[Carta de Asociación Pensamiento Penal] Nueva Constitución: Dignidad y Seguridad para tod@s

La seguridad pública en Chile ha sido una constante problemática, como también, usualmente una prioridad para la ciudadanía. Ser víctima de un delito, hace sentir a las personas vulnerables, sin olvidar que en ocasiones, más allá de un robo y de la pérdida de un objeto de valor, la comisión del delito puede también significar ser víctima de una agresión física. Razones hay para preocuparse.

Por algo en todas las encuestas, la seguridad siempre ha estado primera o en el podio de los temas que más preocupan a la gente. Lo que curiosamente cambió durante el estallido social, viéndose en la última CEP como la seguridad pasó de ser la principal problemática que necesitaba ser atendida, a bajar varios puestos. Justo en un contexto donde los medios nacionales disminuyeron notoriamente su ‘prensa roja’ o la dedicación de su programación y editorial a los delitos comunes o de mayor connotación social.

Al respecto, tanto en medios como en política, en Chile siempre se ha hablado de la “puerta giratoria”, aún teniendo por ejemplo, 233 personas presas por cada 100.000 habitantes, lo que nos convierte en el segundo país de la OCDE con mayor tasa de personas privadas de libertad, siendo solo superados por Estados Unidos, que tiene a 655 presos por cada 100.000 habitantes, según el informe World Prison Brief. Y sin dejar de mencionar, que en el país hay al menos 3.092 personas sometidas anualmente a prisión preventiva siendo inocentes (cifra del año 2017).

Lo que nos hace pensar más bien en otras razones detrás de la inseguridad que se puede vivir en ciertos barrios: la falta de contención y programas psicosociales para niños/as y adolescentes con conductas disruptivas o violentas; la poca, negligente o hasta abusiva presencia de Carabineros; la escasa inteligencia policial; la saturación y la falta de optimización de Fiscalía; y también, un sistema penal, económico y social que no tiene dentro sus enfoques la reinserción, por lo que tiende haber bastante reincidencia.

Ante eso, y volviendo al contexto actual, este proceso constituyente se vislumbra como una oportunidad para avanzar hacia un sistema o una política de Estado, que en cuanto a la delincuencia, tenga un enfoque de seguridad integral. Que no caiga en la respuesta efectista, como han sido las recientes legislaciones al respecto, estando como ejemplo, la llamada Ley anti-barricadas o antes el control preventivo de identidad, que no bajarán ni han disminuido los delitos respectivamente. Porque el enfoque debe ser otro, orientado en la prevención y reinserción. Islandia, Nueva Zelanda y Portugal, los tres primeros países del Índice de Paz Global, han hecho eso, y esta es la instancia para que sigamos su camino.

Por ello, una Nueva Constitución, además de ser en nuestro caso nacional, la oportunidad de tener nuestro primer pacto social y dejar atrás un historial constitucional que ha tendido a ser deficientemente democrático, es también la oportunidad de que como estado chileno dejemos el populismo penal atrás y enfrentemos esta problemática social de una manera seria, responsable y ética.

Partimos por lo de ética, porque es fundamental de un estado democrático, que el actuar de todas sus instituciones y agentes, se rija por los Derechos Humanos. Por ello, además de hacer un llamado a reafirmar constitucionalmente nuestro compromiso con la diversas declaraciones y convenciones de Derechos Humanos, hacemos hincapié en la importancia de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estén textualmente incluidos en esta nueva constitución, más allá de las declaraciones y convenciones adscritas. Con la niñez y adolescencia protegida en sus derechos, la delincuencia tiende a disminuir radicalmente.

Esta nueva constitución, deberá estar orientada en que frente a la problemática social que es la delincuencia, el Estado se enfocará en la prevención y reinserción social, por sobre el control y la represión. Por lo que proponemos que estén los siguientes principios y derechos, además de los actuales, como lo es el caso del derecho al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, entre otros, que deben seguir estando tras este proceso constituyente.

Derecho a la reinserción y a rehacerse, integralmente

Esto es fundamental en la nueva constitución. Necesitamos que el Estado realmente se preocupe de garantizar la reinserción de la persona que haya cometido delito y que por ello haya sido sancionada. Tanto la misma sanción como lo que venga después, tiene que tener a la reinserción del sujeto como foco.

Y esto deberá ser integral, porque no solo el sistema penal deberá ser apto y garante de la reinserción del sujeto, sino que también, todo el sistema económico y social deberá dar facilidad para que el individuo pueda reintegrarse (o integrarse) en la sociedad. Importante también, es la restitución de derechos y que la reinserción incluya a todo el círculo cercano de la persona, quienes también de igual manera se vieron afectados durante dicho proceso.

La persona privada de libertad no perderá sus derechos políticos y el Estado deberá velar por ello

Esto ya existe, pero no se respeta. Actualmente, toda persona privada de libertad sin pena aflictiva puede votar, pero el Estado no está velando por ello. Siendo ya muchas las elecciones en las que a los privados de libertad se les ha vulnerado su derecho a sufragar. Es importante que puedan votar, porque al final son ciudadanos, que cumpliendo su condena, volverán a desenvolverse en la sociedad como cualquier otro, por lo que de ellos también es de interés las políticas que influyan en la realidad de su comuna, provincia, región o país.

La cárcel será siempre una medida cautelar o sancionatoria de ultima ratio

Aquí está la madre del cordero. Estamos en un país, y según lo que se ve en las cifras entregadas anteriormente, en el que hay un uso abusivo de la cárcel, conllevando esto hacinamientos, vulneraciones a los Derechos Humanos y por lo tanto también, mayor reincidencia. Y esto debe terminar. No puede ser que hurtos, robos menores o la copia ilegal de algún contenido, tenga como sanción la cárcel. Entre los muertos de la tragedia de la cárcel de San Miguel había un joven que vendía cds piratas, cuando nunca debió llegar allá. Hace poco un profesor estaba con prisión preventiva porque en el contexto del estallido social rompió un torniquete. ¿El robo de un teléfono o un torniquete valen más que nuestra libertad? La respuesta se hace obvia, sin olvidar que ya hay penas sustitutivas (con libertad condicionada) que son mucho más efectivas y tienen menos porcentaje de reincidencia.

El sistema sancionatorio estará constituido atendiendo las diferencias de género que existen en la sociedad

Desde la vocación por una igualdad de género sustantiva y no sólo formal, que se haga cargo de las diferencias estructurales que existen entre hombres y mujeres, y de los roles de género establecidos, es fundamental la transversalizacion del género en la constitución, incluyendo el sistema de sanciones. Tanto para combatir las expresiones de violencia machista, como para los casos que sean de mujeres infractoras de ley, considerando factores sociales, económicos y familiares para tales efectos.

En el caso específico de mujeres privadas de libertad,  proponemos que se tengan en consideración las recomendaciones internacionales en la materia, en especial aquellas referentes a su acceso a derechos fundamentales, una infraestructura adecuada y un trato con perspectiva de género desde la institucionalidad penitenciaria.

Instituciones que deben estar en la Nueva Constitución

En esta nueva constitución es importante que instituciones como Fiscalía, Defensoría de las Víctimas, Defensoría Penal Pública, Defensor del Pueblo, Defensoría de la Niñez y el Instituto de los Derechos Humanos, estén en ella, con plena autonomía y con el suficiente financiamiento para que puedan llevar adelante su importante labor de la manera más óptima posible. Junto con además, nuevas instituciones policiales y de seguridad, que tengan los Derechos Humanos, la transparencia y la sumisión al poder civil como principios centrales. Sin olvidar que los juzgados y jueces de todas las instancias, deben seguir manteniendo su autonomía, pero sin la actual opresión proveniente de la dictadura, que limita sus libertades civiles y políticas aún estando fuera de su trabajo.

Como Asociación Pensamiento Penal (APP), creemos que estos principios e instituciones son fundamentales para avanzar hacia una seguridad integral, donde no solo logremos convertirnos en un país con menos delincuencia, sino que también, en el que la dignidad sea un piso mínimo garantizado para toda persona que habite en Chile.

FIRMAS DE ASOCIADOS/AS PENSAMIENTO PENAL CHILE (@pensapenalchile)

– Alejandro Basulto Cruzat, Periodista, Director APP Chile

– José Henríquez Muñiz, Abogado, Director APP Chile

– Paulina Díaz Guzmán, Socióloga, Directora APP Chile

– Grace Méndez Montes, Abogada, Directora APP Chile

– Claudio Fierro Morales, Abogado, Director APP Chile

– Verónica Encina, Abogada, Directora APP Chile

– Trinidad Lathrop Leiva, Etóloga, Asociada APP Chile

– Daniel Quinteros Rojas, Sociólogo, Asociado APP Chile

– Israel Villavicencio, Abogado, Asociado APP Chile

– Rodrigo Rettig Vargas, Abogado, Asociado APP Chile

– Rodrigo Villegas Herrera, Administrador Público, Asociado APP Chile

– Susana Gatica Simpson, Abogada, Asociada APP Chile

– Patricio Tello Pizarro, Abogado, Asociado APP Chile

– José-Tomás Lara Oteíza, Abogado, Asociado APP Chile

– Javier Ruiz Quezada, Abogado, Asociado APP Chile

– Nicolás del Fierro, Abogado, Asociado APP Chile

– Pablo Camilo Villar Maureira, Abogado, Asociado APP Chile

– Olga Espinoza Mavila, Abogada, Asociada APP Chile

– Iván Fuenzalida Suárez, Abogado, Asociado APP Chile

– Paola Zapata Díaz, Abogado, Asociado APP Chile

– Luis A Vergara Cisterna, Abogado, Asociado APP Chile

– Constanza Schönhaut Soto, Abogada, Asociada APP Chile

– Mauricio Obreque Pardo, Abogado, Asociado APP Chile

– Estefanía Simonetti, Socióloga, Asociada APP Chile

– Paula Medina González, Psicóloga, Asociada APP Chile