Los factores políticos y sociales que facilitaron el Gran Escape

Cuando un 30 de diciembre de 1996 cuatro frentistas se escaparon de la cárcel que pregonaba ser la de más altos estándares de seguridad, los ojos de la sociedad se volcaron a cuestionar cuán real era aquello. Renunció inmediatamente el director de Gendarmería de la época, la encargada de la cartera de Justicia, en ese entonces Soledad Alvear, presentó su carta de retiro del cargo y se designó un ministro en visita para investigar cómo se gestó una de las operaciones de más inteligencia de las que se tenga registro. Que la cárcel nunca fue la más segura, que los gendarmes no actuaron como correspondía y que estaban aliados con los frentistas para facilitar la fuga fueron algunas de las primeras aseveraciones que se hicieron al respecto. Mientras todo esto pasaba, los cuatro frentistas escapaban de Chile buscando refugio político en el extranjero. Hoy ninguno de ellos se encuentra cumpliendo condena en territorio nacional.

La operación Vuelo de Justicia se inicia cuando Raúl Escobar, apodado como “Emilio” dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ingresa a Chile con una identidad falsa. Lo hace así pues mantiene dos órdenes de detención pendientes en su contra y su participación es esencial para empezar a conformar las directrices del escape más cinematográfico que haya vivido el país en toda su historia carcelaria. Pisa tierra nacional en mayo de 1996, momento en que se da el puntapié inicial a la operación. En sus manos estará el núcleo operativo del escape, desde donde nacerán elementos fundamentales como la maqueta a escala del patio tres de la Cárcel de Alta Seguridad y el canasto blindado para recoger a los cuatro frentistas.

Quienes escaparán de la cárcel son Mauricio Hernández, líder del FPMR y más conocido como el Comandante Ramiro; Ricardo “El Negro” Palma; Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz. Sus prontuarios son amplios y en sus cuerpos pesan parte de los atentados más importantes de la época. El secuestro a Cristián Edwards, hijo del dueño de El Mercurio, el asesinato del General Fontaine, fundador del OS-9 de Carabineros, y su bandera de lucha más importante: el asesinato de Jaime Guzmán fuera del Campus Oriente de la Universidad Católica. Se cree que fue planeado desde 1980 y se concretó en abril de 1991. Con esto, Palma, quien fuera uno de los ejecutores en compañía con “Emilio”, recibió cadena perpetua.

La figura de los personajes argentinos es fundamental para despistar a la justicia. Luis Carlos Distéfano, del cual aún no se conoce su verdadera identidad, viene a hacerse cargo del plan de distracción en torno a la operación, al igual que las hermanas Frances y Christine Shannon, de origen irlandés y miembros del brazo político IRA. Rapel será el sector geográfico eje de la planificación estratégica para organizar la fuga, en donde arriendan una cabaña por cerca de un mes, sin levantar sospecha de ningún vecino ni policías. Estos factores, además del helicóptero que arriendan, son piezas fundamentales para romper la seguridad del recinto que alberga a los miembros del FPMR.

La Cárcel de Alta Seguridad se pensó como el recinto menos infranqueable. Estaba destinado a la prisión de los reos más peligrosos de toda índole. Entre ellos, a miembros de grupos armados como los frentistas. Claudio Martínez, arquitecto de profesión de la Universidad de Chile, fue uno de los encargados de importar la idea de dicho recinto. Viajó a países como Inglaterra y España con la intención de traer el mejor compilado de ideas a Chile y comenzar su construcción. Celdas individuales, un locutorio para la comunicación, cámaras de seguridad, escuchas a las conversaciones, sensores entre las paredes para calcular cualquier movimiento y prohibición de visitas conyugales. Así eran las características iniciales de la CAS, las que llegaron a concretarse en términos estructurales, pero muy diferente en la práctica.

CAS: La realidad que provocó el escape

Cuando se construyó la cárcel no se tenía previsto la posibilidad de un escape aéreo. Si se pensó en posibles fugas, nunca fueron por el aire. Todos los refuerzos y medidas de seguridad que se tomaron fueron para prevenirlo de manera territorial, de los que ya se tenían antecedentes en el país y ya tenían cierta experiencia en el tema. Antes de la Operación Vuelo de Justicia, dos de los cuatro frentistas que se fugaron el 30 de diciembre (Ortiz y Muñoz) ya lo habían intentado. Experimentaron escalando los muros del recinto, pero no tuvieron éxito, fueron interceptados por funcionarios de la institución y devueltos a sus celdas.
La cárcel era dura. Era fría. Era solitaria. Pero sólo en un comienzo. Cuando se construyó era de alta seguridad y con el transcurso de los años se adormeció. En la época de la transición distintas presiones mediáticas, sociales e institucionales recriminaban el uso de esta. No concebían que existiera un recinto penitenciario así. Uno creado para ser duro. Desde el mundo de la derecha se sumaron a estas recriminaciones en una especie de tregua social. Nadie quería recordar el pasado militar en Chile y menos hacerlo público. Se comenzó realizando huelgas de hambre de los presos al interior del recinto. Afuera sus familiares los apoyaron con la misma causa, generando una presión social que sólo incrementaba.

Distintas organizaciones promotoras de los derechos humanos también se vieron envueltas en esta lucha contra la Penitenciaria, llevando todas las críticas de los familiares y sus peticiones hasta la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del momento. Claudio Martínez, quien fuera director de Gendarmería desde 1993 a 1997, decidido asegura que el gobierno no tuvo la fuerza suficiente para tomar el control sobre la situación y “siempre terminaban negociando algo y así, hasta que se cedió”, señala. Unánimemente se criticaba el régimen estricto del recinto, situación que derivó en la firma de una carta que condenaba este penal. “Ese día, para mi gusto, se abrió las puertas para la fuga”, agrega. Todo este conflicto pasaba mientras en Rapel ya estaban alistando todo para rescatar a los frentistas.
Lo anterior derivó en la disminución de la rigurosidad dentro del penal. El locutorio, que permite las visitas controladas por intercomunicadores entre reos y familiares o abogados, dejó de utilizarse. Las celdas individuales no cumplieron su misión de aislar a los presos más peligrosos, pues en los patios se les permitía tener conexión directa entre ellos y pasaban la mayor parte del tiempo allí. Los miembros del FPMR y del grupo Lautaro mantenían reuniones políticas en sus tiempos libres. El objetivo de no propagar las ideologías entre ellos y los demás prisioneros no se podía controlar. Además, se flexibilizaron las medidas con respecto a las visitas y se permitió que hubiese visitas conyugales, instancia que se cree fue la de mayor traspaso de información con el exterior.

¿Gendarmes responsables?

Los primeros en ser sindicados como responsables de la fuga de los frentistas fueron los gendarmes, funcionarios a cargo de la población penal y de la seguridad del recinto. Se dijo que podrían haber repelido la operación o, por lo menos, haber desestabilizado el helicóptero para prohibir su ascenso. Las opiniones al respecto son variadas, pero lo cierto es que la investigación, encabezada por el juez Lamberto Cisternas, dejó libre de culpas los funcionarios penitenciarios por no encontrar responsabilidad en ellos en la operación, sino que solo negligencia. Sin embargo, sus opiniones al día de hoy discrepan con dicho fallo. Para él, esta emergencia se podría haber evitado si los sensores estaban activos y habrían encendido alarmas. Agrega, además, que de haber existido un armamento apropiado en manos de los gendarmes el resultado podría haber cambiado sustancialmente.
Claudio Martínez, por su parte, exculpa de toda responsabilidad a los trabajadores que estaban a su cargo en esa época. Recuerda sus años de servicio y asegura que sólo hay facultades para disparar en la llamada “zona de fuego”, cordón exterior a las celdas. “Es muy raro que un gendarme entre armado al interior de la cárcel, porque le pueden quitar las armas”, comenta. Ese 30 de diciembre los gendarmes efectivamente reaccionaron ante los hechos, pero el armamento que se ocupa en los recintos penitenciarios (todos de tipo uzi) no se compara con el armamento de guerra que estaba en manos de los frentistas. “Tiempo para reaccionar casi no hubo. Entró el helicóptero, disparó al edificio y luego a las garitas”, cuenta Martínez, sucesión de hechos que concluyó en 58 segundos.
En una reflexión 20 años después de ocurridos los hechos Lamberto Cisternas, quien se cuestiona que aún se conmemore este suceso, asegura que la operación Vuelo de Justicia fue perfecta. “Probablemente tiene más de una pifia y nosotros no supimos reaccionar como país, como Gendarmería o Policía de Investigaciones, pero fuimos bastante eficaces”, cuenta el abogado, para agregar que todo fue muy pensado y que el factor sorpresa que provocó el hecho les favoreció en el éxito de la fuga. Misma percepción comparte Martínez, quien adjudica la fuga a lo inesperado de los hechos, aunque no le resta importancia a la inteligencia y preparación que tuvo el grupo.

Presos sin delitos

De lo anterior se abre una arista importante dentro de las cárceles. Trabajar al interior de un recinto penitenciario requiere esfuerzo. Para muchos quizás sea uno sobrehumano. Hay motines, riñas y amenazas contra los funcionarios del lugar. El día a día no se resuelve fácilmente para ellos. Se relacionan con los presos en todo momento y, en algunas ocasiones, se les olvida que ellos no lo son. No logran trazar esa línea y terminan afectados por todo lo que ven durante el trabajo. Juan Carlos Orellana, Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) ha trabajado durante 30 años con los internos de manera directa siendo gendarme. Menciona que hoy no se sabe si se saldrá vivo al entrar a una cárcel chilena, debido a la poca seguridad que tienen ellos como trabajadores.

“Uno cuando hace un análisis y ve la realidad carcelaria, ve la conducta y cultura de nuestros compañeros de trabajo, se está 30 años presos. Estando 30 años presos y que el Estado chileno no se preocupe por la capacitación de los funcionarios de Gendarmería (…) uno adopta la mirada del interno”, cuenta Orellana, lamentando la situación que viven sus colegas y que padeció él mismo.
Los turnos son uno de los tantos problemas que viven dentro. Juan Carlos Orellana comenta que muchas veces se deben tomar ocho días trabajados por uno libre, comenzando con turnos de cuatro horas en las garitas o torres de vigilancia. Más que ser duro estar en ellas, es una actividad solitaria y que requiere mucha viveza estando ahí. Son solo cuatro e implica cuidar todo el recinto. “Muchas veces se pierde el contacto con la sociedad. Muchos funcionarios de Gendarmería ni siquiera tienen idea de lo que está pasando con la contingencia actual”. Además, agrega que no es posible que seis o siete trabajadores deban dormir hacinados en habitaciones que son para dos o tres personas, de la misma manera que duermen los internos. “Siempre se ve el tema de respetar los derechos humanos de los funcionarios, pero el Estado chileno es el que menos los respeta”, declara.
Una visión distinta tiene Claudio Martínez, quien sorprendido declaró que “siempre han sido súper hábiles para victimizarse frente a la opinión pública, pero los sueldos que ganan son bastante buenos”. Mientras sonríe por la situación, agrega que ellos cuentan con los beneficios de ser parte de la administración pública y ser parte de un sistema de previsión antigua. Sin embargo, comparte la visión de que es un servicio sobrepasado. Cuando se retiró de la institución, había 25 mil presos y hoy hay cerca de 50 mil, manteniendo la misma cantidad de funcionarios.
El alto nivel de violencia, para Orellana, lo ha mantenido con temor en distintos momentos de su vida. Relata que hay bandas organizadas, carteles de narcotráfico y que para ellos es mucho más importante tener en sus manos un teléfono que un estoque, para realizar amenazas a familiares de funcionarios y sus transacciones de dinero. Cisternas confirma esta situación, agregando que los presos más complicados y peligrosos tratan de tener controlados a los funcionarios manteniendo vigilada a sus familias fuera del recinto, sabiendo dónde viven y todos los movimientos que hacen, haciéndoselo saber a los gendarmes y así crear un clima de tensión en los recintos.

Reacciones tras el escape

Una vez que Martínez renunció a su cargo, asumió Mario Morales, ex general de Carabineros. Según declaraciones del ex director, quien lo reemplazó no llegó con una actitud de orden sino más bien conciliadora, que dejara tranquilos a los reos más que a la población penal en su totalidad. Su primera acción fue demoler el locutorio y negoció con los presos las condiciones de sobrevivencia en la cárcel. “No quería tener ningún problema. Pasó a ser una cárcel común”, se lamenta Martínez. Pero un cambio inmediato en todos los recintos penitenciarios del país fue la prohibición de sobrevolar a una distancia de ocho kilómetros del perímetro del recinto.

El tiempo, sin embargo, le dio la razón. El proyecto inicial de la Cárcel de Alta Seguridad contemplaba la instalación de mallas en la parte superior de los techos. Cuando se descartó esta opción, se respaldaron en la nula existencia de antecedentes de fugas o problemas vía cielo que los hiciera titubear y en las agitadas manifestaciones que se estaban produciendo de parte de organizaciones y familiares con respecto a la crudeza del recinto. Pasado algún tiempo del escape, se decidió instalar de forma definitiva una barrera que no permitiera el contacto directo por la vía aérea. Además, volvieron a construir el locutorio, pero Hernández, Ortiz, Muñoz y Palma ya estaban fuera del país.