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29 de marzo de 2022

Fiscales en picada contra idea de eliminar figura del Fiscal Nacional en la Convención: “Necesitas de una cabeza a la cual hacer responsable”

Francisco Bravo

Durante la jornada del lunes 28, la comisión de Sistemasde Justicia aprobó llevar al Pleno una propuesta que elimina el cargo de Fiscal Nacional y lo reemplaza por un Consejo Superior -órgano colegiado y paritario- compuesto de siete personas. En esta entrevista, el presidente del gremio de los persecutores, Francisco Bravo, asegura que “es un error del punto de vista del diseño institucional”.

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La figura del Fiscal Nacional, sobre todo bajo el mandato de Jorge Abbott, ha sido foco de críticas desde que se dieron a conocer distintos casos de corrupción política, de los que se acusó a Abbott de injerir en dar salidas pactadas a los involucrados. El ejemplo más explícito, fue cuando el líder del órgano persecutor reconoció que había recibido en su casa al ex senador DC Jorge Pizarro, mientras era investigado por su vinculación al caso SQM.

“Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé”, se justificó el jurista en entrevista con Chilevisión.

Con ese contexto detrás, durante la sesión de la comisión de Sistemas de Justicia de ayer, 28 de Marzo, los convencionales aprobaron por 13 votos a favor y 6 en contra lleva al Pleno la propuesta de eliminar al Ministerio Público.

Esta figura, según la propuesta, sería reemplazada por un “Consejo Superior”, el que consistiría en un órgano colegiado compuesto de forma paritaria por siete personas que estarían a cargo de dirigir a la Fiscalía.

Según la norma, el consejo duraría cuatro años, y de sus siete integrantes, tres serían elegidos por los mismos fiscales, uno por funcionarios de la corporación, y los otros tres por el Congreso Plurinacional a partir de una terna elaborada por la Alta Dirección Pública. Además, se deja fuera a quienes vengan de ejercer -o que hayan postulado- a cargos de elección popular y a quienes hayan desarrollado funciones de gobierno o de exclusiva confianza del Presidente en los últimos cuatro años.

Sus eventuales facultades serán determinar la política de gestión profesional de los funcionarios de Fiscalía, supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Ministerio Público, evaluar el desempeño de los funcionarios y definir las necesidades presupuestarias del organismo persecutor.

Este consejo, en caso de aprobarse en el Pleno de la Convención, podrá designar a quién lo presidirá, además de nombrar a los fiscales regionales, adjuntos y otros funcionarios de Fiscalía en conformidad de la ley.

Para que esta propuesta se concrete, aún debe ser aprobada en general y en particular por 103 votos en el Pleno. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Fiscales, siguen con distancia crítica el debate constituyente.

En ese contexto, el presidente del gremio, Francisco Bravo, conversa con The Clinic sobre la postura de su organización y explica sus razones para defender -y mantener- la figura del Fiscal Nacional.

«Se mimetiza la institución Fiscal Nacional como institución jurídica, con la persona de un determinado Fiscal Nacional, en este caso concreto con Jorge Abbot».

-La figura del Fiscal Nacional ha sido polémica, sobre todo por su manejo ante los casos de corrupción política. ¿Cree que eso influye en la idea de eliminar el cargo?

-Sí, aparentemente se mimetiza la institución Fiscal Nacional como institución jurídica, con la persona de un determinado Fiscal Nacional, en este caso concreto con Jorge Abbot. Y probablemente esa es la visión que ha tenido la comisión (Sistema de Justicia) para proponer eliminar la figura del Fiscal Nacional.

Nosotros creemos que es un error del punto de vista del diseño institucional, porque naturalmente la creación de un cuerpo colegiado lo que puede generar es el efecto contrario a lo que pretende la Comisión de Justicia; diluir la responsabilidad en un cuerpo de siete personas, que son las que constituirían este cuerpo colegiado. Por otro lado, eliminar la figura del Fiscal Nacional, también puede generar una burocratización en la gestión de las causas al interior del Ministerio Público, porque no va a haber una cabeza que fije una directriz y que, además, controle el cumplimiento de esa directriz.

Nosotros sí estamos de acuerdo en que exista un cuerpo colegiado, que de hecho existe en la ley que es el Consejo General de Fiscales Regionales, que podremos darle más atribuciones para que ese cuerpo colegiado defina las políticas de persecución penal de manera más democrática, más deliberativa y más amplia. Porque en la lógica institucional, los cuerpos colegiados existen para la definición de políticas de persecución penal. Pero al momento de poner en acción esas políticas de persecución, tú necesitas una cabeza responsable.

Por esa razón, nosotros no estamos de acuerdo que se sustituya la figura del Fiscal Nacional, en el sentido que se ha propuesto, por un cuerpo colegiado.

«Lo que debería hacer ese cuerpo colegiado es definir políticas de persecución de manera más deliberativa y democrática. Por supuesto, con eso nosotros estamos de acuerdo».

-De todas maneras, este consejo elige un presidente. ¿Se podría homologar esa figura a la de una «cabeza» que ejecute las decisiones?

-De alguna manera creo que van en esa línea, a partir justo antes de lo que nosotros hemos señalado, de que se necesita una cabeza, necesariamente. No estamos en contra de que existan cuerpos colegiados, lo que nosotros estamos en contra es que ese cuerpo colegiado dirija la institución. Lo que debería hacer ese cuerpo colegiado es definir políticas de persecución de manera más deliberativa y democrática. Por supuesto, con eso nosotros estamos de acuerdo.

Nuestra propuesta constitucional apuntaba, primero, a mantener la figura del Fiscal Nacional, pero con facultades atenuadas. Todo lo que es definición de política de persecución penal no lo definía el Fiscal Nacional sólo, sino con el Consejo de Fiscales Regionales. Segundo, nosotros proponíamos suprimir las facultades correccionales del Fiscal Nacional, o sea, que toda la materia disciplinaria quedara entregada a la ley, no al Fiscal Nacional. Pero en una institución que requiere control y respuestas rápidas, necesitas de una cabeza a la cual hacer responsable en el evento de que no cumpla sus obligaciones legales.

«Los cuerpos colegiados que dirigen instituciones pueden perfectamente ser sujeto de cooptación política, corrupción y presión».

-¿Advierte algún beneficio de eliminar la figura del Fiscal Nacional para evitar presiones políticas en la institución?

-Es que se parte de un supuesto que es discutible: que un cuerpo colegiado no puede ser objeto de presiones. Yo creo que por el contrario, lo que puede ocurrir es que esas siete personas que forman parte de su cuerpo, efectivamente sean sujetos de presión, ojalá que no de corrupción o de copamiento. Entonces, ese supuesto no es sostenible. Por el contrario, los cuerpos colegiados que dirigen instituciones pueden perfectamente ser sujeto de cooptación política, corrupción y presión.

El efecto que se puede provocar en el Ministerio Público es que tengamos un consejo dividido, en el cual se paralice la acción del Ministerio Público. Yo siempre lo pongo con un ejemplo, que me da mucha pena, que es lo que ha pasado con el Instituto de Derechos Humanos (INDH), en donde el Consejo ha hecho más bien compleja su actuación.

Entonces, a mí me da un poco temor que pase algo similar el Ministerio Público y eso permee hacia abajo en una inacción. Que se genere una inacción de los fiscales cuando vean a su consejo, por ejemplo, dividido.

«Eliminar la figura del Fiscal Nacional, también puede generar una burocratización en la gestión de las causas al interior del Ministerio Público».

-¿Qué dice la experiencia internacional?

-No existen consejos, esto es inédito: no existen consejos que dirijan. Existen órganos colegiados que, democráticamente, definen políticas de persecución penal. Pero no existe en el mundo un consejo colegiado de este tipo, en una institución que, además, es jerarquizada.


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