Por un 2020 con nosotras

Vamos terminando el año con la posibilidad cierta de comenzar un proceso constituyente paritario e inclusivo. Ya es ley el plebiscito para que todos y todas decidamos el camino constituyente que queremos trazar, pero sigue pendiente en el Senado la ratificación del sistema de paridad de género, de escaños reservados y participación de independientes. 

Las presiones de los sectores más conservadores para echar pie atrás en estos mínimos democráticos operan públicamente poniendo en riesgo la legitimidad del proceso. Pero en los barrios y en las calles, en las escuelas y universidades, en las oficinas y sobremesas, estamos y debemos estar atentas, organizadas y trabajando para que no se retroceda. Estaremos presentes en todas las sesiones del Parlamento que sean necesarias, porque no aceptaremos más decisiones sin nosotras. 

Vamos terminando el año con cinco informes -Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos- que son claros en establecer las graves, masivas y reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el 18 de octubre en Chile. 

Ante los abusos, malos tratos, hacinamiento, golpizas, desnudamientos, torturas, simulacros de ejecuciones, amenazas de muerte, traumas oculares y distintas formas de violencia sexual denunciadas de manera transversal por organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional, el gobierno ha respondido tarde y mal. 

El Presidente y su ministro del interior han sido tibios al momento de hablar, condenar y actuar respecto de las violaciones a derechos humanos, han levantado una agenda represiva y populista penalmente que en nada ha ayudado a proteger el derecho a la protesta pacífica y mejorar la persecución de delitos comunes, y han insistido con el discurso de enfrentamiento, guerra e intervención extranjera que en nada ayuda al clima social y que está lejos de la necesaria empatía, responsabilidad y capacidad política que se esperara de un gobierno en estos días. 

Pero las mujeres de Chile hemos sido históricas defensoras de los derechos humanos y la justicia, y no descansaremos hasta que se tomen medidas efectivas para detener las violaciones de derechos humanos, para que podamos volver a salir a las calles sin miedo de terminar en un hospital, para que no haya impunidad, para que haya reparación y para que realmente: nunca más.

Vamos terminando el año con 61 femicidios y un suicidio femicida (Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres), mismas cifras que el 2018. A las mujeres nos sigue matando una sociedad machista que subordina y pretende control sobre lo femenino. Y ante esto el Estado tiene una deuda gigante, empezando por la ministra de la mujer que guardó un violento silencio durante semanas mientras se denunciaban desesperadamente casos de violencia sexual policial. Una deuda gigante que incluye las policías que desestiman nuestras denuncias, el poder judicial que nos revictimiza y reproduce estereotipos que promueven la impunidad, y la absolutamente ausente política de prevención de la violencia de género.

Treinta años hemos esperado para la promulgación de una ley contra la violencia hacia las mujeres con presupuesto para su ejecución, con mandatos y responsabilidades claras de los órganos del Estado. Para que ni una más y para que ni una menos, este 2020 no esperamos más.

Vamos terminando el año con altísimas cifras de funcionarios/as público/as objetores/as de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. A septiembre de 2019, el 46,0% de los/as obstetras rechaza intervenir en la interrupción de un embarazo resultado de violencia sexual, 25,3% en la causal inviabilidad y en caso de riesgo vital el 18,4%. La situación es crítica a nivel nacional, pero particularmente para mujeres y niñas que requieren la interrupción de un embarazo resultado de violencia sexual en Osorno y Araucanía Norte (89,5% de objeción en causal de violación), Maule (75,6%), O’Higgins (74,6%), Concepción (74,5%), Reloncaví (70,4%) y Valdivia (68,2%). 

Esta evidencia llama a que el ministro de salud adopte medidas concretas para asegurar que todas las mujeres y niñas que requieran la interrupción voluntaria del embarazo tengan acceso oportuno a la atención de salud que la ley Nº 21.030 les garantiza. Asimismo, nos llama a avanzar el debate de despenalización del aborto en el marco de un reconocimiento integral de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Este 2019 termina con esperanzas y desesperanzas, pero con nosotras más organizadas que nunca. Este 2020, empieza y termina con nosotras.