Isla Riesco y Minera Invierno: todo lo que necesitas saber para comprender el conflicto

Por Romina Bevilacqua R. para nuestro medio aliado Ladera Sur

Isla Riesco está expectante. Hace sólo unos días el Tribunal Ambiental de Valdivia confirmó que mantendría la medida cautelar impuesta a la minera Invierno y que impide el uso de tronaduras bajo los 100 msnm y en lugares ricos en material paleobotánico y paleontológico. Esto con el fin de resguardar los fósiles que se encuentran en la Formación Loreto, en el área donde trabaja la minera.

Esta medida fue impuesta luego que se presentara una reclamación en contra de la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental otorgada a la minera para realizar tronaduras en la zona. Hoy, si bien se ha anunciado que el fallo ya llegó a un acuerdo, se está a la espera de que este sea redactado y la sentencia sea publicada.

Resumen de los acontecimientos que llevaron a la suspensión cautelar de las tronaduras

Corría el mes de julio del año 2016 cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la Minera Invierno para incorporar tronaduras en el proceso de extracción de carbón en isla Riesco, ubicada a 100 km de Punta Arenas.

Si bien el proyecto minero había sido aprobado ya en 2011 junto a su Estudio de Impacto Ambiental, este no incluía el uso de tronaduras –explosivos– en sus faenas. Así quedaría estipulado en su RCA, donde se destaca: “El proyecto no contempla el uso de tronaduras como parte de sus procesos de construcción u operación, atendiendo lo cual, el proyecto no requiere tomar medidas vinculadas con esta actividad”.

Aun así, sólo tres años más tarde –y a un año y medio de realizar el primer embarque de carbón–, presentarían una modificación al proyecto solicitando a través de una solicitud de pertinencia incorporar el uso de tronaduras. La explicación de la minera para incluir este nuevo método complementario con explosivos, fue el desgaste de los equipos que hasta entonces –y desde que comenzó la extracción a rajo abierto en 2012– habían utilizado para remover el material estéril, ya que se habrían encontrado con rocas más duras de lo esperado.

La resolución del SEA entonces, fue que su solicitud de incorporar tronaduras debía ingresar al Servicio de Evaluación de impacto Ambiental (SEIA) y la empresa debía presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Declaración que fue aprobada luego por el organismo competente.

Ante esta decisión algunas organizaciones sociales, entre ellos el grupo ambientalista Alerta Isla Riesco, criticaron que el proyecto no haya sido sometido a un Estudio de Impacto Ambiental y presentaron ante el SEA un requerimiento de realizar un proceso de participación ciudadana. Ante la negación del SEA, acudieron a la Corte Suprema, entidad que finalmente resolvió de forma inédita retrotraer todo el proceso de la aprobación de tronaduras a su etapa inicial y abrir el Proceso de Consulta Ciudadana.

“Hay un sinnúmero de efectos que el proyecto presentado por Mina Invierno no evaluó y que fueron observados en la participación ciudadana por vecinos, científicos y ONGs. Uno de ellos es la destrucción de hallazgos paleobotánicos de la zona”, explica a Ladera Sur Macarena Carevic, miembro de la organización Alerta Isla Riesco.

Realizada ya esta consulta ciudadana, tocaba entonces que la Comisión de Evaluación Ambiental votara por segunda vez el proyecto. Así es como, en enero de 2018, la Comisión decide rechazar las tronaduras en Mina Invierno. Tal como dijo en aquel entonces el intendente de Magallanes, Jorge Flies –uno de los votos en rechazo de las tronaduras–, su decisión se habría basado en los documentos presentados por los organismos competentes, la votación ciudadana y los factores medioambientales.

Como era de esperarse, el trámite no terminó aquí. El vaivén de aprobaciones y rechazos continuó con la siguiente movida de la minera: recurrir al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, quien finalmente para septiembre de 2018, revocó la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Magallanes.

Así es como, el viernes 8 de febrero de 2019 a las 16.00 horas, se realizan las primeras tronaduras en la isla. El proceso fue ejecutado bajo la supervisión de representantes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y Sernageomin, quienes deberían constatar los efectos ambientales de las explosiones y consecuentes fracturas. ¿El detalle? Esta primera tronadura de prueba voló 28 mil m3 de tierra, siendo que las tronaduras que realizaría la minera abarcarían cada una 100 mil m3 y se realizarían cuatro veces por semana.

Pero las organizaciones ambientales y sociales de Magallanes no se quedarían de brazos cruzados: la ONG FIMA en representación de la organización Alerta Isla Riesco presentó un recurso de reclamación en contra de la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por el SEA al proyecto Tronaduras de Mina Invierno. El argumento, entre otras cosas, es que no se analizaron correctamente los efectos que las explosiones causarían en los hallazgos paleontológicos y paleobotánicos en la Formación Loreto. A la reclamación se sumaron luego vecinos de Isla Riesco, autoridades y 8 organizaciones sociales de Magallanes y ONGs nacionales.

Y es en este punto en el que se encuentra hoy este polémico caso, en donde ya han pasado 5 años desde la primera solicitud de uso de tronaduras. El Tribunal Ambiental de Valdivia, decretó en marzo de 2019 la medida cautelar que restringe la profundidad de las tronaduras a alturas por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar, para resguardar los fósiles paleobotánicos en el lugar de ejecución del proyecto, donde se han encontrado areniscas, arcillolitas y fangolitas que contienen fósiles.

Luego, el Tribunal rechazó la petición del SEA de levantar la medida cautelar argumentando que los antecedentes entregados y “la información en ellos contenida es confusa, lo que genera incerteza respecto de los efectos en el componente paleobotánico de las tronaduras autorizadas. Por tanto, aplicando el principio precautorio, resulta más apropiado actuar con cautela, observando la necesaria proporcionalidad respecto de los efectos que tendrá sobre el patrimonio del afectado”.

A esto sumó que la medida no impide a la minera continuar con sus actividades de extracción de carbón ya que la tronadura es un método complementario a la extracción mecánica, la cual no tiene ninguna restricción, y que “Minera Invierno S.A. no logra acreditar por qué no puede continuar la explotación del rajo en forma mecánica, en aquellas áreas donde no habrían areniscas grises compactas”.

Despidos masivos ¿una forma de manipulación?

Desde que el Tribunal Ambiental decretó la medida cautelar de restringir el uso de tronaduras, en Minera Invierno han anunciado la paralización progresiva de sus funciones y el despido masivo de trabajadores. Esto porque, según aseguran, las tronaduras serían la única forma viable para seguir operando.

El pasado martes 25 de junio la empresa ligada a los grupos Angelini y Von Appen, confirmó el despido de 150 trabajadores, sumando así 230 desvinculaciones en 2019. El proceso seguiría hasta noviembre, cuando cesarían las actividades manteniendo sólo el 10% de la dotación original de trabajadores. Al respecto Sebastián Gil, Gerente General de la empresa, dijo: “Ya no tenemos donde trabajar, donde operar. Solamente nos queda un pequeño sector de carbón que podemos extraer en los próximos 4 meses y eso es todo lo más que podemos hacer sin usar tronaduras”. Y aseguró que continuarían con los procesos legales.

Consultado por las medidas tomadas por la minera, Paulino Vial, vocero del Frente de Defensa Ecológica Austral comentó a Ladera Sur que la mina no está obligada a paralizar las faenas, ya que puede seguir funcionando con las medidas establecidas en un principio, y que estas medidas extremas serían una forma de generar presión: “Vemos con mucha preocupación como Mina Invierno ejerció y sigue ejerciendo presión sobre los trabajadores y de paso con los despidos presiona también a las autoridades con el número de cesantes que quedarán con el cierre de la mina, manteniendo día a día a los trabajadores y a sus familias en un incierto futuro, faltándoles al respeto y siendo utilizados como moneda de cambio, olvidando que se autodenominan como proyecto sustentable. Durante estos 5 años en que han estado solicitando tronaduras, perfectamente podrían haber realizado un plan de mitigación junto a autoridades y actores locales”.

La postura del gobierno

Frente a la decisión del Tribunal Ambiental de acoger la medida cautelar presentada por los reclamantes, el Gobierno ha mostrado una clara postura en apoyo del SEA y la minera.

Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, sostuvo que desde el Gobierno creen que no hay un daño ambiental como proyecto, y agregó: “nos duele profundamente las desvinculaciones que ha tenido que realizar Mina Invierno y lamentamos que producto de la judicialización por parte de terceros, una empresa deba paralizar sus operaciones y generar despidos masivos, a pesar de tener la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que es el servicio técnico en la materia”. Además añadió: “Respetando las decisiones judiciales, el gobierno también ha sido muy enfático, tanto el subsecretario de Economía como de Minería que estuvieron hace unos días, en decir que apoyaremos los recursos posteriores y esperamos conocer en detalle el fondo de las determinaciones de estas medidas cautelares”.

En tanto el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, dijo en conversaciones con T13 Radio: “La gente quiere el proyecto, porque lo conoce y ve que es un proyecto sustentable que no contamina, que da mucho empleo y dinamismo a la economía de la región. Y acá no está en cuestión algún daño al ecosistema”.

Al respecto, Sara Larraín, Directora Ejecutiva ONG Chile Sustentable –una de las organizaciones que ha apoyado el movimiento en contra del uso de tronaduras en la isla–, critica la intervención que ha realizado el Gobierno sobre el tema. “Política e institucionalmente es gravísimo que autoridades de gobierno de alto nivel como los subsecretarios de Minería y Hacienda estén oficialmente apoyando la continuidad de un proyecto no rentable, que destruye el ambiente local y que amenaza con contaminar los acuíferos de Isla Riesco”, dijo a Ladera Sur la ecologista, quien además agregó que el permiso de uso de tronaduras “fue aprobado por el SEA debido a presiones políticas. Estas presiones del sector económico y minero hoy salen nuevamente a la luz, con el objetivo de presionar públicamente al poder judicial, cuyo rol es resguardar el principio precautorio ante la inminencia de daño ambiental. Es un escándalo que atenta contra el funcionamiento del Estado y de la democracia”.

Finalmente, Larraín acusa una ambigüedad en esta postura por parte del Gobierno: “Es totalmente contradictorio con la agenda de descarbonización, donde el gobierno anunció una ruta nacional para el fin del carbón por un lado para reducir los impactos ambientales locales y globales, y por otro presiona a la justicia para la continuación de la minería de carbón a pesar de la intensificación de sus impactos ambientales. Se actúa con doble estándar en este caso por presión de dos grupos económicos que quieren seguir enriqueciéndose con el uso del carbón a pesar de los impactos locales y globales”.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades que aseguran que Minera Invierno se trataría de un proyecto sustentable que no contamina y que no habría daños ambientales, Peter Maclean, vecino de Isla Riesco y concejal por Río Verde, declara que la mina de carbón a cielo abierto –la más grande que ha existido en la historia de Chile– no sólo tiene un impacto directo en 1.500 hectáreas, que contempla la tala de 400 ha de bosques nativos y el secado y drenaje de una laguna de 9 ha, entre otros. Sino que además, “En sus ocho años de operación ya se han visto además impactos no previsto por la empresa –sí adelantados por la comunidad en las observaciones ciudadanas–, como la contaminación de chorrillos, un humedal, costa y el seno Otway con material particulado y carbón, así como contaminación con polvillo de las praderas aledañas al rajo minero, fuga de carbón desde el acopio y durante las cargas de los buques, entre otros”.

Antecedentes sobre la oposición a la mina en Isla Riesco

Desde un principio el proyecto no ha estado exento de críticas. Dentro de los principales argumentos de los detractores, están sus impactos en el medio ambiente y en la calidad de vida de los vecinos.

Hoy se encuentran en discusión en la Corte Suprema dos procesos de sanción en contra de la Minera Invierno levantados por la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimientos en los que ha incurrido la empresa, por ejemplo, superando los límites de emisión de material particulado semidimentable (MPS) aprobados en su RCA, y por contaminación de chorrillos, costa y mar de isla Riesco con material sedimentable, aguas servidas y carbón. “Hay impactos en emisión de material particulado, por quemas de residuos, y tantos otros que fueron pobremente evaluados, y es por eso que desde el 2014 estamos exigiendo que se realice un Estudio de Impacto Ambiental, cuestión que la empresa no ha realizado”, dice al respecto Macarena Carevic, de Alerta Isla Riesco.

En cuanto a los impactos del uso de tronaduras, Carevic explica que estas explosiones pueden tener impactos en la fauna terrestre y marina colindante al proyecto: “Las detonaciones llegarían a 85 decibeles en zonas zonas donde habitan zorros, pumas, roedores, murciélagos, un sinnúmero de aves como el pájaro carpintero e insectos amenazados como el abejorro nativo. La empresa descartó efectos en toda la fauna usando un informe estadounidense recomendado por el SAG, que fue realizado en 1971 y que indica que bajo 85 decibeles no habría impacto alguno. Sin embargo, en la participación ciudadana se entregaron antecedentes que recopilan diversos estudios de impacto en fauna (posteriores a 1971) que muestran impactos incluso desde los 40 decibeles”. A pesar de ello, la Declaración de Impacto Ambiental de Mina Invierno solo considera medición de ruido, no así monitoreo de impacto en fauna. “Esto significa que si depende de la empresa, de haber afectación no habría mecanismos para saberlo”, asevera y agrega: “De hecho, este año las ballenas se fueron meses antes del parque marino, coincidiendo con las tronaduras, pero eso solo lo sabemos gracias a seguimientos de científicos externos al proyecto”.

El concejal por Río Verde, Peter Maclean, suma además los efectos en el componente social. “En términos de convivencia, la empresa ha dejado mucho que desear. Ha incumplido su compromiso de regar el camino principal, levantando diariamente polvillo que se dispersa por los campos y casas aledañas, ha tapado pasos libres –que son indispensables para el trabajo con animales–, han cortado alambrado, roto señalética e incluso atropellado animales sin siquiera tener la consideración de avisarle a los vecinos. Además, no ha habido un protocolo para evitar la mala relación entre los trabajadores y sus vecinos, lo que ha terminado en un permanente hostigamiento e incluso amenazas a miembros de la comunidad”.

A esto se añaden las críticas a la forma fragmentada en la que fue presentado el proyecto: primero el puerto en 2009, luego la mina en 2011 y la solicitud de permiso de uso de tronaduras en 2014. Sobre esto Sara Larraín explica: “La fragmentación es una forma de presentar los proyectos a evaluación por partes, con el fin de diluir los impactos que provocan ante la autoridad evaluadora. Hoy la fragmentación está prohibida, entonces la practican de otra manera: inician el proyecto con una tecnología de extracción y luego piden cambio por declaración ambiental. Esto es factible por la debilidad de la institucionalidad ambiental frente a la económica, especialmente la minera, que siempre termina imponiéndose y se le aprueban los proyectos”.

Este artículo fue publicado primero en nuestro sitio aliado Ladera Sur,

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