quedó constancia de la auditoría de Pricewaterhouse de noviembre de 2014, pos crisis, y que concluyó que “las diversas debilidades de control identificadas en el proceso fueron transversales y no salvaguardaron los intereses de la Corporación”.

LA AUDITORÍA

El análisis al que tuvo acceso The Clinic Online revisa específicamente el rol de la contratista Ingecom, cuyos trabajadores estaban a cargo de fiscalizar la calidad del concentrado que se compraba y que eran el eslabón final en la cadena del ilícito.

En 2013, ya se conocía que había un alto riesgo de sustracción de material dado que, según consigna la auditoría “no existe un control independiente al contratista” en los procesos de certificación y “la toma de muestras de concentrado de cobre se realiza en forma manual”. La sugerencias son claras respecto de implementar un proceso de fiscalización que no fue ni siquiera esbozado e instalar un brazo mecánico que empezó a operar recién este año.

Según Codelco, el análisis era sólo técnico y “es importante considerar que esta auditoría está relacionada con la efectividad de los procedimientos industriales de manejo del concentrado pero no tienen una relación directa con el caso de robo de concentrado detectado meses después. Los hallazgos levantados en este proceso de auditoría del año 2013 y la implementación de sus recomendaciones, no se referían a acciones de mejoramiento en los procesos en los que se podría haber advertido el robo de concentrado, ya que el porcentaje de humedad y las tomas de muestra abordados en esta auditoría son etapas de manejo posteriores a las etapas donde se podría haber detectado el delito, que es en la recepción, pesaje y muestreo inicial del contenido de los camiones”.

Sin embargo, según los papeles que pudo revisar este medio, se cuestiona directamente el método de toma de muestras, que es, precisamente, el eslabón que falló en la división y que permitió el hurto por cuatro años de la totalidad de las cargas de 146 camiones, es decir, 4 mil 123 toneladas de concentrado de cobre de alta ley.

“Observamos que el proceso de toma de muestras de concentrado de cobre se realiza en forma manual lo que impacta en precisión y calidad”. Junto con cuestionar “el desgaste físico que significa introducir la sonda manualmente en 20 incrementos de la tolva para aproximadamente 65 camiones diarios en turnos de 12 horas”, se señala que se debe revisar la “factibilidad de instalar un sistema de muestreo automático dejando evidencia escrita y firmada acerca de dicha evaluación y sus respaldos” para evitar que los trabajadores fueran coaptados por externos para modificar los criterios de evaluación, que fue lo que ocurrió.

Además se consigna que se realizó “una visita a terreno el día 24 de Junio de 2013 observando falta de personal en el área de recepción de camiones de concentrado de cobre, esto implica que la labor de muestreo manual de concentrado recae de manera más fuerte de lo habitual sobre trabajadores con turnos de 12 horas, además debido al desgaste físico que significa introducir la sonda manualmente en 20 incrementos de la tolva para un promedio de aproximadamente 65 camiones diarios (anexo N’ 3) la calidad de las muestras se ve mermada ya que el trabajador sin energía no introducirá la sonda con la profundidad necesaria” y se acusa que al solicitar documentación relativa a la entrega de muestras de cátodos a laboratorio químico del día 01 de enero 2013 “se nos informó que no
existe documentación ya que personal Ingecom no se presentó a trabajar (…) Además observamos reiterados reclamos en el libro de obra digital que dicen relación con falta de personal que impartan directamente en la toma de muestras en la refinería”.

La conclusión es que “las evaluaciones al contratista manifiestan preocupación por el bajo desempeño de supervisores y administrador de contrato, poca preocupación por la calidad de vida laboral de sus trabajadores, mantención de una alta tasa de accidentes, rotación de personal y calidad deficiente de los servicios entregados”.

Se señala que “no se han cobrado multas en el periodo de duración del contrato, sin embargo hemos observado que existen ciertos incumplimientos del contratista que ameritan el cobro de multas de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas, retrasos en la entrega de muestras, toma de medidas en los silos de acopio, falta de personal, etc”.

Sobr el control de calidad se detalla que “el muestreo y certificación de humedad del concentrado de cobre es realizado por la empresa Ingecom, este servicio se paga en base al tonelaje de concentrado de cobre ‘seco’ recepcionado, considerando que el material se recibe húmedo se debe aplicar los porcentajes de humedad informados por la empresa contratista para calcular el tonelaje seco y proceder al pago de los servicios”. Se acusa que “no existe un control cruzado acerca de los porcentajes de humedad informados y certificados por Ingecom. Existe el riesgo de que la empresa contratista certifique porcentajes menores de humedad del concentrado para efectos de obtener un mayor beneficio económico en su estado de pago, lo que impactaria en el proceso de secado (mayores costos) y en el proceso comercial, ya sea mediante el pago de más (pagar agua a precio de cobre), o mediante la subvención en el proceso de maquila”.

Luego se efectúa una simulación del impacto en el estado de pago mensual respecto de la variación de la humedad del concentrado de cobre recepcionado, variamos el porcentaje de humedad en un 1% observando, lo que implica pérdidas sólo en este ámbito de alrededor de US$2.000 mensuales, que “sin embargo el efecto en el ámbito comercial podría ser significativo ya sea a través de la compra de concentrado de cobre a terceros o en el proceso de maquila”.

El informe fue entregado a quienes entonces eran las máximas autoridades de la división: Thornas Keller L., Presidente Ejecutivo; Ivan Arriagada, Vicepresidente de Administración y Finanzas; Octavio Araneda, Vicepresidente de Operaciones Centro Sur; Sebastián Trejos, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional; Marcelo Bustos, Gerente de Operaciones División Salvador; Danielle Laport, Gerente de Administración División Salvador; Fernando Gonzalez, Gerente de Fundición Refinería División Salvador; y Cristián Donoso, Director de Abastecimiento División Salvador.

En julio de 2013, además, según consta en correos electrónicos que este medio pudo revisar, Manuel Meriño Zagal, quien se desempeñaba como jefe de Maquinaria pesada y planta de secado -y que fue desvinculado de Codelco- advirtió al entonces jefe del departamento de Protección Industrial, Enrique Álvarez González, de una denuncia sobre la existencia “de un grupo organizado que altera o valida sellos cortados, cambian muestras y aseguran la descarga de material alterado en los estanques”.
Esta advertencia tampoco fue considerada relevante para Codelco Salvador.

EL ACUERDO CON LOS TRABAJADORES

Luego de que estalló el escándalo en Codelco, Manuel Meriño Zagal y Daniel Lecaros Flores, exjefe de Recepción de Concentrados, fueron despedidos de la minera estatal y querellados por el Consejo de Defensa del Estado.

Ambos trabajadores se negaron a firmar el finiquito en que se les acusaba de incumplimiento grave de las obligaciones que imponía su contrato e interpusieron un juicio laboral contra Codelco. Sin embargo, se llegó el 18 de junio de 2015 a un acuerdo de desestimiento que implicó el pago por parte de la minera estatal de $200 millones a los afectados ($120 a Meriño y $80 a Lecaros).

El que Codelco pasara de acusar a Meriño y Larenas a compensarlos económicamente se explica, según Codelco, porque “una vez desvinculados, estos trabajadores interpusieron una demanda laboral por despido injustificado, proceso que culminó mediante una transacción extrajudicial (procedimiento establecido por la ley chilena que faculta a las partes para poner término anticipado a un juicio), pagando así a los demandantes sumas de dinero inferiores a las que se exponía a pagar Codelco en caso de un fallo adverso, considerando que el potencial recargo ante una sentencia laboral desfavorable es de hasta un 80%”.

Meriño tiene otra versión. Asegura que Codelco entendió que hubo un proceder inadecuado del exasesor jurídico de la compañía y actual secretario general de la ANFP, Sebastián Moreno.

“Él nos acusó de alterar el balance metalúrgico y nosotros no teníamos nada que ver con eso. Nosotros hacíamos el traspaso de la carga. Hay gente de Codelco que tiene responsabilidad en el balance metalúrgico y no se ha hecho nada ahí. Moreno articuló toda esta red de mentiras con el afán de salvar a los peces gordos en las negligencias que se cometieron. Además usó Cobresal para no hundirse”, manifestó.

Consultado por el tema, Moreno adujo que “la División Salvador de Codelco junto con sus asesores jurídicos externos fueron bastante activos en perseguir a los culpables del robo de concentrados. Como resultados de las acciones judiciales, se desbarató la banda que se dedicaba a este robo, integrada por un gran número de delincuentes, como consta en los registros de la causa. La adulteración del balance metalúrgico surge de un Informe Técnico, de expertos en la materia, remitido a la Fiscalía. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Meriño, quien se encuentra actualmente formalizado por la Fiscalía y sujeto a medidas cautelares por el tribunal, por su presunto vínculo penal con esos hechos. Eso podría explicar sus afirmaciones”.

Consultado respecto de por qué la división que encabezaba no realizó una denuncia a Fiscalía tras la advertencia de Meriño de julio de 2013, Moreno argumentó que “para poner en marcha el sistema de justicia, se requiere que los hechos a denunciar tengan una precisión mínima. En Codelco todo dato o rumor sobre un posible delito que afecte a la empresa sigue un protocolo de verificación que, por lo demás, no debe afectar las pesquisas ni alertar a los posibles autores del delito. Codelco presentó una querella criminal cuando estimó que correspondía hacerlo. En mi parecer, las condenas decretadas por tribunales en contra de los autores del robo de concentrado que afectó a la empresa permiten afirmar que la actuación de Codelco ante la justicia fue la adecuada”.