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Nacional

17 de Julio de 2017

El negocio de Bancard S.A con la minera dueña del yacimiento donde murieron dos trabajadores en Chile Chico

En marzo de 2011, comenzando el segundo año de mandato del candidato presidencial de Chile Vamos, Sernageomin aprobó la explotación en la mina Delia NW, el yacimiento que se inundó hace cinco semanas con dos trabajadores en su interior. Un año después, en noviembre de 2012, uno de los vehículos financieros del family office de Piñera, Inversiones Bancard S.A., le vendió a la compañía minera un predio de 662 hectáreas, ubicada en el mismo sector. Nicolás Noguera, gerente general de Bancard, señaló que la operación "fue completamente normal, se trató exclusivamente de la venta de un activo inmobiliario, a valor de mercado y cumpliendo estrictamente la legislación vigente".

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El 7 de noviembre del año 2012, casi dos años después de que Sernageomin autorizará la explotación de oro y plata en la mina Delia NW -yacimiento donde quedaron atrapados dos trabajadores el 9 de junio pasado en Aysén- una de las empresas del entonces presidente Sebastián Piñera le vendió un terreno adyacente a la compañía minera.

Así consta en los documentos a los que accedió The Clinic Online, que muestran cómo durante el mandato del hoy candidato presidencial de Chile Vamos, Compañía Minera Cerro Bayo Limitada obtuvo los permisos para echar a andar su proyecto minero y casi dos años después le compró a Inversiones Bancard S.A. -una empresa que pertenece en un 50% al family office del expresidente-, un terreno contiguo de 662 hectáreas.

Según los papeles, la filial chilena de Mandalay Resources, multinacional canadiense dueña del yacimiento en Chile Chico y otras dos minas en Chile, firmó una promesa de compraventa del predio con Bancard S.A. un año después de que el Servicio Nacional de Geología y Minería aprobara la operación del proyecto minero.

Si bien ese terreno no es exactamente el lugar donde se ubica la mina subterránea Delia NW, el loteo es parte del mismo complejo minero y es contiguo al camino público que lleva hacia el sitio donde hace cinco semanas los mineros Jorge Sánchez y Enrique Ojeda quedaron atrapados tras una inundación.

Los Diamantes

El 16 de junio pasado, a una semana del accidente en la mina, Sebastián Piñera se refirió a la situación de los mineros Sánchez y Ojeda en radio Infinita, criticando la lentitud del gobierno ante el accidente y señalando que nadie le había pedido ayuda para el rescate.

“Nadie me ha llamado ni pedido consejos o ayuda. Yo aprendí fuertemente cuáles son las claves en casos de accidentes dramáticos como el de los 33 mineros y ahora, el de los 2 mineros de Aysén. Lo primero, es que no hay que perder un segundo. Yo creo que aquí al principio se reaccionó lento. Segundo, que hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance. Hay que golpear todas las puertas, hay que pedir toda la ayuda que sea necesaria”, dijo Piñera en una entrevista con Radio Infinita.

Lo que no mencionó el exmandatario es que parte del terreno donde opera el complejo minero fue de su propiedad y que los permisos para explotar se dieron durante su administración. Según señala la resolución exenta 644 de ese organismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) aprobó el proyecto “Ampliación proyecto Dagny” el 22 de marzo de 2011. Con él se permitió la creación de la mina subterránea Delia NW, que contemplaba reservas y recursos mineros estimados en 413 mil toneladas de plata y oro.

El texto, al que también accedió The Clinic Online, señala que su vida útil era de 4 años -es decir, a terminar en 2015- y detalla las características de su operación, incluidas las dimensiones de salidas de emergencia y de un refugio móvil en caso de accidentes como el que la afectó la primera semana de junio.

Dichos papeles fueron firmados por el entonces director nacional de Sernageomin, Enrique Valdivieso Valdés, quien al año siguiente renunció para asumir como gerente general de Enami. En esa época el ministerio de Minería, superior jerárquico de Sernageomin, era Laurence Golborne, formalizado por delitos tributarios; y el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, formalizado por lavado de activos, delitos tributarios y cohecho.

Posteriormente, el 13 de marzo de 2012, Mandalay Resources (Chile) SpA -filial chilena de la multinacional canadiense- firmó el contrato de compraventa con Inversiones Bancard S.A. por el lote “Los Diamantes”, que constaba de 700 hectáreas a un costado del Lago General Carrera.

Luego, en junio de 2012, Bancard S.A. subdividió el terreno en dos partes: un terreno de 662,24 hectáreas denominado Lote A y otro de 33,35 hectáreas denominado Lote B. Ambos están separados por un camino público.

Y cinco meses después, en noviembre de 2012, Inversiones Bancard S.A. le vendió el Lote A a Mandalay Resources (Chile) SpA, por 181.012.500 pesos. Un negocio que se concretó entre Ronald Luethe como representante legal de la minera y Nicolás Noguera Correa, cabeza del family office del exmandatario, por Bancard S.A.

En ese momento el predio pasó a ser parte del complejo minero de la multinacional canadiense. Actualmente el terreno es propiedad de la empresa Compañía Minera Cerro Bayo Limitada, subsidiaria de Mandalay Resources y responsable de la operación de la mina Delia NW.

Pero el terreno tiene además una historia anterior a Bancard. Según el registro de compraventa del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, ese predio -las 662 hectáreas de la minera más los 33 del lote que aún pertenecen a Bancard S.A.- fueron anteriormente propiedad de la empresa Servicios Las Condes S.A., compañía que fue “absorbida” por Inversiones Bancard S.A. en 1995.

Según la escritura pública legalizada en la Octava Notaría de Santiago el 18 de abril de 1995, dicha compañía fue integrada a Inversiones Bancard S.A. junto a otras tres empresas: Promotora de Negocios S.A., Comdisa S.A. y Servicios Turísticos S.A.

El documento señala que en la junta extraordinaria de accionistas en la que se tomó esa decisión comparecieron como representantes de Inversiones Bancard S.A. los empresarios Juan José Cueto Plaza, parte de la familia accionista de Latam Airlines; Gustavo Javier Valdés Valenzuela, cuñado de Sebastián Piñera; y Carlos Eugenio Mackenney Urzúa, abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Lo curioso es que los mismos tres ejecutivos antes nombrados aparecen al mismo tiempo como accionistas representantes de las cuatro empresas “absorbidas”, con una sola excepción: en Servicios Turísticos S.A., además de los tres empresarios, figura Cecilia Morel Montes, esposa del candidato presidencial de la centroderecha.

A su vez, Valdés, Cueto y Mackenney también aparecen como representantes de las empresas accionistas de Inversiones Bancard S.A., entre ellas Inversiones Santa Cecilia S.A., Inversiones Tulum Ltda., Inversiones Portofino, Inversiones Costa Verde, Importadora y Exportadora Invermex S.A., Inversiones y Servicios Los Andes Ltda., y Promotora de Negocios S.A.

Un artículo de Ciper llamado “Las ’empresas zombis’ que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos” da cuenta de la “pérdida tributaria de arrastre” que tuvo Inversiones Bancard S.A. con la absorción de empresas como las antes identificadas.

Si bien ese mismo reportaje señala que el SII no logró determinar si se utilizaron para rebajar impuestos porque no estuvo entre las compañías investigadas en 2004, sí señala que fueron parte de las fusiones y disoluciones que llevó adelante el family office del expresidente a mediados de los 90.

Operación normal

Consultados por la venta del terreno, desde Bancard señalaron que el predio efectivamente fue adquirido en 1989 por una sociedad que, luego de varias modificaciones, se fusionó con la sociedad denominada Inversiones Bancard S.A. en 1995.

Según explicó Nicolás Noguera, gerente general de Bancard, a The Clinic Online “a fines de 2011, Mandalay Resources Chile, que desarrollaba operaciones mineras en la zona donde se encuentra el terreno, se acercó a la empresa propietaria con la intención de constituir una servidumbre o adquirir el inmueble referido, por estar éste contiguo a sus faenas. En enero de 2012 dicha empresa indicó que, de no acordarse la venta del inmueble o una servidumbre voluntaria, procedería a requerir la servidumbre legal correspondiente por la vía judicial”.

Posteriormente, Bancard suscribió una promesa de compraventa, condicionando la venta a una previa subdivisión del inmueble. Eso ocurrió finalmente en octubre de 2012 por un precio de $181.912.500, a un valor aproximado de $275.000 por hectárea.

“La operación descrita se realizó en condiciones de mercado y ante el requerimiento e interés expreso de Mandalay Resources Chile, que según nuestros antecedentes contaba con concesiones mineras en la zona. El único trámite realizado por Inversiones Bancard S.A. ante autoridades administrativas fue la subdivisión del predio en tres lotes. La relación de Inversiones Bancard S.A. con el comprador se limitó a dicha operación, sin mediar interacción alguna anterior o posterior a dicha operación”, dijo Noguera.

“En conclusión, la operación por la cual se nos consulta fue completamente normal, se trató exclusivamente de la venta de un activo inmobiliario, a valor de mercado y cumpliendo estrictamente la legislación vigente en este tipo de transacciones”, señaló, agregando que Inversiones Bancard Sociedad Anónima es una sociedad distinta a Bancard Inversiones Limitada, que no tiene movimiento hace varios años y que pertenece “en un 50% a empresas del grupo Bancard y en un 50% a accionistas no relacionados con dicho grupo”.

En tanto, el exdirector nacional de Sernageomin, Enrique Valdivieso, dijo que el servicio “es una entidad muy técnica y como tal, lo que aprueba o no aprueba es revisar, llevar el archivo de la propiedad minera y se va registrando que no haya superposición”.

Según el exdirector, la aprobación de un proyecto “no toma una semana o un mes para relacionarlo con mi llegada. Este proyecto venía de antes y estas personas venían trabajando en Sernageomin desde hace mucho tiempo, antes de que cambiara en 1980”.

Finalmente, consultado por las autoridades del ministerio de minería en esa época, Valdivieso señala que “yo no relaciono absolutamente nada de eso. En mi caso, yo entré por ADP y estoy muy satisfecho de la gestión que realizamos tanto en Sernageomin como en Enami posteriormente”.

A su vez, este diario se comunicó con Sernageomin para obtener información sobre la operación y permisos de la mina Delia NW, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición dado que la investigación iniciada luego del accidente de los mineros sigue en curso.

No sigue la búsqueda

Tras el accidente que dejó atrapados a los mineros Jorge Sánchez y Enrique Ojeda, la minera Cerro Bayo ha mantenido detenida sus operaciones y comenzó a colaborar en las labores de búsqueda. El pasado 27 de junio finalmente la empresa comunicó oficialmente que no existía posibilidad de encontrar con vida a sus trabajadores. Pero los trabajos continuaron.

Sin embargo, el miércoles pasado Sernageomin señaló que agotaron todas las posibilidades geocientíficas para tratar de rescatar cuerpos o equipos.

“En definitiva, el sondaje número 16 marca el término de la etapa de estas operaciones, debido a que ya se estableció claramente el patrón de inundación que sufrió la mina Delia, el yacimiento se encuentra completamente inundado y no existen a ojos del Sernageomin o basados en aspectos técnicos, alternativas de cavidades con aire u oxígeno, en donde hubieran posibilidades de sobrevivencia. Es precisamente por eso, que termina la etapa de perforación de sondajes”, dijo Omár Cortés, subdirector de Sernageomin.

A esto se sumó la comunicación de la empresa de no contar con más recursos para continuar buscando a sus trabajadores, lo que provocó la ira de los familiares en Chile Chico. Sin embargo, el abogado de los familiares de las víctimas, Francisco Paredes, señala que ni Sernageomin ni la empresa minera pueden determinar oficialmente la muerte de los mineros, por lo que es necesario continuar con los sondajes hasta dar con sus cuerpos.

Este domingo el sindicato de trabajadores de la minera Cerro Bayo llamó a protestar “a nivel nacional” por la medida el próximo jueves 20 de julio a las 13:00 horas en Coyhaique y exigir que los trabajos continúen hasta recuperar los cuerpos.

Cerro Bayo, la mina ubicada en Chile Chico que se inundó el 9 de junio pasado con dos trabajadores en faenas, es una de las tres minas en Chile de la compañía canadiense Mandalay Resources. Los otros dos yacimientos son Challacollo, ubicada en la región de Tarapacá, y La Quebrada, en la región de Coquimbo. A ellas se suman Costerfield, en Australia, y Bjôrkdal, en Suecia.

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