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Nacional

25 de Febrero de 2019

Grupo de trabajadores a honorarios del sector público interpone demanda colectiva contra el Estado

El lunes 25 de febrero, el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Conicyt interpuso una denuncia ante el poder judicial contra el Estado de Chile por la precaria situación laboral que padecen en la institución. En el recurso se alega que los funcionarios públicos contratados bajo esta modalidad son trabajadores subordinados, razón por la cual, demandan todos los derechos que una relación laboral supone. Derechos básicos como reajustes, licencias y pago de horas extras. Garantías que, hasta hoy, el Estado no tiene la obligación legal de proveer.

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Alrededor de las 15.00 hrs. del día lunes 25 de febrero fue interpuesta, a través de la Oficina Judicial Virtual, una demanda colectiva de 20 trabajadores a honorarios de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt). Sin embargo, esta causa no es contra la institución, sino contra el Estado de Chile, pues los trabajadores y trabajadoras denuncian que esto no es una situación particular, sino que corresponde a un trato general que da el Estado a los funcionarios a honorarios del sector público, a quienes no reconoce como sus empleados.

Efectivamente, y como reza el Estatuto Administrativo – código por el cual se rigen las contrataciones del sector público -, “se podrá contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”.

“Así, se esconde lo que pasa en la práctica”, explica Juan Carlos Espinosa, director ejecutivo del Estudio Jurídico Desafío Legal, que asesora hoy al Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Conicyt (Sincoh). “Estos trabajadores poseen efectivamente un vínculo de subordinación y dependencia con sus empleadores, que en este caso son organismos del Estado. Todos los días, y por años, trabajan en un lugar determinado, cumplen horarios, tienen correos institucionales y responden a sus jefes directos, que son funcionarios de las mismas instituciones que se desligan de su relación laboral”, establece Espinosa.

“Con esta demanda, estamos apelando al principio de primacía de la realidad, ya que estos trabajadores poseen una relación laboral de dependencia, por lo que se les deben otorgar todos los derechos que un vínculo de estas características supone. Esto es, incluir en sus contratos todas garantías laborales que establece el Código del Trabajo, y solicitar el pago de todas las cotizaciones adeudadas desde el inicio de la relación laboral”, aclara el abogado.

 

Vulneraciones sistematizadas

Para la presidenta del Sincoh, Cecilia Toro, las situaciones que denuncian los trabajadores, incluida ella, son impresentables. “No tenemos garantizado nuestro derecho maternal, no se pagan horas extras, los aguinaldos y reajustes dependen de la voluntad de la institución y no hay derecho a licencia”, enumera la dirigenta. Y por si fuera poco, este año les hicieron contratos por dos meses, y no por un año como era la costumbre. “Esto genera un clima de miedo e incertidumbre entre los trabajadores”, dice Cecilia.

“Además, ahora nos obligan a cotizar pero sin obtener derechos laborales. Esta nueva ley de cotizaciones es un disfraz que precariza más a los trabajadores a honorarios. Es un traje a medida que incrementa las ganancias de las deslegitimadas AFP”, se queja la presidenta sindical, quien también establece que “todas estas situaciones sumadas han generado un malestar profundo a los trabajadores a honorarios, y no solo en Conicyt, sino que en todo Chile”.

Así, la representante de los trabajadores de Conicyt se refirió a la generalidad y sistematización de esta práctica en todos los servicios públicos (gobierno central, municipalidades, universidades, hospitales, etc.). Esta forma de contratación ilegal de empleados permanentes, cuyos servicios se hacen pasar por “labores no habituales”, ha sido institucionalizada por parte del Estado, que lleva casi 30 años contratando gente sin hacerse cargo de ninguno de los derechos laborales.

“Aquí hay un silencio cómodo y cómplice, por parte del poder ejecutivo y legislativo”, acusa la dirigenta.

Con esta demanda colectiva de funcionarios en ejercicio, tanto Cecilia Toro como su abogado esperan que se genere un precedente, al cual se puedan acoger los trabajadores que viven esta misma situación en las instituciones públicas de todo Chile.

Entérate sobre las vulneraciones del Estado a los trabajadores y trabajadoras a honorarios del servicio público, en el reportaje de The Clinic:

Un Estado precario: la vulneración sistemática hacia los trabajadores a honorarios en el sector público

Sueldos impagos son lo de menos. Desvinculaciones injustificadas, derechos laborales nulos, empleados licitados por ChileCompra y millonarias deudas municipales por demandas, son solo algunas de las consecuencias de una política de precarización laboral que lleva casi 30 años. Una forma de contratación ilegal que el Estado ha utilizado y normalizado sin siquiera arrugarse.

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