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Nacional

23 de Enero de 2019

Crisis obstétrica en Chile: El “derecho” a violentar a la mujer que va a parir

La violencia obstétrica no es novedad: existe y siempre ha existido, desde antes que se definiera el término. La discusión se concentró durante mucho tiempo en el concepto más que en el fondo y mientras eso pasaba, las mujeres seguían siendo violentadas. Es un tipo de violencia de género, que hoy no se debe permitir.

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Natalia Páez (22) fue mamá por primera vez el 2016 en el Hospital Luis Tisné. Tuvo un embarazo sano, monitoreado y su guagua estaba en perfectas condiciones. Junto a su pareja asistió a un taller de preparación al parto y estaban en conocimiento de todas las posibilidades que podían ocurrir. Ella optó por un parto normal.

Sylvana tuvo a su primera hija el 2012 en la Clínica Tabancura con un doctor de la Clínica Alemana, de quien había recibido muy buenos comentarios, y en quien confiaba de manera plena. Su embarazo fue bueno y pudo conocer a la matrona que la atendió previamente, para aumentar su tranquilidad y la de su pareja.

Ángela tuvo a su primera hija en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. No tuvo mayor inconvenientes: una diabetes gestacional, que estaba controlada, por lo que debía parir antes de las 40 semanas con un parto inducido.

Su ginecóloga le sugirió una cesárea pero ella prefirió el parto normal.

La violencia hacia las mujeres en el ámbito de la salud es común y tiene diferentes aristas: se da en ámbitos de especialidades variadas, tanto en las consultas ginecológicas como en la atención obstétrica.

Si bien la violencia durante el embarazo, el parto y post parto es una forma de violencia de género, no existe un acuerdo respecto de la definición del concepto violencia obstétrica ni mucho menos de sus repercusiones.

El término se acuñó y se aceptó por primera vez en el Congreso de Matronas y Matrones, en la ciudad de Temuco, el año 2014. Además, diferentes organizaciones de la sociedad civil hacen referencia a un conjunto de prácticas en los cuales los equipos médicos -integrados por ginecólogas/os, matrona/es y otros especialistas en caso de que sean necesarios- son cuestionados por los actos que causan daño psicológico y/o físico a las mujeres que se encuentran embarazadas, pariendo o en puerperio.

Desde el Colegio de Matronas y Matrones de Chile defienden la postura gremial frente a las iniciativas parlamentarias, de organizaciones y de movimientos sociales, afirmando que la violencia no se da sólo en el ámbito obstétrico.

Anita Román, presidenta de dicho Colegio, quien no accedió a dar una entrevista a The Clinic, dijo en un comunicado de prensa que “el sistema de salud ya es violento”, y sostuvo que “no creemos necesaria una ley existiendo ya mecanismos para defender los derechos de la paciente”.

“Te dejamos en buenas manos”

“Llegue a la urgencia de maternidad un domingo a las 9 am. Iba con mi doula (mujer que brinda apoyo emocional durante el embarazo, el parto y el post parto)”, contó Natalia. Insistieron en realizarle una cesárea, pero ella se negó porque su doctor le había dicho que no había ningún problema con realizarle un parto vaginal.

Desde la organización Parir-Nos, Natasha Toledo nos afirmó que muchas mujeres en Chile, ya sea en el ámbito público o privado, sufren violencia obstétrica. Al hablar de la cesárea injustificada señaló que “el negocio del nacimiento es un tema complejo porque se juegan la vida y la salud de mujeres y niños, sometiendolos a prácticas que aumentan el riesgo de mortalidad o pueden traer consecuencias de salud graves para los bebés. Acá se manipula la información para llevar a las mujeres a someterse a una cesárea que no siempre se justifica pero que si conviene para el bolsillo de los doctores”.

A las 21 horas, 12 horas después de haber llegado al hospital, a Natalia le empezaron a inducir el parto y le administraron un cuarto de misoprostol. “Me dijeron que esto se hacía porque no era bueno que ya estuviera en la semana 41, pero no hubo indicio ni de envejecimiento de la placenta ni de envejecimiento fetal”, cuenta. Cuando se administra este medicamento, por procedimiento deben amarrar a la mujer a la cama con el monitor de la guagua, por lo que no pueden caminar ni tener movimiento.

Natalia cuenta que después de un rato le pusieron más dosis de misoprostol y a la última le avisaron que le iban a separar las membranas a modo de “ayuda”. “Yo sabía lo que era porque me había informado. En el momento estaba la doctora y alrededor tres practicantes en la sala de parto. Todas me hicieron tacto sin avisarme ni pedirme permiso. Fue una matrona quien me rompió las membranas”, confesó.

En su jornada pre parto hubo cambio de turno y se quedó con Natalia una matrona distinta a la anterior: Anita Román. “La matrona anterior me dijo que me dejaba en las mejores manos, que estuviera tranquila y que era un afortunada de atenderme con ella”.

Prácticas obsoletas

Para Sylvana, el momento del nacimiento de su primera hija fue “un calvario. Lo peor que he vivido en mi vida en cuanto a dolor”. Cuenta que se burlaban de ella por querer parto natural y no cesárea y que durante el parto la matrona se abalanzó sobre ella y comenzó a arrastrar el brazo sobre su guata “cual movimiento que una hace con la pasta de dientes”. No sintió dolor en el momento, pero tuvo una hemorragia.

El caso de Ángela fue igual. También le aplicaron la llamada maniobra de Kristeller, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, según el informe realizado el 2016, no recomienda usar cuando no es debidamente necesario para agilizar el nacimiento y que además ahí se materializa la violencia de género ejercida en las mujeres que están en un parto, es decir, violencia obstétrica. Ella quedó con una costilla fisurada.

Anita Román dice que “no nos gusta ni nos parece adecuado circunscribir este tema tan delicado solo a la labor obstétrica, y esta no es una defensa corporativa, como algunos han querido atribuir, pues somos las primeras en condenar las malas prácticas que pudiera tener algún colega. Rechazamos, y así lo hemos dicho, cualquier acto de violencia contra las mujeres”.

“Yo le decía al papá de mi hijo ‘siento ganas de pujar y voy a pujar porque me da miedo no hacerlo’ y en ese momento Anita Román le dijo a él que se subiera arriba de mi guata y él se negó porque habíamos aprendido que esa maniobra (Kristeller) no se debía hacer”, contó Natalia.

Natalia afirma que Anita Román estuvo todo el parto y que la criticaba por sus pujas. “Me decía que qué onda, que pujando así nunca iba a traer a mi hijo al mundo y yo no tenía fuerzas porque no había comido en 24 horas”.

A Sylvana le hicieron una episiotomía sin avisarle, un corte que se hace en el periné de la mujer para facilitar la expulsión de la guagua, y se dio cuenta cuando el ginecólogo la cosía, mientras le decía a su marido “te la voy a dejar como de 15 años”.

Violencia del Estado

Cuando Anita Román se refiere a que existen “otros espacios donde hemos señalado que lo que existe es violencia en el sistema de salud” es cierto. La violencia obstétrica también la ejerce el Estado, pero ella desmarca toda responsabilidad de los individuos.

“Hay violencia por parte del Estado cuando existe un presupuesto en salud materna bajo, cuando no hay ciertos estándares mínimos de infraestructura, cuando sabes que existen maternidades donde tienes una matrona por cada 3 o 4 mujeres en trabajo de parto. Eso es violencia del Estado. Pero cuando estás en el momento de la atención del parto y maltratas física y psicológicamente a la mujer, o realizas procedimientos que no se justifican no se le puede echar la culpa al Estado”, manifestó Gonzalo Leiva, matrón y representante del Observatorio contra la Violencia Obstétrica (OVO Chile).

Para Natasha de Parir-Nos, es grave que se niegue la violencia por parte de los individuos, y “creemos que el foco está mal puesto porque no le dan el enfoque de género que necesita para ser tratado y para derribar este problema estructural”.

“Este es un problema que pasa cuando el personal de la salud ve a la mujer que tiene al frente, vulnerada y totalmente entregada al equipo médico y decide violentarla. Ese es el problema más profundo porque no tenemos derecho a castigar a la mujer que tenemos al frente por sentir dolor o manifestar sus opiniones”, sentenció Natasha.

El proyecto de ley

El año 2015 se presentó un proyecto de ley que no contó con una mesa de trabajo sino que fue presidido por dos diputadas. El 2016, la coordinadora por los derechos del nacimiento se constituye con varias agrupaciones que buscaban levantar la voz, y logran conectar con la asesora del senador Lagos Weber y con el asesor de la senadora Carolina Goic, que en ese momento era la presidenta de la Comisión de Salud.

Gonzalo Leiva participó activamente de este proyecto y señaló que “estuvimos trabajando casi 8 meses en una mesa de trabajo súper matea, regular, todas las semanas en el Congreso. Teníamos todo listo para acompañar la presentación del proyecto de ley el 8 de marzo del 2017 y el día 7 de ese año la asesora legislativa de Lagos Weber nos manda un mensaje contando que Anita Román lo había logrado y que el proyecto de ley no se iba a presentar”.

Después de ese balde de agua fría la coordinadora se contactó con el diputado Melo y él fue quién presentó el proyecto de ley, pero era un proyecto más acotado. Creían que el de Lagos con Goic era muy ambicioso, que era mejor ir de a poco. “Era un proyecto que como OVO creíamos que era un saludo a la bandera, que no resuelve mucho el problema de fondo”, manifestó Gonzalo.

El trabajo más participativo de todos los anteriores fue el que guiaron los asesores legislativos de la diputada Claudia Mix, el 2018, donde participó el Colegio de Matronas por primera vez, ya que antes no lo habían hecho como gremio.

Este proyecto se trabajó todo el tiempo como Ley Trinidad, pero en último momento se cambió a Adriana (mamá de Trinidad), porque se sigue la lógica del derecho de la mujer, no del derecho del que está por nacer. Gonzalo avala esta decisión ya que “son los derechos de las mujeres los vulnerados y por consecuencia los derechos de su hijo o hija que va a nacer”.

Este proyecto de ley, que presentó Claudia Mix, debiese ingresar a la Comisión de Salud en marzo porque los proyectos anteriores no alcanzaron a discutirse en dicha instancia.

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