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Elisa Alcaíno y su red de apoyo a mujeres en la cárcel

En medio de la pandemia del Covid-19 vio la urgencia de llevar insumos de aseos, colchones y otros productos de primera necesidad a mujeres privadas de libertad en la Región Metropolitana. La iniciativa creció y se convirtió en la Red de Acción Carcelaria, un espacio colaborativo que busca apoyar a las internas y visibilizar sus realidades para incidir en las políticas públicas del país.

Oscuridad. Una profunda oscuridad. Esa fue la sensación que quedó marcada en la memoria de Elisa Alcaíno luego que, en primero medio, fue a conocer una cárcel junto a su madre.

Desde entonces, no ha parado de ir a esos recintos. A brindar un poco de luz para esas mujeres, privadas de tantas cosas en nuestra sociedad. Cada año, con amigas y primas, preparaba regalos de Navidad para los hijos de las mujeres presas.

“Todo ese mes de diciembre hacíamos campañas, juntábamos cosas para que las mamás detenidas pudieran ver a sus hijos y darles un regalo. A veces íbamos a animar, a veces llevábamos al Viejito Pascuero”, recuerda Elisa, añadiendo que esas actividades la hicieron empatizar más con la temática carcelaria. “Era una fecha súper emotiva, donde las mujeres, la mayoría madres, siempre sentían mucha culpa. Ese encierro agobiante y toda la institución remando para otro lado me hacía sentir aun más oscuridad…”. De acuerdo con cifras oficiales, el 89% de las mujeres encarceladas en Chile son madres.

Esa preocupación e interés por ellas no hizo más que crecer con los años.

En la Universidad, Elisa estudió sociología. Más tarde, hizo un diplomado en Justicia Penal y Género. Actualmente es investigadora del Centro de Estudio de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, que se dedica a temas asociados a la delincuencia y grupos marginados.

Además, hoy a sus 25 años es la directora de la Red de Acción Carcelaria, una organización que busca apoyar a las mujeres privadas de libertad y visibilizar las dañinas consecuencias de la cárcel para ellas, sus familias y las comunidades. Su objetivo, destaca Elisa, es lograr un sistema penal y penitenciario que garantice los Derechos Humanos y una sociedad justa e igualitaria.

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La idea de formar una red de apoyo a las mujeres en la cárcel cobró fuerza durante la pandemia del Covid-19. En abril de 2020 se restringió el acceso a las prisiones por la emergencia sanitaria y las más de 3.200 mujeres privadas de libertad en Chile -según cifras de Gendarmería– se vieron aún más aisladas de sus seres queridos y de la comunidad.

Con un grupo de amigos y familiares, Elisa se dio cuenta de que las cárceles de San Joaquín y San Miguel recibían más ayuda que los demás recintos penitenciarios. Por eso, decidió crear una campaña para llevar insumos de aseos, colchones y otros productos de primera necesidad a 500 internas de la Región Metropolitana en junio y julio de 2020.

Pero Elisa y su red de contactos sabían que las mujeres de todo el país necesitaban apoyo. “Nos empezamos a preguntar ‘¿qué está pasando con las mujeres del Sur? ¿qué está pasando con las mujeres del Norte?’ y empezamos a armar campañas para ayudarlas con artículos básicos”.

Así, en septiembre y octubre de 2020 apoyaron a 500 reclusas de Tarapacá y Antofagasta, en noviembre del año pasado entregaron kits de higiene a 137 internas de Coquimbo, y en diciembre hicieron kits navideños a más de 200 mujeres encarceladas en Rancagua y Talca.

Cerraron el año 2020 habiendo brindado apoyo a más de 1.300 mujeres del país. Y, en lo que va de este año, han entregado kits de higiene a más de 500 mujeres de Arica y Parinacota, Los Andes y Tarapacá. Pronto irán a Antofagasta.

“Los kits de higiene fueron importantes para visibilizar que las mujeres encarceladas hoy en Chile no cuentan con productos para su menstruación y, además, en muchos casos no tienen jabón o agua. Nos sirvió para mostrar el tema y decir: oye, hay que hacer algo”, cuenta Elisa.

Los insumos de higiene menstrual no son entregados a las mujeres privadas de libertad en Chile. Pero el Estado chileno ha sido signatario de una serie de regulaciones internacionales que han destacado la importancia de esos productos, como las Reglas de Bangkok.

Esa normativa, también conocida como “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, establece en su regla número 5 que “se deberán contar con los medios y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua”.

Asimismo, la última investigación del INDH en cárceles chilenas reveló que en la mayoría no hay agua potable las 24 horas del día y en varias de ellas no hay agua caliente. El estudio también constató desagües tapados o estancados, falta de limpieza, humedad, hongos, filtraciones y escasez de ventilación.

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Al ahondar en el mundo carcelario, pronto Elisa y su equipo compuesto por otras seis mujeres se percataron de que a las deficiencias estructurales de las prisiones se sumaba la ausencia de educación.

Buscando sanar esa situación, la Red de Acción Carcelaria ha realizado diferentes iniciativas. Por ejemplo, realizó junto con el Colegio de Matronas, charlas sobre salud sexual y reproductiva en un centro penitenciario e impulsó, en conjunto con el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y la psicóloga y sexóloga Josefa Arentsen un ciclo de conversatorios intrapenitenciarios sobre violencia de género, anticoncepción y cuidado de la salud sexual.

“Creo que nunca se había hecho algo parecido a eso. Fue bien innovador y las mujeres que asistieron estaban súper interesadas. Pero ahora debemos hacer un seguimiento a eso. Sí o sí tiene que haber un trabajo para seguir conversando sobre esos temas y no dejarlos de lado”, sostiene Elisa.

Ahora, la Red tiene previsto, junto a la ONG Menstruar en la Calle y abogadas de la Defensoría Penal Pública implementar en el centro penitenciario de San Miguel una iniciativa para combatir la pobreza menstrual que afecta las cárceles de mujeres.

Elisa y su grupo de trabajo también han buscado levantar información, datos, perspectivas y opiniones desde las propias mujeres que experimentan la privación de libertad y sus consecuencias. En ese sentido, por ejemplo, colaboran con la Plataforma Telar -una iniciativa que busca relevar opiniones y experiencias que existen en Chile y ver cómo se encuentran reflejadas en la Nueva Constitución. En específico, la Red de Acción Carcelaria está aplicando cuestionarios a 250 mujeres en cárceles de Iquique, Santiago, Talca, Concepción y Arauco para levantar información, expectativas y experiencias de un sector cuyas opiniones no suelen ser llevadas en consideración.

“Hemos visto que en la cárcel se cruzan todas las variables de desigualdad: fracasó el barrio, fracasó la salud, la educación, la familia, las políticas públicas y llega la gente más marginada del país. Por eso tratamos de visibilizar quiénes son esas mujeres. Claramente hoy la cárcel es una institución fracasada y aun así vemos que, transversalmente -y eso es lo peor- no hay interés en quienes están privados de libertad”, comenta Elisa, añadiendo que “en Chile se castiga la pobreza”.

Además de eso, han compartido información y promovido conversaciones con diversos actores públicos y privados con el fin de incidir en el debate y las políticas públicas.

En esas instancias, han dado a conocer una serie de realidades poco conocida sobre las mujeres privadas de libertad. Un ejemplo: según cifras oficiales, poco más de la mitad (57%) está condenada por un delito. Es decir, 43% de ellas se encuentra a la espera de una condena o absolución. Esto infringe las Reglas de Tokio (reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad) con respecto al uso de la prisión preventiva como último recurso. Además, estas mujeres no pueden acceder a programas de reinserción, porque la normativa no permite que quienes están en calidad de imputadas sean elegibles.

“Siempre que voy a una cárcel siento injusticia. Converso con algunas mujeres y veo que muchas están ahí esperando su juicio o están encerradas por haber cometido un delito menor, como haber robado una mochila incluso”, relata Elisa, agregando que todo aumenta su certeza de que es una persona privilegiada y de que en Chile “está mal partido el chancho”.

Además, la red hace el seguimiento a diferentes proyectos que están durmiendo en el Congreso, como la Ley Sayen, que busca que las mujeres privadas de libertad que estén embarazadas o tengan hijos menores de 3 años puedan postergar el cumplimiento de su condena en una cárcel.

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Aunque está orgullosa del trabajo que ha hecho en la Red en pro de las mujeres encarceladas, constantemente Elisa se pregunta: “¿Por qué estamos haciendo eso?”.

Lo explica: “No somos nosotras las que debiéramos estar haciendo esta pega. ¿Por qué no están en las políticas públicas? Claro, este es un tema que me gusta mucho estudiar, pero por otro lado pienso que esto no debiera nacer solo de la sociedad civil, sino del Estado”.

Esa ausencia del Estado es percibida por quienes están detenidas. “Siempre que vamos a la cárcel insistimos en que somos de la sociedad civil, sino somos recibidas con rechazo”.

Así como el mundo político las ignora, ellas los ignoran de vuelta. Es un vaivén de oscuridad donde Elisa y su red colaborativa buscan iluminar. Iluminar con productos, conocimiento y visibilidad. Porque esas mujeres siguen existiendo. Queramos hacernos conscientes de eso o no, ellas siguen ahí.

Si tienes interés, puedes ayudar a Red de Acción Carcelaria a través de donaciones y trabajo voluntario. Sus correos de contacto son hola@accioncarcelaria.org y comunicaciones@accioncarcelaria.org Más información en www.accioncarcelaria.org

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