Columna de Pablo Ortúzar: Los mismos de siempre

¿Qué es un experto? Al escuchar esta palabra uno piensa rápidamente en algún académico con posgrados y muchos papers sobre algún tema. Sin embargo, el concepto apunta a la experiencia, definida como la “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”. La mayoría de los académicos, en ese sentido, son expertos en investigar, hacer clases y publicar papers sobre un tema. Pero no necesariamente tienen experiencia práctica en aquello que investigan. Alguien que fue ministro de Hacienda, por ejemplo, tiene un tipo de experiencia que un economista de campus especializado en macroeconomía no tiene. El especialista no es lo mismo que el experto.

El debate sobre cuál es el perfil ideal para los miembros de la comisión constituyente es, justamente, sobre experticia. Cuando alguien dice que no quiere que la nueva Constitución la redacte gente que no entiende la realidad de la mayoría de los chilenos, está fijando un criterio experto. Se demanda un cierto conocimiento práctico que no se logra simplemente estudiando teorías o pensando en abstracto. 

De esta demanda de “realidad” (o “calle”) se puede pasar rápidamente a la idea de que cualquier persona que sea representativa del chileno común y corriente está mejor capacitada para redactar la Constitución que un académico que vive una vida cómoda y privilegiada, y que la parte “técnica” la pueden ver asesores jurídicos. Esto, por cierto, tiene lógica: si la Constitución nos va a regir a todos, mejor que la escriba gente que entiende la forma de existir de la mayor parte de los chilenos. 

El problema con este razonamiento, sin embargo, es que asume que la Constitución es algo así como un contrato social. Es decir, un acuerdo sobre la forma ideal que debería tener la sociedad. Esta idea ha sido incentivada por políticos e intelectuales orgánicos, especialmente de izquierda, con el fin de mantener altas las expectativas populares en el proceso. Pero la Constitución no es eso: es un mecanismo de organización, división y equilibrio del poder político radicado en el Estado. Es un artefacto que distribuye los flujos de poder dentro del aparato burocrático, además de los ritmos y formas del cambio legislativo. Luego, la experiencia más idónea en el campo constitucional no es la del ciudadano más representativo de la forma en que vive la mayoría, sino la de aquél que tiene pericia en la operación de las instituciones políticas. 

¿Quiénes tienen experiencia en esta materia? No principalmente los teóricos constitucionalistas, los periodistas famosos, los personajes de farándula, los académicos universitarios ni los manifestantes destacados. Quienes tienen experiencia en relación al funcionamiento de las instituciones del Estado en el mundo real son quienes conocen el aparato por dentro y por fuera, quienes han trabajado en él y quienes han colaborado con su construcción. Esto es, en su mayor medida, justamente los hombres y mujeres que hoy muchos parecen despreciar: burócratas, políticos profesionales, ex-presidentes, ex-ministros, rectores universitarios y servidores públicos de toda índole. Incluyendo, por cierto, alcaldes, especialmente a los que se han desempeñado en municipios complejos. 

Carolina Tohá, Ricardo Lagos Escobar, Camilo Escalona, Eduardo Frei, Juan Carlos Reinao, Isabel Allende, Rolf Lüders, Michelle Bachelet, Carlos Carmona, Sergio Bitar, Ramona Reyes, Luis Riveros, Andrés Velasco, Mariana Aylwin, Eduardo Aninat, Felipe Bulnes, Natacha Pino, Jorge Correa Sutil, Soledad Alvear, Pablo Longueira, Carlos Peña, Rodrigo Álvarez, Víctor Pérez Vera, Antonio Viera Gallo, Joaquín Brunner, Darío Paya, Harald Beyer, Máximo Pacheco, Francisco Huenchumilla, Evelyn Matthei, Carlos Montes, Gloria Hutt, Magdalena Matte, Alfredo Moreno y Nicolás Eyzaguirre son ejemplos de este perfil. A todos ellos es fácil apuntarlos con el dedo y acusarlos de algo: son rostros públicos con trayectoria. Han debido navegar aparatos administrativos en mares bravos, tomando decisiones acertadas y equivocadas, poniendo a prueba las instituciones y su diseño. Pero eso es justamente lo que los capacita para la tarea constituyente. 

Pero ¿no es acaso esta misma gente la que nos condujo a la actual situación crítica? ¿No son simplemente agentes reproductores de los intereses y puntos de vista de las élites indolentes? ¿No son “los mismos de siempre”? Este argumento suena bien, pero mirado de cerca palidece. Hombres y mujeres como los mencionados tienen en común el haber luchado por desplegar agendas en los marcos del actual diseño, entendiendo por ello sus falencias y fortalezas. Son los mejores actores públicos de la transición -la etapa más próspera de la historia de Chile- y la lista de ellos no es infinita. Son, además, personas que conocen lo que es construir acuerdos entre bandos enfrentados. Y, lo más importante, saben pensar en términos institucionales. 

El tipo de razonamiento que requiere el diseño de reglas constitucionales es sistémico, práctico y estratégico a la vez. Demanda no sólo generar reglas que se complementen de manera coherente, sino especialmente anticipar su interacción con el mundo real y los escenarios que abren o cierran. Este tipo de razonamiento sólo se adquiere combinando reflexión y acción. No simplemente leyendo libros, ni tampoco puramente estando en la calle. 

Si esto es así, la popular dupla de un ciudadano promedio bienintencionado, pero sin experiencia en las instituciones del Estado, y un equipo jurídico de académicos constitucionalistas, bien podría ser la menos adecuada para la tarea entre manos, especialmente considerando los estrechos plazos que se manejan para el trabajo de la convención. 

“El tipo de razonamiento que requiere el diseño de reglas constitucionales es sistémico, práctico y estratégico a la vez (…) y sólo se adquiere combinando reflexión y acción. No simplemente leyendo libros, ni tampoco puramente estando en la calle”.

“El Federalista” comienza así: “parece haber sido asignado a los miembros de este país el resolver la importante pregunta de si las sociedades humanas son realmente capaces de establecer el buen gobierno de forma voluntaria y reflexiva, o si su destino es depender de constituciones políticas impuestas por la fuerza y los accidentes”. Esa es exactamente nuestra encrucijada hoy. Y resolverla a favor de la primera opción depende, tal como nos ilustra el resto de esa famosa obra, de que entendamos bien la tarea que tenemos por delante, sin hacernos falsas expectativas; de que los redactores del texto constitucional sean ciudadanos con visión y experiencia de Estado; y, por último, de una opinión pública inquisitiva y alerta, atenta a lo importante, y no distraída por el ruido del escándalo y la farándula. ¿Estaremos a la altura? 

*Pablo Ortúzar es investigador IES.