Entrevista a Gael Yeomans: “El control de siniestralidad sigue operando y nadie ha podido demostrar lo contrario”

La línea de defensa de la Superintendencia de Pensiones, respecto al control de siniestralidad, es que existió hasta antes de la reforma previsional de 2008. En vista de los antecedentes recabados por la Comisión Investigadora, ¿existe control de siniestralidad posterior a este período?
-La postura de la Superintendencia de Pensiones (SP) respecto al control de siniestralidad siempre fue negarla, así también la Fiscalía Nacional Económica, quien rechazó ese supuesto. Sin embargo, dentro de la Comisión, las AFP señalaron que no pueden dar fe de que no ha existido control de siniestralidad desde el 2008 hasta la fecha, básicamente, porque tenemos que tener en claro qué entendemos por control de siniestralidad: ¿es la integración vertical entre compañías aseguradoras y AFP? Entonces no, ya no existe ese problema, pero hay otras formas de aplicar el control, como obstaculizar los trámites de solicitud de pensión de invalidez, lo que sucede cuando las AFP piden más documentos de los que indica la ley, algo que está comprobado y que la propia SP debió contrarrestar a través de un oficio durante el funcionamiento de la Comisión.

Entonces, si bien ya no se aplica con los métodos de antes, el control de siniestralidad sigue operando, porque hay una definición interna en las AFP que decide a quiénes entregarles la pensión de invalidez y a quiénes no, lo que no está relacionado con el cumplimiento de los requisitos médicos. Lamentablemente, allí se nota que la SP no ha tenido sus ojos sobre el caso, ya que ni siquiera han actuado de oficio, aun cuando admitieron que revisan 600 de las 13.000 solicitudes que reciben. Por esto, al interior de la Comisión, llegamos a la conclusión que sigue existiendo control de siniestralidad en esta industria.

La integración vertical no se aplica en la actualidad, pero las AFP y las Compañías de Seguro que licitan el SIS siguen influyendo en la concesión de pensiones de invalidez, por ejemplo, a través de sus representantes en la Comisión Técnica de Invalidez, quienes tienen voz y voto en la regulación la norma. ¿Qué postura tomó la Comisión frente a este tema?
-Por un lado, decimos que el control de siniestralidad sigue operando y nadie ha podido demostrar lo contrario, y por otro, que hay un conflicto de interés evidente en el funcionamiento de las Comisiones Médicas. Hasta la mismas Compañías y las AFP dijeron: “está bien, no vamos a participar en la Comisión Técnica de Invalidez”, que es donde se fijan las normas y los criterios que regulan las pensiones de invalidez. Por ello, una de nuestras propuestas es reformular esta instancia y suprimir la participación de los representantes de las AFP y Compañías de Seguro.

Desgraciadamente, en cuanto a todas las irregularidades que existen en el otorgamiento de pensiones de invalidez, hemos visto un silencio absoluto por parte del gobierno. Es más, yo diría que no les interesa, pues a la Comisión Investigadora fueron a dos sesiones y no asistieron más, la abandonaron, y tampoco se han pronunciado respecto a si incluirán estas conclusiones en la reforma a las pensiones. Esto es especialmente preocupante, en vista de que quieren incorporar un seguro de dependencia en la modificación al sistema previsional, que va a funcionar bajo los mismos parámetros del otorgamiento de pensiones de invalidez y con la misma institución. Es decir, corremos el riesgo de ver las mismas irregularidades y de forma ampliada hacia todas las personas que quieran acceder al seguro de dependencia.

¿A qué cree que se debe este “abandono”?
-Es un tema netamente de desinterés, pero desde la Comisión existe la convicción de que nuestras conclusiones deben ser incluidas en las modificaciones al sistema previsional, incluso de parte de diputados oficialistas. Nos parece que no puede haber una reforma al sistema de pensiones sin tocar el mal funcionamiento que existen en el sector de invalidez. Sería muy riesgoso para la ciudadanía.

Por eso me llama tanto la atención el actuar del superintendente de pensiones (Osvaldo Macías), ya que su entidad debiera controlar este problema. Si necesita fortalecer su institución, o contar con más herramientas y facultades, puede pedir una reforma para ampliar la Superintendencia de Pensiones, pero veo que hay una actitud de mucha calma, como si todo funcionara en orden, sin ninguna autocrítica de por medio.

¿Y la “calma” de la SP en este tema, cree que se debe a falta de interés o de facultades?
-Creo que a la Superintendencia le faltan facultades y fortalecerse como organismo. En definitiva, no puede ser que las AFP financien el sistema, pues el conflicto de interés es muy evidente. Como ciudadanos, esperamos que las SP y las comisiones médicas funcionan con la imparcialidad que se requiere, y por lo tanto, se necesita que el Estado sea la entidad más presente en esto, no las AFP, quienes son las determinantes en la actualidad.

PARTICIPACIÓN NEFASTA

Entre 2006 y 2010, la SP cursó multas a tres AFP por bloquear ilegalmente el acceso a pensiones de invalidez. En uno de esos casos, la fiscalizadora dijo que el daño producido “no es posible dimensionar”. ¿Qué sucede, entonces, con quienes se vieron afectados por estas medidas en el pasado? Incluso hay antecedentes de personas que fallecieron mientras tramitaban un proceso de otorgamiento de pensión dilatado.
-Desde mi punto de vista, el Estado tiene que hacerse responsable económicamente, no puede solamente cursar multas. Existen diversos casos donde se hace patente la obstaculización del proceso, o donde se presentan otras anomalías gravísimas, como pérdida de expedientes médicos, y las personas no tienen por qué pagar estos platos rotos. Por ello, creo que debe haber una indemnización a los afectados o a sus familias, tal como sucede en causas de derechos humanos, pues finalmente esto es un problema asociado a la vulneración de derechos humanos. Si existe una mala respuesta desde el Ejecutivo y del organismo encargado de velar esta situación, las personas tendrán que explorar la vía judicial, y si los hechos están prescritos, habrá que acudir a organismos internacionales.

A juicio de la Comisión, ¿qué modificaciones se deben adoptar con mayor urgencia?
-Aumentar y mejorar el rol fiscalizador de la SP, y otorgar garantías mínimas durante el proceso de tramitación de la pensión, para revertir el desamparo que afecta a los solicitantes. Además, modificar el sistema de financiamiento estructural del procedimiento, porque, en rigor, todas las anomalías y fallas que hemos podido constatar están amparadas por la norma. El cuerpo legal que regula esta materia nunca ha tenido cambios importantes, y está a la vista que el sistema vulneró los derechos de muchísimas personas.

La presidenta de la Comisión Médica Central, María Adriana Montenegro, reveló ante la Comisión Investigadora que más de 80 médicos interconsultores son financiados por las AFP. ¿Qué propuestas plantean en este sentido?
-Eso fue uno de los puntos más sensibles para nosotros, pues hemos vistos casos de médicos que dicen “A” en su atención privada, pero que después, como interconsultores, dicen “B”, es decir, que la enfermedad del solicitante no es acreedora de pensión de invalidez. Que en primera instancia el profesional recomiende solicitar pensión de invalidez, y luego cambie de opinión, es inexplicable, a menos que tengamos en cuenta que en el segundo proceso actúa financiado por una AFP. Allí hay un tema respecto a los contratos: ¿de quién dependen esos médicos interconsultores? Hoy en día, el pago del sueldo de esa persona corre por parte de la AFP, a pesar de que el contrato lo escriba la Superintendencia. Unas de las conclusiones unánimes de la Comisión es que el financiamiento de los médicos interconsultores no puede continuar de esta manera, ya que eso debiera realizarlo el Estado, a través de la figura de la SP. Por eso, también creemos necesario revisar el historial de los médicos interconsultores para saber cómo han fallado anteriormente, y contar con un listado público que dé cuenta e informe quiénes son los médicos que cumplen esta función.

Esto último está relacionado con un problema que se presenta durante todo el proceso de solicitud de pensión de invalidez: existe un desequilibrio de acceso a la información muy perjudicial para el solicitante, pues ni siquiera conoce el expediente médico que se elabora en su nombre, mientras la Compañía Aseguradora está al tanto de todo lo que ocurre en el procedimiento. Es una desigualdad de condiciones grave e inquietante.

Recién dijo que la modificación al financiamiento de los médicos interconsultores fue una decisión unánime. ¿Qué puntos generaron disensos al interior de la Comisión?
-Justamente la existencia del control de siniestralidad, teniendo en cuenta que ahora se aplica con otras modalidades. Lamentablemente, la participación de los diputados en la Comisión ha sido nefasta. Hay algunos del oficialismo que han participado activamente, no tengo nada que decir de ellos, pero hay otros que van de repente, que no tengo idea qué opinan sobre todo lo que hemos conversado, porque jamás han dicho una palabra durante las sesiones. Este es un tema complejo, pero es muy importante y requiere disposición para estudiarlo. En esta línea, fue muy irrisorio que a la sesión en que fueron distintas personas a relatar su experiencia con el proceso de pensión de invalidez, no fueran todos los diputados.

Sin ir más lejos, la sesión del 10 de diciembre fue suspendida por falta de quorum…
-Así es, y si bien fue la única que se suspendió, hubo muchas sesiones en que los diputados asistían pero estaban en otra, o se iban de la discusión y luego volvían. Hubo diputados que tenían comisiones en paralelo, y eso es un tema que tenemos que resolver en la Cámara, pero también existió falta de interés.

¿Cuál son los pasos a seguir?
-Luego de la sesión del próximo lunes, entregaremos las conclusiones y propuestas en una sesión extraordinaria en el Congreso, con la idea de que sean incorporadas a la reforma, y que el debate legislativo se haga cargo de esto, pues aún estamos a tiempo de que se incluyan las propuestas de la Comisión. Nosotros no tenemos la facultad para hacer de esto un proyecto de ley, pero el Presidente sí puede hacerlo y esperamos que recoja nuestros puntos. De lo contrario, corremos el riesgo de dejar intacto un sistema que, a todas luces, ha sido perjudicial.