Congreso ratifica que las AFP usaron artilugios para no pagar pensiones de invalidez

Por 115 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe elaborado por la Comisión Investigadora de pensiones de invalidez, creada en octubre de 2018 con el objetivo de indagar las diversas irregularidades denunciadas en la concesión de este beneficio.

En síntesis, el texto afirma que, de forma deliberada y consciente, las AFP incurrieron en variadas maniobras para controlar el número de pensionados por este seguro a partir del año 2009, práctica conocida como “control de siniestralidad”.

Multas a tres AFP acreditan que bloqueaban ilegalmente pensiones de invalidez

En 2006, 2008, 2009 y 2010, la Superintendencia de Pensiones multó económicamente a tres Administradoras del Fondo de Pensiones por incurrir en actos que dificultaban, obstruían o dilataban la tramitación de pensiones de invalidez de sus afiliados: Capital, Cuprum y Provida.

Según el documento, algunas de las acciones fueron: “Financiar al personal administrativo del sistema y a los médicos interconsultores de las comisiones médicas, establecer procedimientos de agendamiento de horas que obstaculizan el acceso a las solicitudes y entrega de información insuficiente a los afiliados sobre los derechos que le asisten durante el procedimiento”.

“Finalmente, debido a la participación y derechos que la ley les confiere tanto las AFP como a las Compañías Aseguradoras dentro del funcionamiento administrativo del sistema, esta industria ejerce un control sobre el sistema y sobre las tasas de acogidos al seguro”, agrega el informe.

El texto también aborda otras deficiencias que propiciaron las irregularidades y, sobre todo, el excesivo control que ejercen las AFP y las Compañías Aseguradoras durante el proceso de calificación de invalidez en perjuicio del solicitante.

En este sentido, señala que “la Asociación Gremial de AFP y la Aseguradoras de Chile tienen un representante cada una (de un total de cinco) en la comisión técnica de invalidez, que define los parámetros objetivos que aplican las comisiones médicas para determinar si un solicitante califica como inválido para efectos de obtener pensiones de invalidez, sea total o parcial”.

Además de esto, objeta que las “AFP y Compañías Aseguradoras financian y definen tanto los montos remuneración como las condiciones en las que se contratan a los médicos interconsultores de las comisiones médicas”.

Evaluación de porcentajes de invalidez: la otra herramienta para bloquear pensiones

Cuando un trabajador solicita pensión de invalidez debe acreditar las distintas afecciones que tiene para acceder a ella. Comisiones médicas regionales y, en última instancia, la Comisión Médica Central, deben evaluar si por separado o combinados, los padecimientos del trabajador son suficientes para declararlo incapacitado.

Respecto al trabajo que debió haber efectuado la Superintendencia de Pensiones (SP) para controlar estas acciones, el informe consigna que “es evidente que la información aportada como muestras de la capacidad de fiscalización está ampliamente superada por la complejidad del sistema, lo que impide que, de oficio, el ente regulador pueda detectar dichas irregularidades y anticiparse a que afecten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”.

No obstante, también establece que la propia fiscalizadora dio pie para que las AFP solicitaran trámites y requisitos que no estaban contempladas en la ley y que terminaron por obstaculizar el acceso al beneficio, a través de oficios que autorizaron, por ejemplo, el sistema de “agendamiento de horas” propuesto por Provida y Hábitat.

Finalmente, el informe critica que a pesar de haber puesto estos antecedentes frente a distintas autoridades, ministerios y entidades, “hasta la fecha no ha existido pronunciamiento” alguno de su parte.

REFORMA DE PENSIONES
Luego de la aprobación unánime del informe, la diputada y presidenta de la Comisión Investigadora, Gael Yeomans (IL), aseguró que el próximo lunes se presentará el documento “al presidente Sebastián Piñera y a la Comisión de Trabajo” con el objetivo de que se incorporen medidas e indicaciones en la reforma previsional propuesta por el gobierno.

“Este punto es importante porque la reforma agrega funciones a la Superintendencia de Pensiones y crea el seguro de dependencia, que va a funcionar igual que el actual de invalidez. Por tanto, va a replicar los mismos malos procedimientos y obstaculización que hoy día torpedea la entrega de pensiones de invalidez a enfermos”, agregó la parlamentaria.

Cabe mencionar que la Comisión Investigadora presidida por Yeomans se creó en octubre pasado, luego de que este medio revelara las denuncias efectuadas por Fundación Valídame respecto a la concesión de pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Dichas denuncias incluyeron el testimonio de Alejandra Vidal, una extrabajadora de AFP Provida que dijo haber recibido “instrucciones de frenar solicitudes de invalidez cubiertas” con el objetivo de “bajar la siniestralidad de las compañías aseguradoras”.

Para respaldar estos dichos, Vidal adjuntó correos electrónicos enviados por ejecutivos de AFP Provida en 2009, quienes felicitaban a los empleados que “hicieron un tremendo esfuerzo para bajar los porcentajes de siniestralidad”, entre otros antecedentes.

Denuncian que AFP Provida y compañías de seguros boicotean de forma ilegal solicitudes de pensión de invalidez

El escrito ingresado ante la Fiscalía Nacional Económica por la fundación Valídame se sustenta en el testimonio de una empleada de Provida, quien revela, con su testimonio y correos electrónicos de sus superiores, que existe un procedimiento denominado “control de siniestralidad”, cuyo propósito es obstaculizar las solicitudes de pensión por “invalidez”, para mantener el índice de pago de estos beneficios artificialmente bajo.