Fue en 2012 cuando el Movilh presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado chileno en 2012 por denegación del matrimonio igualitario. Esto derivó que, en 2016, Chile adoptara tres compromisos en esta materia: impulsar un proceso de discusión pública al respecto; ingresar a tramitación legislativa un proyecto; y “adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

Sin embargo, a dos años de que se acordaran esos puntos, el Movilh ha acusado un incumplimiento sobre todo del compromiso número tres.

El pasado 2 de octubre, según consigna La Tercera, se reunieron en Estados Unidos tanto los abogados del Movilh como representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería.

En esa instancia, el gobierno de Sebastián Piñera se aseguró a través de una minuta: “El Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Además, en la minuta se agrega que el gobierno no podría haberse obligado a una acción que compromete a otro poder del Estado.”El Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo de solución amistosa, comprometer al Congreso a aprobar un proyecto de ley. Lo contrario sería atentar contra el principio constitucional de separación de poderes.

Por otro lado, la Presidenta Michelle Bachelet no podría haber obligado a su sucesor, a través un acuerdo de solución amistosa, a promover activamente y obtener la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley sobre materias en la que existen naturales diferencias de opinión”, explica el texto.