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Opinión

20 de Febrero de 2019

COLUMNA | Aprensión justa

"La ministra parece estar siguiendo una estrategia semejante para Admisión Justa, otro de sus proyectos destacados. En la narrativa de Cubillos, la actual disyuntiva supone elegir entre premiar el rendimiento de los alumnos (y asumir que eso produce desigualdad) o preferir la “igualdad de resultados” (ignorando las diferencias de esfuerzo)", dice Santiago Ortúzar en esta columna para The Clinic.

Santiago Ortúzar
Santiago Ortúzar
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Seis meses le bastaron a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para posicionarse como una de las figuras fuertes del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Su primer triunfo fue el proyecto Aula Segura; su estrategia logró que la oposición fuera completamente incapaz de imponer términos distintos a la discusión y que el oficialismo se sumara sin reclamos. Así, no había más alternativas que la aprobación de la iniciativa o la condescendencia frente a la agresión a los profesores.

La ministra parece estar siguiendo una estrategia semejante para Admisión Justa, otro de sus proyectos destacados. En la narrativa de Cubillos, la actual disyuntiva supone elegir entre premiar el rendimiento de los alumnos (y asumir que eso produce desigualdad) o preferir la “igualdad de resultados” (ignorando las diferencias de esfuerzo). El éxito de la estrategia supone precisamente presentar alternativas binarias, excluyentes y más bien maniqueas, omitiendo otra clase de consideraciones (uno podría pensar, por ejemplo, que fomentar el esfuerzo, la preocupación por el trabajo bien hecho y la responsabilidad no implica asumir que la desigualdad es irrelevante; también cabe preguntarse en qué medida la selección fomenta esos hábitos). Y eso es así porque la estrategia toma en cuenta otras cosas importantes.

Por mucho que la oposición insista que el algoritmo para seleccionar a los alumnos no depende del azar, esa réplica no identifica ni canaliza la insatisfacción con un sistema automatizado. Con independencia de su eficacia en términos “reales”, un mecanismo de este tipo un importante déficit de legitimidad. Como ha sostenido el abogado Diego Pardow, esta clase de sistemas generan sus propios problemas políticos pues, como no dependen de una persona que dé cuenta de sus actos, reconducen toda queja a la autoridad responsable del sistema. Es decir: cada niño no seleccionado se convierte en responsabilidad del titular de Educación, algo que la ministra Cubillos demostró entender a la perfección en sus visitas a los apoderados disconformes. Al mismo tiempo, los técnicos no se percatan de lo poco reconfortantes que son sus palabras cuando aseguran que, aunque no nos demos cuenta, este sistema es mejor que el de antes: las personas simplemente no tienen cómo vincular su experiencia cotidiana con lo que decide el algoritmo, particularmente si consideran que éste pierde de vista aspectos importantes de la conducta de sus hijos. La ceguera del sistema es su mejor virtud técnica y su peor defecto político.

Esta aproximación, sin embargo, también expone a la ministra (y al gobierno) al fracaso. Su discurso quisiera hacernos creer que en la población chilena no hubo ningún cuestionamiento significativo al discurso meritocrático en las varias décadas que la derecha lo enarboló, como si en todos estos años no se hubieran constatado malestares persistentes con nuestro proceso modernizador. Ni Cubillos ni el gobierno advierten que agrupar a la derecha en torno a esto a esta bandera la arriesga a retomar irreflexivamente su discurso tradicional, gremialista, de la transición.

Aunque el liderazgo y el talento de Cubillos pueden darle un nuevo impulso al gobierno después de varios meses difíciles, si quiere seguir destacando del modo en que lo ha hecho necesita tomar mayor conciencia de los puntos ciegos de la derecha histórica, a los que resulta demasiado fácil volver (no hay lugar como el hogar). La derecha del discurso antipolítico, de las “mayorías silenciosas”, la que descree de toda retroexcavadora, pero cuyo saldo en educación, hasta ahora, no parece ser mucho más que una contrarreforma de Bachelet. Su estrategia, útil para esta coyuntura, es extremadamente limitada.

*Santiago Ortúzar es Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad

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