Llevamos cerca de dos décadas de un sostenido deterioro de la legitimidad y confianza del conjunto de las instituciones. Las más afectadas han sido, sin duda, las instituciones políticas, como los partidos y el Congreso; pero esta ola de descrédito ha ido minando también la reputación de otras que parecían impermeables, como Carabineros y la Iglesia Católica.

Prácticas que en el pasado se entendían normales o simplemente no se conocían, hoy ya no son toleradas por una ciudadanía más informada, consciente de sus derechos y contraria a cualquier clase de abuso. El lado luminoso de este proceso es que tanto las instituciones como sus dirigente han debido corregir paulatinamente estas prácticas y actualizar sus normas. Como todo cambio cultural, no ha estado exento de resistencias e incomprensión. En este marco, luego de la profunda crisis política derivada de los casos de corrupción, el Gobierno de la Presidenta Bachelet llevó adelante una importante reforma a los partidos políticos, que es muy exigente y neutraliza la relación entre la política y el dinero.

Con todo, hay algunas materias que esta reforma no alcanzó a cubrir suficientemente y que es urgente afrontar. El financiamiento de los partidos políticos es una política correcta, pues se trata de un bien público relevante, pero supone riesgos si la norma no es capaz de asegurar el buen uso de los recursos públicos y si los ciudadanos que han decidido ser parte de un partido político no tienen el suficiente control sobre la acción de sus dirigentes. Debe garantizarse la trazabilidad de cada peso que el Estado invierte en la acción política.

Por ello, junto a otros diputados, hemos propuesto una nueva reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que se pone en lado opuesto de quienes piensan que la actual ley es una cortapisa a la autonomía de los partidos: por el contrario, lo que necesitamos es más transparencia y control por parte de los propios militantes, y en lo que competa al Estado, para aumentar los niveles de acceso a una información completa, detallada y clara; contar con una mayor y más precisa regulación respecto del uso de los recursos públicos, incluyendo posibles conflictos de interés, prohibición de contratos entre partes relacionadas, transparencia y registro de proveedores remuneraciones de dirigentes; sistema de adquisiciones y licitaciones públicas; entre otras materias.

Por otra parte, y a la luz de hechos recientes que dan cuenta de procesos electorales cuestionados en varios partidos políticos en menos de 12 meses, parece pertinente perfeccionar y completar la regulación de las elecciones internas de los partidos, entregando el control del proceso al Servel y no solamente asignarle el rol de supervisor cuando sea requerido por el partido; regulando y nivelando la competencia interna y las campañas tanto en lo relativo a la transparencia del financiamiento de las mismas, el acceso en condiciones equitativas a las actividades y redes partidarias para todos los candidatos; entre otras. Asimismo, cabe eliminar las barreras que la actual ley de Partidos Políticos impone para recurrir al Tricel o al Servel en ciertos casos ante resoluciones de los tribunales supremos partidarios.

La democracia y sus instituciones enfrentan un grave riesgo en el mundo, Latinoamérica y en Chile. La aparición de liderazgos populistas de distinto signo, que se alzan con un discurso fácil, tienen en común rasgos autoritarios. Y se alimentan del desgaste y errores que ha cometido la política tradicional. Por ello, el perfeccionamiento permanente de nuestras instituciones, especialmente las políticas, en la línea de generar más transparencia, mayor control y más capacidad de escrutinio público, no es solamente necesario, sino urgente.