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11 de Febrero de 2022Qué esperan los presos de la nueva Constitución: Partieron los primeros cabildos realizados en las cárceles chilenas
Cortesía de Pensamiento Penal Chile
¿Qué situaciones no me gustan del Chile actual? Esa es una de las preguntas que se le plantearán a los reclusos de 38 recintos penales de todo el país, en una serie de cabildos que buscan recolectar sus anhelos para la nueva Constitución. La iniciativa, ideada por la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, cuenta con el respaldo de diversos convencionales y derivó en un inédito convenio con el Ministerio de Justicia y Gendarmería.
A eso de las diez de la mañana, en una suerte de gimnasio del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío-Bío, donde usualmente se recibe a las visitas, una veintena de reclusos escuchaban atentos la presentación. Al frente tenían a un grupo de desconocidos, que llegaron cargando plumones, carpetas y papelógrafos. Minutos después, se les hizo una pregunta que, en su condición de personas privadas de libertad, nunca nadie les había hecho: ¿Qué situaciones no me gustan del Chile actual?
“Los anhelos de las personas privadas de libertad son los mismos que todos los ciudadanos. Quieren más igualdad, menos discriminación, mejor acceso a oportunidades laborales, mejores sueldos, mejor salud y mejor vivienda”, dice Grace Méndez, una de las coordinadoras que, ese lunes 7 de febrero, dio inicio a los cabildos que hasta marzo se debiesen efectuar en 38 recintos penales a lo largo del país.
Un esfuerzo, cuenta Grace, para que las voces de estos habitantes, históricamente excluidos de la discusión pública, se tengan presente en los pasillos del ex Congreso, donde la Convención Constituyente trabaja en la redacción de una nueva Carta Magna para Chile.
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Detrás de la iniciativa está la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, compuesta por 25 organizaciones de la sociedad civil que, desde distintos rincones del territorio nacional, defienden los derechos de los hombres y mujeres privados de libertad.
Rodrigo Villegas, parte de la Fundación Proyecto Reinserción, y que actúa como vocero de la Red, comenta cómo “en las etapas participativas, ni Bolivia ni Ecuador, que son los últimos procesos constitucionales en Latinoamérica, tuvieron un trámite similar (…). En este siglo, es primera vez que un proceso constituyente entra a las cárceles a hacer esta consulta”.
La idea de los cabildos penitenciarios nació a las pocas semanas del estallido social de 2019, mientras la sociedad se organizaba en diversos conversatorios para aterrizar las demandas de la revuelta. Pero en ese proceso, que marcaría un antes y un después en la historia del país, subyacía la noción, entre quienes hoy trabajan en la Red, de que no todos estaban siendo escuchados. Faltaban los presos.
“Este sujeto político, que es el privado de libertad, no aparecía en el debate público”, relata Rodrigo sobre la población penal chilena, que según datos de Gendamería, son más de 45.000 personas, sólo en regímenes de privación de libertad en una cárcel (sin considerar la libertad vigilada o la reclusión domiciliaria, por ejemplo).
Fue entonces que algunos de los integrantes de la actual Red de Cabildos decidieron reunirse en un restaurant en Providencia, el 27 de noviembre de 2019. La cita duró cerca de tres horas.
“La primera misión que nos pusimos era ir a escuchar a las personas privadas de libertad, e ir a hacer cabildos como los de la (plataforma) Unidad Social, que tenían un formato, y lo subían a la web. Era esta idea etérea de que había que hacerlos participar en el estallido”, dice Rodrigo. Aclaradas las intenciones, los asistentes de esa primera reunión, en el local de Providencia, se llevaron una tarea para la casa: “Llamen a todas las organizaciones que puedan”.
Poco a poco se fueron sumando grupos, y esa primera chispa, de la mano con el Acuerdo de Paz que abrió el camino a la nueva Constitución en noviembre de 2019, terminó transformándose en el ambicioso proyecto de los cabildos penitenciarios. La Red comenzaba a tomar forma.
“Estaba esta idea de que el proceso constituyente no sólo tenía que ser algo binario entre el Apruebo y el Rechazo, sino que también habían contenidos que relevar (…). Quizás la cárcel, o el sistema penal en su conjunto, sufre transformaciones. Por lo tanto, tiene todo el sentido que (los reclusos) sean parte de estas transformaciones”, señala Rodrigo.
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Las gestiones para concretar el proyecto fueron arduas. La Red tardó meses en coordinar los apoyos de la Convención Constituyente, el Ministerio de Justicia, y Gendarmería. Y en ese proceso, el respaldo de algunos convencionales fue esencial para lograr la firma de un convenio, el pasado 26 de enero, entre estas tres instituciones.
Fue una terna la que estuvo más presente: Benito Baranda (Independientes No Neutrales), Giovanna Roa (Frente Amplio) y Tomás Laibe (Colectivo Socialista). Este último habría tenido un rol protagónico, agrega Rodrigo, porque, en su caso, el asunto penitenciario “fue uno de sus temas de campaña”. “Esas tres personas son clave, pero nadie ha catetiado tanto como Tomás”, remata.
“Cuando llegamos a esta Convención, nos fijamos la meta de trabajar por estos grupos que han estado históricamente excluidos en Chile. Uno de esos ámbitos eran las personas privadas de libertad”, cuenta a The Clinic Tomás Laibe, actual vicepresidente adjunto de la mesa directiva de la Convención.
Laibe recuerda cómo ocho convencionales adscribieron a un compromiso con Leasur -otra de las organizaciones pertenecientes a la Red de Cabildos- para no dejar de lado, en el debate, la situación de las cárceles. Posteriormente, junto a otros nombres que se fueron sumando, se conformó la Coordinadora de Personas Privadas de Libertad, que ahora cuenta con la participación de 14 convencionales.
Uno de los principales objetivos de la Coordinadora, dice Laibe, era “garantizar la participación en el proceso de estas personas”. En esa línea, “levantamos un oficio que reunió la firma de 40 convencionales para solicitarle a la mesa directiva que le pidiera al Ministerio de Justicia la realización de una mesa de trabajo, para garantizar la realización de estos cabildos penitenciarios”.
Finalmente, “esto derivó en dos documentos”, resume Laibe. “Un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Convención y Gendarmería, para garantizar cabildos en 38 recintos penales del país, y un protocolo donde también se señala cuál va a ser la metodología y el rol de cada uno de los integrantes de esta articulación, donde también está la Red de Cabildos Penitenciarios, que son los representantes de la sociedad civil encargados de ejecutar cada uno de estos cabildos”.
Así, cierra Laibe, se podrá “incluir a quienes no han tenido en Chile otros espacios institucionales o formales de participación, como son las personas privadas de libertad”.
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La selección de los recintos penales tuvo como norte ser lo más representativo posible, abarcando centros literalmente desde Arica a Punta Arenas. “Lo que hicimos fue el ejercicio de priorizar, en todas las regiones del país, al menos dos centros: uno que fuera el más poblado, en términos de volumen de población; y siempre los Centros Penitenciarios Femeninos”, dice Rodrigo, recalcando que, por “demografía carcelaria, uno tiene que ir a todos los centros de mujeres (…). Los hombres componen el 90% del sistema”.
Asimismo, la Red diseñó una metodología común, que se aplicará en todos los cabildos, y que serán guiados por representantes de las distintas organizaciones y una amplia dotación de voluntarios.
En total, son más de 1300 las personas que se han inscrito como voluntarios, sostiene Rodrigo. Cada grupo de la Red, por su distribución territorial, se encarga de las capacitaciones, que consiste en una presentación donde se exponen las condiciones generales de las cárceles, además del cómo llevar adelante la metodología.
Grace Méndez, que también es directora de la Asociación Pensamiento Penal Chile -parte de la Red-, se ha encargado de coordinar los cabildos en la Región del Bío-Bío y la Región del Ñuble. Esta semana, ya realizaron la actividad en el CCP Bío-Bío, y el CDP Mulchén. Tienen pendientes el CCP Concepción (conocido como El Manzano) y el CDP Arauco. “Queríamos que participaran también pueblos originarios, y por eso decidimos Arauco-Mulchén”, comenta.
La participación de los reclusos es voluntaria, y no se aplican criterios de exclusión según su régimen de presidio, o las causas que los llevaron a estar privados de libertad.
Basándose en su experiencia en el CCP Bío-Bío, Grace indica que, ante los reclusos, se presentan “un facilitador, que es quien guía la conversación con los internos dentro del penal, y un encargado de actas, que deja registro de todo lo que van diciendo”.
En primera instancia, este facilitador explica cómo será el proceso y el contexto en que nacen los cabildos penitenciarios, dando a entender “que nosotros somos sólo el puente”, el “nexo entre estos ciudadanos y la Convención Constituyente”, relata Grace. Luego se pasaba a las preguntas, divididas en dos secciones.
Primero se les consultaba “¿Cuáles son los problemas sociales concretos que más afectan al país en la actualidad?”, y “¿Qué situaciones no me gustan del Chile actual?”. Después, “¿Cuál o cuáles son las soluciones que se necesitan para resolver este ámbito priorizado?”, además de “¿Cómo deberían ser incorporadas en la nueva Constitución del país?”.
“Fue muy ordenado. Los internos se respetaban mucho, en términos de dejar hablar a sus compañeros, de escucharlos”, dice Grace, sobre su vivencia en los cabildos del CCP Bío-Bío, que duraban, en promedio, desde una hora y media a dos horas. “Aplaudían después de que uno (de los reclusos) hablaba, porque surgen temas de país, de su familia, de la sociedad, de clases sociales, pero también surgen temas de la cárcel. Ellos sienten que están olvidados, que no tienen muchas posibilidades de reinsertarse, de resocializar, porque tienen muy pocos programas, y no hay recursos para todos”, agrega.
Entre las preocupaciones que se repetían estaban materias como la vivienda, la salud, la educación y “el término de la desigualdad. Es decir, remuneraciones, si no iguales, dignas al menos, que les permitan vivir, y que no tengan que acudir a otras actividades para solventase. Son los mismos temas que nos interesan a todos los ciudadanos”, dice Grace. “Las pensiones, y la vejez, también es algo que les interesa mucho”.
Además, Grace destaca que brotó otra discusión relevante: “El derecho a voto. Ellos tienen claro que no tienen suspendido su derecho”.
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Justamente, proteger el derecho a voto de los reclusos es un elemento crucial para la Red de Cabildos. Macarena Martínez, encargada de incidencia de la Fundación Kalen de la Región de Los Lagos, y que coordina la relación con Gendarmería en distintos penales del sur, afirma que “el trabajo de la Red también consistió, en un principio, en que las personas privadas de libertad pudiesen votar en el plebiscito de octubre del 2020. Era el primero objetivo. Al final, por una voluntad totalmente política, porque siempre se están tirando la pelota entre el Servel, Gendarmería y así sucesivamente -nadie se hace cargo-, no se ha podido llevar a cabo el voto de cerca de 14.000 personas que efectivamente tienen derecho a voto en las cárceles del país”.
La actual Constitución chilena establece que aquellas personas privadas de libertad que hayan sido condenadas con una pena aflictiva -es decir, entre otras cosas, mayor a tres años de presidio- verán su derecho a sufragar suspendido. No obstante, existen casi 14.000 condenados e imputados que no entran a esta categoría, pero que, al estar privados de libertad, no pueden votar.
Según Macarena, una de las principales trabas para que los reclusos puedan sufragar es la logística, sobre todo porque están inscritos en locales de votación fuera de la cárcel. Sin embargo, asegura que ese dilema logístico podría sortearse en caso de que existiese voluntad política.
“La decisión fundamental es: ¿Queremos que voten, o no? Porque si queremos que voten, los problemas operativos uno los puede ir subordinando”, complementa Rodrigo, quien afirma que temas como llevar máquinas de votación o papeletas a las cárceles es algo que ya se ha resuelto en otros países. “En Maine y Vermont en EE.UU., en Argentina, en Ecuador… El mundo tiene experiencia en esto”.
Por lo mismo, Macarena señala que, en paralelo a los cabildos, desde la Red están trabajando para lograr que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.
En ese sentido, Rodrigo apunta a que, en el programa del gobierno entrante de Gabriel Boric, hay una medida en el área de justicia que habla sobre el derecho a voto de las personas privadas de libertad. “Hay un compromiso explícito en esta materia (…). El punto es cuál es la urgencia que va a tener esto dentro del esquema de reformas. El voto inclusivo es una pregunta que debe resolverse de cara al plebiscito”.
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La realización de los cabildos penitenciarios es una carrera a contrarreloj. Esta semana, se dieron inicio a las actividades sólo en las regiones de Coquimbo, BíoBío, y Los Ríos, según indican los voceros de la Red.
Acerca de la calendarización que sigue para adelante, las fechas no son completamente claras, ya que la coordinación con Gendarmería es lenta – “el ingreso a las cárceles siempre es un problema para las organizaciones de la sociedad civil”, dice Macarena- y pueden incidir factores sorpresivos, como un inesperado brote de Covid-19 al interior de los recintos. Entendiendo este contexto, Rodrigo proyecta que los cabildos en los penales de la Región Metropolitana debiesen empezar durante la segunda quincena de febrero.
Otro de los desafíos está en sistematizar toda la información, para que llegue a los convencionales. La fecha límite para tener el material es la segunda semana de abril, cuando se abra el último ciclo de deliberación en la instancia. Y procesar toda la información no es fácil.
“Recordemos que las personas a las que les estamos consultando tienen desigualdades a la hora de acceder a la información. Muchos de ellos nos han señalado, en las primeras aplicaciones, que ésta es la primera vez que saben del proceso constituyente”, afirma Rodrigo. “Ha habido una desidia, de parte del Estado, en informar a estas personas qué implica este proceso constituyente”.
Aun así, desde la Red esperan cumplir con los plazos. “El resultado de estos cabildos van a ser insumos que va a sistematizar la propia Red de Cabildos, y que luego van a ser traspasados a la Secretaría de Participación, para dar cuenta de este resultado a cada una de las comisiones (de la Convención) donde existan materias relacionadas”, cierra Tomás Laibe.
*Las organizaciones que componen la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios son: Asociación de Pensamiento Penal Chile; Fundación Pajarx entre Púas, Valparaíso; Red de Acción Carcelaria; Fundación Kalen, Región de Los Lagos; Fundación Proyecto Reinserción; ONG Leasur; Observatorio Social Penitenciario; ONG 81 Razones; Volver a Casa; ONG Luz Meraki, Talca; Fundación Dimas; ONG En Marcha; Fundación Ítaca; Observatorio Constituyente, Valparaíso; Clínica Jurídica Penitenciaria Universidad de Valparaíso, Valparaíso; Sociología Universidad Central, sede Coquimbo; Corporación Mujeres Siglo XXI, Región de Los Lagos; Red Chilena de Pedagogía en Contexto de Encierro (Red PECE); Futsal Revolution; Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC; Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, CONFAPRECO; Colectiva Tramar; Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC – Uchile; Cátedra de Derechos Humanos, Universidad de Chile; Proyecto B.
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