Patricio Vera

Bajo la lupa: Las propuestas de los candidatos para frenar el cambio climático

Cada año el tema se torna más urgente, mientras la evidencia científica califica varios aspectos del fenómeno como irreversibles. ¿Cuál es el análisis de la situación de Chile?, ¿qué aspectos abordan al respecto las propuestas de los presidenciables? Cuatro expertos miran lo que proponen esos programas frente al cambio climático: reconocen lo bueno, pero coinciden en que son insuficientes, que hay cuestiones de fondo no incluidas y que las medidas no contienen mucha novedad.

“Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, océano y suelo”. Así de categórico es el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), cuyos resultados se dieron a conocer en agosto pasado tras un trabajo de tres años y que fue elaborado en base a literatura científica -14 mil estudios- recopilados por 234 científicos de diferentes partes del mundo.

Lo más relevante es que, en algunos aspectos, el cambio de la temperatura global producirá alteraciones sin vuelta atrás, como por ejemplo el derretimiento del Ártico. A esto se suma la intensificación -en aumento y magnitud- de eventos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales, tormentas y sequías, lo que se traduciría en pérdidas humanas y materiales en los próximos 20 a 30 años.

Desde la revolución industrial, el planeta se ha calentado 1,1° Celsius, y las proyecciones indican que esto aumentará en 1,5° por sobre los registros actuales. Por ello, las recomendaciones apuntan a disminuir, de manera rápida y a gran escala, los gases de efecto invernadero, entre ellos, el dióxido de carbono y metano.

Chile, según explican expertos, si bien es un país que no genera grandes emisiones, sí será uno de los que sufrirá de manera más intensa las repercusiones de la crisis climática. El país tiene, por sus condiciones geográficas, siete de los nueve factores de vulnerabilidad definidas por la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU: áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.

Además, Chile se encuentra en el lugar número 18 del ranking global de estrés hídrico del Instituto Mundial de Recursos (WRI), presentando un riesgo “extremadamente alto”.

Ante este escenario, de acuerdo al sitio FastCheck.cl, los cuatro presidenciables que más marcan en las encuestas hacen las siguientes menciones explícitas al cambio climático en sus propuestas: Yasna Provoste (23), José Antonio Kast (9), Gabriel Boric (8) y Sebastián Sichel (5). Pero más allá de estos números, ¿qué dicen los programas de los candidatos sobre el tema?, ¿qué tan factibles son esas propuestas a ojos de los especialistas?

PROVOSTE: TECHOS SOLARES Y CARBONO NEUTRALIDAD AL 2040

De acuerdo a los expertos consultados, el programa de la militante de la DC es uno de los más completos sobre este asunto entre los candidatos presidenciales. Quien está detrás de ello es el ex ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso y PhD en la Universidad de Iowa.

Para él, “primero que todo hay un desafío de inversión en resiliencia climática. Tenemos servicios básicos, infraestructura y personas que están expuestas el cambio climático. También hay desafíos en justicia y equidad,  porque éste afecta a las personas que menos causan el problema”.

El diagnóstico realizado implica, de acuerdo al programa de la candidata, que “Chile no podrá alcanzar el desarrollo mientras éste se base en la extracción y exportación de recursos naturales no renovables”. Por ello, se ve una oportunidad en que el país pueda contribuir al desarrollo de tecnologías y combustibles limpios, así como también cuidar el patrimonio natural: “Debemos considerar soluciones basadas en la naturaleza, tales como la conservación y protección de las cabeceras de las cuencas hidrográficas; la restauración de los flujos naturales; la protección estratégica de terrenos; la reforestación y conversión forestal; la restauración de riberas, humedales y turberas”.

De acuerdo a los expertos consultados, el programa de la militante de la DC es uno de los más completos sobre este asunto entre los candidatos presidenciales.

Entre las medidas expuestas está desarrollar un programa de empleos de emergencia con sello verde, enfocados a la mitigación de desastres climáticos, como la limpieza de quebradas, lechos y riberas de ríos, junto con la reforestación.

También, entre otras iniciativas, se proyectan 400 mil nuevas viviendas sustentables y/ o abastecidas de energía solar, participación ciudadana en la calificación de los proyectos ambientales, acelerar las inversiones en energías renovables, impulsar licitaciones 100% focalizadas en buses eléctricos en Santiago y regiones, y construcción de infraestructura verde que proteja los centros urbanos de amenazas como inundaciones y aluviones.

Además, impulsar una ley de eficiencia hídrica y la ley marco de cambio climático, firmar el Acuerdo de Escazú -tratado medioambiental que incluye a Latinoamérica y el Caribe-, y acelerar la meta de carbono neutralidad al 2040 (actualmente está proyectada al 2050) con una matriz energética 100% renovable al 2035.

https://www.theclinic.cl/2021/10/23/al-gore-la-naturaleza-esta-alzando-su-voz-como-nunca-lo-habia-hecho-antes/

KAST: SEGURIDAD ENERGÉTICA Y MEJORA EN LA CALIDAD DEL AIRE

En el capítulo “Atrévete a un progreso sustentable”, el programa del candidato del Partido Republicano plantea que “Chile debe tomar decisiones de largo plazo abandonando las ‘modas’ energéticas que las señales políticas cortoplacistas entregan a los agentes económicos”. Añade que esto implica “considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo hidráulica, renovables, nuclear, geotérmica y carbón limpio, sin exclusiones arbitrarias”.

En este sentido, la seguridad energética será una prioridad: “Nos ocuparemos para que las familias resuelvan sus necesidades de combustibles y electricidad al menor costo e impacto ambiental, con variedad de oferta disponible y un alto grado de continuidad. Después estarán los intereses de organismos internacionales, ambientalistas, empresas o gremios”.

Entre las propuestas, está el acelerar la transición hacia la electromovilidad, mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos, y el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.

Luego, en el capítulo “Atrévete a proteger el Medioambiente”, se indica que el desarrollo sustentable debe asegurar la satisfacción de las necesidades y calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. “El desarrollo económico y la protección medioambiental deberán ser consideradas fuerzas complementarias”, dice el documento. Para el candidato, las medidas deben ceñirse a los principios de responsabilidad ambiental, eco inteligencia, remediación, compensación y fiscalización.

Macarena González, ingeniera civil industrial UC y encargada de Medio Ambiente del comando, afirma que “es urgente tomar medidas para una adecuada gestión del recurso hídrico, y mitigar la sequía mediante la generación de nuevas fuentes de agua y sus formas de almacenamiento”.  Dentro de las propuestas, se proyecta generar un nuevo Código de Aguas, el incentivo del uso de aguas desanilizadas, construcción de embalses y almacenamiento de aguas lluvias, entre otras.

También son relevantes temas como la degradación de los suelos, en que se propone avanzar en una Ley General de Suelos; la contaminación del aire -considerada el principal problema ambiental de los chilenos-; la contaminación lumínica y el exceso de ruido.

Entre las propuestas de Kast, está el acelerar la transición hacia la electromovilidad, mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos, y el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.

Otra de las medidas apunta a poner fin a las zonas de sacrificio. A su vez, se incluye la problemática de los relaves mineros abandonados, mejorar la ley de tenencia responsable de mascotas, la agricultura sustentable, el ordenamiento forestal, junto con la reutilización, recirculación y reciclaje de residuos. “Urge la implementación del programa Chile Limpio”, se lee.

Se contempla el aumento de las áreas silvestres protegidas, el cuidado de los humedales, la protección de los ecosistemas marinos, la preservación de los glaciares, y el monitoreo de cuencas.

BORIC: DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN DE LOS OCEÁNOS

El tercer programa con más menciones al cambio climático tiene entre sus ejes “la trasformación productiva y transición ecológica justa”. Aquí uno de los puntos principales es el de la minería: “Nuestro compromiso principal será velar porque el agua dulce esté en primer lugar disponible para la naturaleza y el abastecimiento humano. Para esto, se reducirá el consumo de la industria minera”.  Este ítem contempla la inclusión de plantas desaladoras, nuevas fuentes de combustibles y mayor participación ciudadana.

En el análisis de la situación país, Pedro Glatz, máster en Ecología Humana en la Universidad de Lund y parte del equipo de Medioambiente del comando, explica que “a pesar de que en términos absolutos Chile es un país que emite una proporción baja del total de gases de efecto invernadero, la verdad es que tenemos la mayor huella de carbono per cápita de América Latina y debemos disminuir el impacto que generamos. Contamos con ventajas comparativas gigantescas para avanzar de forma mucho más ambiciosa de lo que se ha hecho hasta ahora”.

En cuanto a la estrategia de adaptación, se toma en cuenta la soberanía alimentaria -considerando la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala-, la protección de glaciares, el ordenamiento territorial y el manejo de las cuencas.

A su vez, se busca reforzar el liderazgo y los compromisos internacionales en la materia, como el Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana, el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS al 2030, además de firmar el Acuerdo de Escazú.

Para proteger los océanos se plantea derogar la ley de pesca, crear un Ministerio del Mar, avanzar “hacia la certificación de las pesquerías y acuicultura”, la creación de una red nacional de monitoreo y análisis de biodiversidad marina, entre otros.

Entre las propuestas relacionadas a energía, se contempla el recambio energético residencial y aislar térmicamente un total de 33.000 viviendas en 22 comunas del país. También se aborda la deuda por el no pago de servicios básicos, y el desarrollo del hidrógeno verde en tres macrozonas de Chile.

Respecto a la escasez hídrica, se añaden algunas propuestas como una ley de aguas grises -desechadas de lavamanos o lavadoras-, “multas ejemplificadoras” a la extracción ilegal de agua, y fortalecer la institucionalidad a nivel local, como la creación de oficinas hídricas locales.

Por último, se incorporan medidas para la conservación de la biodiversidad y la aplicación de estándares internacionales de bienestar animal.

SICHEL: ECONOMÍA CIRCULAR E INNOVACIÓN

Dentro del análisis del programa del candidato, se plantea que Chile es uno de los países con mayores problemas de contaminación de aire del mundo y que el cambio climático altera tanto el medio ambiente como la producción. La biodiversidad del país se ve con un “tremendo potencial turístico” y que las exportaciones cada vez exigen más una trazabilidad que muestre un cuidado del planeta.

Asimismo, considera “el desarrollo sustentable como base de la institucionalidad, aplicar el principio de justicia ambiental e intergeneracional, el principio de ecología integral, el reconocimiento de bienes comunes y estratégicos, y el derecho de participación y acceso a la información en materia ambiental”. Esto requiere la incorporación de mecanismos de democracia ambiental, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y fin a las zonas de sacrificio, entre otros.

Dentro de las propuestas está la economía circular, con estrategias enfocadas en repensar, rediseñar, reducir, refabricar, reparar, redistribuir, reutilizar y reciclar. En este sentido, se plantea ampliar la ley REP (Responsabilidad Extendida al Productor) para que se incluyan, por ejemplo, los residuos textiles. También avanzar en la normativa de residuos orgánicos industriales y materiales de construcción.

El apoyo a la innovación también es un eje importante, con recursos destinados a CORFO y Sercotec, así como también el apoyo a emprendimientos con certificación ambiental en plataformas como ChileCompra.

Dentro del análisis del programa de Sichel, se plantea que Chile es uno de los países con mayores problemas de contaminación de aire del mundo y que el cambio climático altera tanto el medio ambiente como la producción.

La eficiencia energética es otro aspecto clave: según consta en el programa, ésta “es una herramienta potente contra el cambio climático, pudiendo llegar a aportar hasta con el 40% de la disminución de emisiones”. Esto involucra contar con legislación al respecto, estándares de construcción eficientes, impuestos verdes, apoyar proyectos de concentración solar, e incorporar la electromovilidad a la infraestructura pública.

En cuanto al recurso hídrico, para enfrentar la crisis se propone dar prioridad al consumo humano y la protección de las cuencas, y mejorar la gobernanza de administración del agua con la creación de la Subsecretaría del Agua, la infraestructura hídrica con la captura y almacenamiento de aguas lluvias, la construcción de embalses, riego tecnificado y acueductos para agua desalada. Otros puntos se dirigen hacia una mayor fiscalización y protección de las fuentes de agua.

https://www.theclinic.cl/2021/10/19/aplastante-consenso-999-por-ciento-de-estudios-coinciden-en-que-el-cambio-climatico-lo-ha-provocado-el-hombre/

EXPERTOS: AGUA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MÁS LEGISLACIÓN

Los expertos consultados, de diferentes organizaciones y experiencia, coinciden en varios puntos que son importantes para el debate medioambiental: la preocupación por el recurso hídrico, la necesidad de políticas con pertinencia local, avanzar en legislación y cuestionar el modelo económico basado en el extractivismo.

Sobre las propuestas de los candidatos, ponen algunas urgencias y reconocen lo bueno, pero están de acuerdo que son insuficientes, que hay cuestiones de fondo que no están incluidas y que las medidas no contienen mucha novedad.

El agua es el gran tema que se repite constantemente. Guillermo Donoso, investigador del Centro del Cambio Global UC, explica que se proyecta que las precipitaciones disminuyan entre un 5% y 15% para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Elqui en la región de Coquimbo y el Baker en la región de Aysén.

Esto se acentúa, detalla, con el aumento de la evapotranspiración (indicador de demanda de agua), lo que finalmente redunda en una disminución mayor en términos de escorrentía (disponibilidad de agua superficial).

“Estos efectos inciden en un aumento en el índice de aridez, especialmente en la zona central y sur del país. Este aumento implica que 21.000 km2 de superficie pasarían de tener un clima semiárido a un clima árido”, agrega el académico.

Por ello, para él, la gestión de los recursos hídricos debiese considerar no sólo la oferta -con el aumento de disponibilidad de agua a través de inversiones como embalses y desaladoras- sino que la gestión de la demanda: en las últimas décadas ha aumentado el consumo total de agua, a pesar de la creciente escasez.

Algunos datos que expone: el consumo de agua del sector agrícola aumentó en un 31% entre 1997 y 2017; el consumo de agua per cápita disminuyó en un 20% entre 2003 y 2017, pero su volumen aumentó un 25% ese mismo periodo debido al aumento de la población urbana; y en esta misma cantidad de tiempo el consumo total de agua del sector minero casi se ha duplicado. “Se requiere de políticas dedicadas a reducir el consumo de agua”, indica.

Los expertos consultados, de diferentes organizaciones y experiencia, coinciden en varios puntos que son importantes para el debate medioambiental: lapreocupación por el recurso hídrico, la necesidad de políticas con pertinencia local, avanzar en legislación y cuestionar el modelo económico basado en el extractivismo.

Gabriela Burdiles, abogada y directora de proyectos de ONG FIMA, valora que en todos los programas hay medidas para enfrentar la crisis hídrica, lo que refleja una comprensión de la urgencia del tema.

“Destacaría las medidas para abordar la gestión de las cuencas hidrográficas y para evitar su fraccionamiento, así como también las medidas que se proponen para reformar la legislación y proteger otros usos, como la conservación y el turismo en el Código de Aguas, y aumentar las penas y las facultades de fiscalización de la autoridad por los robos de aguas”, dice.

Otro elemento relevante y que se repite en las voces de los expertos es el ordenamiento territorial. Para Ignacio Rodríguez, ecotoxicólogo, conservacionista y director del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral, van en la dirección correcta aquellas propuestas que involucran la participación local. “Las comunidades van a demandar soluciones más pertinentes para su territorio. Somos un país muy centralizado, generalmente estas soluciones se piensan en Santiago, pero se pueden adaptar a las realidades locales”, dice.

Burdiles coincide en que “la prioridad es el diseño de planes a escala local y regional con recursos que permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades a los eventos climáticos que vamos a enfrentar de ahora en adelante”.

En materia de aguas, tanto Rodríguez como Donoso valoran las propuestas que incluyen la creación de organismos de cuenca para mejorar la gestión del recurso.

A su vez, se plantea la urgencia de avanzar en legislación e institucionalidad sobre el tema. “Falta mucha legislación con la cual el país no cuenta, y los proyectos de ley se demoran años en su tramitación. A esa velocidad el cambio climático nos va a estar azotando encima”, critica Pamela Poo, integrante de la Red de Politólogas y encargada de políticas públicas e incidencia de Chile Sustentable.

Para ella, la Ley de Protección de Glaciares y el Servicio de Biodiversidad es una cuestión que “no puede seguir esperando”, así como también estima que en el corto plazo se debe abordar la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental: “No podemos contar con una evaluación sesgada, que no incluye la variable de cambio climático ni tampoco otros elementos que debiesen estar siendo medidos”, asegura.

En opinión de Burdiles, la ley de cambio climático -actualmente en tramitación- va a permitir tener un marco regulatorio y recursos para la acción. La experta también cree que se debe concretar la modificación al Código de Aguas, que priorice los usos para consumo humano, saneamiento y también los ecosistemas. Además, señala: Es necesario contar con una ley y un marco regulatorio que permita la salida ordenada y efectiva de las termoeléctricas del sistema y la entrada de más energías renovables limpias”.

Dentro de los aspectos positivos de las propuestas está, por ejemplo, el lenguaje. “Me llamó la atención algunos programas que usan palabras claves, como socio ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, restauración de las cabeceras de cuencas, la participación ciudadana, o se realza la necesidad de la ciencia y de los saberes ancestrales y locales”, manifiesta Rodríguez. 

Entre lo negativo, el experto plantea que en cuanto a investigación y desarrollo, “queremos que nuestros científicos den soluciones muy avanzadas, pero no inyectamos recursos equivalentes a esa demanda”. Explica que en otros países que están cambiando sus políticas a través de la ciencia usan un 2,5 a 2,8 del PIB, mientras que en Chile no llega a ser medio punto. “La dirección correcta sería aumentar la financiación de la ciencia”.

Para Donoso las propuestas carecen de novedad, ya que, según él, la mayoría de acciones y propuestas se han planteado antes y ha habido intentos e iniciativas previas no exitosas. “¿Por qué ahora serían exitosas? ¿Qué las diferencia de propuestas anteriores? No hay claridad”, se cuestiona.

Y quedan desafíos pendientes. Pamela Poo afirma que, en el largo plazo, falta planificar una transformación socio ecológica: cómo superamos como sociedad el extractivismo. “Pareciera ser que nadie quiere hablar de eso, porque no se cruza en ningún programa. Por una parte lo vas a hacer bien en materia medioambiental, pero en materia minera sigues desde la lógica extractiva. Los programas pueden mejorar al complejizar esa materia”, dice.

Otro aspecto urgente tiene que ver con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Burdiles explica que estos han aumentado en 115% desde 1999 hasta 2016, siendo el sector energético el principal emisor: carbón y diesel representaron el 78% de las emisiones en 2016. “Es importante, mitigar estas emisiones y hacer la transición energética antes de 2040. Además, Chile tiene que reducir las emisiones de carbono negro, uno de los principales contaminantes climáticos de vida corta y que apunta a descontaminar las ciudades de Chile generando un doble efecto positivo: aportar a la mitigación del cambio climático y a la salud de la población”.

Desde el Centro de Humedales, Rodríguez manifiesta que una de las cosas que debiese estar en los programas es la restauración ecológica: “Esta requiere de técnicas, capital humano, voluntad política y, en el caso de los humedales requiere agua. Lo poco que tenemos se distribuye en la producción agrícola, humana, y luego para la naturaleza. Ese luego para la naturaleza es una conversación que no se da”, señala.

Burdiles ve con preocupación que no se aborda en los programas el costo que la transición energética global va a significar para Chile. Por ejemplo, el desarrollo de la electromovilidad y la mayor extracción de cobre y litio, lo que generará un gran impacto socio ambiental en los territorios. “Esta decisión va a ser la más difícil para los futuros gobernantes, ya que no basta con que los programas contengan medidas para una minería ‘verde’ o más ‘sustentable’, que use agua de mar o hidrógeno verde. Lo que muchas de estas comunidades esperarán es que se priorice la vida por sobre otras consideraciones económicas y sobre todo que puedan participar en estas decisiones”, recalca.


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