Joaquín Castillo V.

Subdirector IES / @jcastillovial

 

Conocí los detalles de la historia de Anita González por la novela Chilean electric, de Nona Fernández. Había escuchado su nombre por su papel en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero el relato de Fernández, donde ella es un personaje secundario, me hizo conocer —desde una clave más íntima y menos institucional— algunos detalles de la historia de esa mujer cuyo esposo, hijos y nuera embarazada desaparecieron en manos de la DINA durante la dictadura. Su nieto, de dos años, fue abandonado frente a su casa al día siguiente de ser detenido junto a sus padres. El pasado viernes, después de más de cuatro décadas de incansable búsqueda y de haberse convertido en un ícono de las vinculadas a los derechos humanos, Anita González murió sin saber el paradero de sus seres queridos.

La dimensión desconocida, otra novela de Nona Fernández, también ocupa la ficción para abordar nuestro pasado reciente. Cuenta la historia de Andrés Valenzuela, agente de los organismos de seguridad del régimen que, luego de diez años de trabajo, deserta y entrega su testimonio a la periodista Mónica González, de la revista opositora Cauce. El relato que hace Fernández es vertiginoso: un miembro de la FACH que, involucrado durante más de una década en casos de torturas y desapariciones, no quiere seguir viviendo en la cloaca de violencia, crimen y maldad en que terminó involucrado sin demasiada conciencia. Cuenta cómo, luego de entrar a la Fuerza Aérea para cumplir con el servicio militar, fue adquiriendo poco a poco responsabilidades dentro del sistema represivo; pero también como, al recorrer ese camino, su conciencia se fue acallando progresivamente. Después de haber entregado su testimonio, la Vicaría de la Solidaridad —el mismo organismo que ayudaba a Anita González en la búsqueda de los suyos— se encargó de proteger a Valenzuela y buscarle asilo en el extranjero. Escapó así, con una identidad falsa, logrando sortear la persecución de sus antiguos camaradas. De más está decir que la traición a los organismos de seguridad se pagaba con la muerte.

La historia de Anita González y de Andrés Valenzuela no se topan directamente, pero la información entregada por él, publicada en Chile en 1985, fue fundamental para muchas familias que lograron encontrar la verdad y cerrar procesos demasiado largos. Como parte del mundo ficcional de Nona Fernández, el antiguo agente, hastiado y envenenado por su experiencia, queda en un espacio gris: es actor, pero también una víctima de la violencia, y en esa zona intermedia reside toda su complejidad como personaje de aquellos episodios que no dejan de habitar nuestro presente. Además, su relato puede comprenderse como el comienzo de una redención: entrega datos concretos de nombres, lugares y prácticas que ayudan a llenar los espacios en blanco que la Vicaría, a través de los fragmentos recogidos, no había alcanzado a completar.

Las novelas de Nona Fernández y la reciente muerte de Anita González me hicieron recordar uno de los episodios más ásperos de la transición chilena: la discusión, entre junio y agosto de 1993, de una fórmula legal que destrabara parte de los juicios pendientes en materia de derechos humanos. Uno de los elementos centrales de aquel proyecto era la posibilidad de recabar información manteniendo el secreto de los informantes: había noción de la urgencia por cerrar esas heridas tan profundas de miles de familias, y se buscaba incentivar la entrega de datos concretos. Algo que puede parecer insólito hoy en día, pero que ha estado presente en otros procesos transicionales. El proyecto chileno, sin embargo, no dejaba de ser polémico. Consideraba la designación de ministros en visita militares —quienes habían sobreseído casos bastante graves— y la aplicación de la ley de amnistía, factores que llevaron a que el PS y el PPD rechazaran el proyecto.

La reciente conmemoración de los 45 años del golpe y 30 del plebiscito dejaron claro que, en nuestro país, el pasado sigue siendo objeto de disputa, mientras familiares de los desaparecidos y otras víctimas de delitos de los derechos humanos, como Anita González, seguirán sin saber la verdad. No hemos sido capaces de generar las condiciones para que aparezcan otros Andrés Valenzuela anónimos, capaces de abandonar una mal comprendida lealtad en pos de que sepamos qué pasó con tantos compatriotas. La fragilidad de la transición hizo fracasar un proyecto concreto que pudo haber sido legítimamente cuestionado, pero borró también del horizonte político la urgencia por saber una verdad que, mientras más tiempo pasa, más se aleja.