[Columna] El capítulo social de la Acusación Constitucional

La Educación Pública ha venido agudizando una situación de crisis producida por la mercantilización consolidada tanto por los gobiernos de derecha, de la ex Concertación como de la ex Nueva Mayoría.

A este fenómeno nos hemos enfrentado distintas generaciones las últimas décadas a través de organizaciones estudiantiles, organizaciones de endeudados, Colegios de Profesores y Profesoras, entre otras. Con todo, el movimiento social por la educación ha tenido severas dificultades a la hora de concretar su agenda, incluso produciéndose destituciones de titulares del Ministerio de Educación en los años 2008 y 2013. Y es que una agenda des-privatizadora no pasa necesariamente por destituir un Ministro/a; el problema es mucho más profundo y complejo.

Mientras la crisis educativa se agrava, el actual gobierno designa a una Ministra cuya agenda está lejos de abordar sus causas de fondo, preocupándose más bien de impulsar medidas altamente ideologizadas sin sustento en la investigación educacional. Medidas que se orientan –de forma inaudita- a destruir las comunidades educativas: judicialización de la convivencia escolar; entrega errónea de información a padres y apoderados, insistir en lógicas de segregación escolar encubiertas de un falso discurso meritocrático, mayor abandono de la Educación Pública, entre otras.

Luego, al momento de enfrentar la movilización del Colegio de Profesores, la misma Ministra negó el diálogo hasta ya recorridas semanas de paro, con el costo social que ello implica a las familias del país. Y cerró la puerta a algunos de los problemas más sentidos: en particular, la discriminación arbitraria de la que son objeto hace años las profesoras y profesores diferenciales y las educadoras y educadores de párvulos, al no reconocérseles su mención profesional. Sobre estas, la Ministra señaló en junio: “La piedra de tope es una sola y que es imposible para este Gobierno y para cualquier Gobierno, con la situación fiscal actual, que es la mención, el pago de la mención de las educadoras diferenciales”.

¿Quiénes son las profesoras diferenciales? Se trata de 30 mil docentes (96% mujeres) cuya acción pedagógica está orientada a desarrollar la inclusión educativa con estudiantes con necesidades educativas especiales (discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje o de lenguaje, entre otros).

Por su parte las educadoras de párvulos representan en el sistema un número que bordea los 17 mil 500 docentes, también casi en su totalidad mujeres, y que reciben los salarios más bajos del área educativa.

Sobre ambas trabajadoras -a cargo de cientos de miles de niñas y niños- se ha ejercido, entonces, una doble discriminación arbitraria: salarial y de género, sustentada en una interpretación administrativa de la legislación que el MINEDUC, en este caso, la actual Ministra de Educación, debía corregir.

Si bien los problemas descritos no tienen origen en la actual gestión, ésta ha optado por ser un obstáculo activo a la solución.

Desde esta doble perspectiva asumimos la iniciativa de Acusación Constitucional: el sistema político hasta ahora se ha mostrado incapaz de atender las necesidades que la ciudadanía pone sobre la mesa, cuestión que debemos revertir. A su vez, urge un cambio en la conducción política del Mineduc para poner freno a la escena de agravamiento de la crisis.

Para ello, se hace presente un capítulo social en la acusación, que releva la vulneración de derechos. Por otro lado, proponer una agenda de soluciones que atienda problemas largamente incubados en la educación, insuficiencias y otros. Estas consideraciones, harían de la Acusación Constitucional, una oportunidad de articulación de una oposición saludable para la democracia chilena.

Como parte de una reestructuración del documento inicial, el Frente Amplio agregó un capítulo a la acusación, que da cuenta de la vulneración al principio de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria, consagrado en el artículo 19 N°2 de nuestra Constitución Política de la República, al prolongar, -desoyendo las justas demandas de la movilización docente- un criterio discriminatorio que genera una interpretación perjudicial de la Ley 20.158, que establece la Bonificación de Reconocimiento Profesional, para el pago a las menciones de profesoras diferenciales y de párvulos, excluyéndolas de parte importante dicho bono.

El proceso de acusación constitucional que se ha abierto puede ser tomado por los movimientos y sectores que históricamente se han movilizado por el derecho a la educación y defensa de la educación pública, como una oportunidad para reafirmar su compromiso con dicha lucha. Este objetivo, requiere que no sea la lógica del Congreso la que se imponga y termine de procesar las energías sociales desplegadas durante el presente ciclo.

Para esto es necesario que cobren protagonismo las organizaciones sociales, en particular, las vinculadas a educación, exigiendo –entre otras cosas- posiciones claras al gobierno y al Congreso.

Camila Rojas – Diputada Partido Comunes, Frente Amplio
Eduardo González Encargado Departamento Educación Diferencial, Colegio de Profesores/as.
Ilonka Leiva, Movimiento Educación Diferencial MED