Cedida

Relator especial para la libertad de prensa de la CIDH

Edison Lanza y labores de espionaje a la prensa: Son “resabios de la estructura autoritaria heredada de la dictadura”

El periodista uruguayo, especializado en derecho a la información y en libertad de prensa y expresión, aborda con The Clinic las últimas revelaciones sobre espionaje que afectaron a personas que denunciaron hechos de corrupción en el Ejército, entre ellos, al periodista Mauricio Weibel. Junto con plantear una mayor fiscalización a las labores de inteligencia que ejecutan estas acciones, Lanza recuerda que anteriormente la CIDH ya había alertado a Chile sobre comportamientos que coartaban el derecho a informar y opinar. Además, revela que el organismo internacional ya “mandó una carta al Estado de Chile solicitando información sobre los hechos denunciados, con el propósito de saber si existen investigaciones similares en curso; determinar el alcance de ellos; y saber qué marcos jurídicos se aplicaron”.

Hace unas semanas nos enteramos que el Ejército espió e interfirió las llamadas telefónicas del periodista Mauricio Weibel, quien investigó el millonario desfalco ocurrido en las filas de la institución. ¿Son estos los atentados más graves que se pueden cometer contra la libertad de prensa en democracia?

-Efectivamente. El espionaje y la intervención a la privacidad de cualquier persona, y en particular de aquellos que ejercen la libertad de prensa y expresión -que son centrales en un sistema democrático-, son acciones totalmente ligadas a investigaciones de delitos o posibles atentados contra la seguridad nacional. Eso debe ser supervisado por la justicia y, además, fundamentado en que la persona investigada sea una amenaza cierta para el Estado. De confirmarse, este caso tiene las características de una violación a la libertad de expresión del periodista Mauricio Weibel, porque lo que él hizo fue justamente una contribución al sistema democrático al investigar hechos de presunta corrupción. A todas luces se trata de algo muy preocupante.

Es preocupante, además, porque genera una sensación de inseguridad o vulnerabilidad legítima en la prensa.

-Este comentario es muy acertado. ¿Qué pasa después de que se denuncia una supuesta intervención o espionaje en la esfera de protección que deben tener los periodistas para investigar? Esa es la pregunta que tiene que hacerse Chile hoy, además de denunciar la situación. Lo que corresponde en un Estado de derecho consolidado, como el que tiene Chile después de treinta años del retorno a la democracia, es investigar estos hechos, identificar y explicar a la sociedad lo que pasó y eventualmente sancionar a los responsables. En ese sentido, quiero compartir que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que tiene la CIDH, con base en su facultad de solicitar información sobre situaciones que ponen en riesgo algunos de los derechos, ha enviado una carta al Estado de Chile solicitando información sobre estos hechos denunciados, con el propósito de saber si existen investigaciones similares en curso; determinar el alcance de ellos; y saber qué marcos jurídicos se aplicaron y cómo se interpretaron los principios constitucionales para realizar estas acciones. Además, nos interesa conocer si se respetaron los tratados de derechos humanos que ha ratificado Chile.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, a ojos de la Relatoría, ¿en qué estado se encuentra la libertad de expresión y de prensa en Chile? ¿Lo sucedido con el periodista Mauricio Weibel es sintomático de un algo más alarmante, o correspondería a un “hecho aislado”?

-Esto es bueno recordarlo: durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, la Relatoría efectuó un extenso informe donde reconocemos que Chile avanzó mucho en el concierto internacional en materia de protección y garantías a la libertad de expresión, pero también dijimos que quedan resabios de la estructura autoritaria heredada de la dictadura. En ese sentido, Chile tiene que seguir haciendo reformas, no es que haya alcanzado un nivel de protección similar a los países que encabezan los rankings, que básicamente son los nórdicos, europeos o Canadá. Ahí hay un trabajo por hacer y eso lo demuestra este caso. La despenalización de la figura de injuria también está pendiente en Chile.

“Lo que corresponde en un Estado de derecho consolidado, como el que tiene Chile después de treinta años del retorno a la democracia, es investigar estos hechos, identificar y explicar a la sociedad lo que pasó y eventualmente sancionar a los responsables”.

También indicamos que las tareas de inteligencia deben tener una supervisión reforzada desde el poder legislativo o de algún órgano independiente, porque notoriamente -en todos los países- este es un punto pendiente.

En la práctica, ¿cómo se puede fortalecer la labor fiscalizadora sobre las acciones de inteligencia que puedan afectar la libertad de prensa o de expresión?

-La experiencia internacional indica que se necesita un texto legal muy claro, donde se establezca cuáles son las finalidades de las labores de inteligencia militar o policial, pero no con afirmaciones vagas o ambiguas, sino con precisión, como señalar qué tipos de amenazas concretas pueden investigar estos organismos. Obviamente con una orden judicial previa, porque el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy grande al examinar las causales de la ley y los supuestos sobre los cuales se puede habilitar una cosa tan grave como la interferencia en la privacidad de personas. 

Las causales, además, deben ser muy claras sobre las personas que ejercen la libertad de expresión, especialmente por quienes denuncian actos de corrupción, sean periodistas o no. Ellas no deberían ser objeto de labores de inteligencia, porque justamente están favoreciendo derechos fundamentales para la vida democrática. 

Finalmente, es importante generar una supervisión posterior. En democracias consolidadas, existen espacios como comités legislativos con facultades especiales, o un órgano independiente creado con determinadas garantías que pueda pedir rendición de cuentas. En un Estado de derecho, no puede haber una zona que no esté sujeta a la ley ni a las garantías que ofrece la Constitución a los ciudadanos.

Es importante destacar el contexto internacional en que suceden estas violaciones a la libertad de expresión. Solo por mencionar un ejemplo, el medio peruano IDL Reporteros, que ha investigado presuntos actos de corrupción de diversas autoridades de su país, ha sufrido innumerables actos de hostigamientos en el último tiempo. Y para qué decir casos ocurridos con la prensa en Nicaragua, El Salvador, México o Venezuela. ¿Qué lectura hace la Relatoría sobre el escenario regional?

-Evidentemente en América Latina, e incluso en Estados Unidos, una cosa es la libertad de opinar -que salvo casos extremos de autoritarismos, parecen extendidas- y otra es la libertad para investigar e informar. Estas, en muchos casos, continúan en juego. Hace unos días, justamente (Gustavo) Gorritis, de IDL Reporteros, a propósito de todas las represalias que han sufrido por revelar la corrupción en distintos niveles del aparato judicial y político en Perú, decía que no sólo es difícil investigar como periodista y revelar hechos de abuso de poder o de corrupción, sino que también se genera un problema cuando se publican, porque se desatan muchas formas de persecución. 

En ese caso, creo que el ejercicio a la libertad de expresión, y sobre todo el periodismo de investigación, requiere de garantías normativas muy fuertes. Por ejemplo, el hecho que Perú, Chile o Colombia todavía tengan en su ordenamiento jurídico los delitos de difamación e injuria, que muchas veces protege el honor de funcionarios públicos que pueden cometer abusos de poder, en desmedro de la difusión de información de interés público, es un gran problema, porque es una amenaza latente para periodistas que incluso pueden llegar a sufrir una persecución penal.

Por otro lado, está la importancia de garantizar que las personas no sean invadidas, espiadas o interferidas. Además del caso reciente en Chile, recuerdo el caso Pegasus en México, donde varios periodistas defensores de derechos humanos, y miembros de ONG, fueron espiados con un software malicioso que fue comprado por muchos organismos públicos. En la misma línea se encuentran las detenciones arbitrarias que se dan en Venezuela y, en los casos más lamentables, el asesinato de periodistas de investigación, como lo sufrieron Javier Valdez y Miroslav Breach en México.

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