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18 de Abril de 2022

La paradoja de la apertura: la violencia que ensombrece los avances de la comunidad LGBTIQ+ en Chile

En el mismo mes que partió el matrimonio igualitario en el país, han ocurrido varios casos graves de ataques homo y transfóbicos sin detenidos ni consecuencias. Pese a los avances legislativos, en 2022 muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ siguen enfrentándose diariamente a prejuicios, acciones hostiles y profunda violencia. Y es que, según activistas, mientras Chile no mantenga una estadística oficial de episodios de agresiones será difícil avanzar hacia una política pública más completa.

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La mañana del 10 de marzo de 2022, mientras Javier Silva y Jaime Nazar preparaban sus trajes para acudir impecables al Registro Civil, y convertirse así en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en Chile -considerado un hito para la comunidad LGBTIQ+– Paulina Yañez (40) y Claudia Gúzman (45), regresaban a su hogar golpeadas y sintiéndose derrotadas. Paulina tenía una muñeca fracturada y el ojo morado, Claudia las rodillas heridas y múltiples lesiones en todo el cuerpo.

Ambas fueron atacadas por vecinos que llevan años acosándolas por ser lesbianas. Según su relato, pese a ser las víctimas y quienes pidieron ayuda policial, Carabineros las mantuvo retenidas durante toda la noche al considerar que eran parte de una “riña”. 

Su historia no es la única. Solo en el último mes dos mujeres trans fueron agredidas en la calle y aún se encuentran internadas y en estado grave en la exPosta Central. Considerando los logros en materia de derechos, ¿está funcionando realmente el sistema de protección para las personas LGBTIQ+ en Chile?

Más derechos, pero no más seguridad

Según las organizaciones activistas, las legislaciones no se traducen necesariamente en seguridad o protección. “Cuando se aprueban la ley anti discriminatoria, la de género, siempre ocurren estas alzas (de episodios de violencia), y les decimos a los gobiernos que cuando estamos avanzando necesitamos más protección, y eso es algo que nunca se ha entendido”, plantea Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Su par en el Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género (Mums), Néstor Urrutia, dice que “hay elementos como el matrimonio igualitario que, si bien representan un avance, no son un deseo de toda la comunidad (LGBTIQ+) y no alcanza para solucionar situaciones que son históricas: agresiones, poder identificarse con el género que uno desea, múltiples cosas”.

En Chile, el trabajo del activismo LGBTIQ+ data de hace años. En abril de 1973 un grupo de quince a veinte homosexuales y travestis sacudieron el atardecer en la Plaza de Armas el mismo día que Patria y Libertad hacía explotar una estatua del Che Guevara en San Miguel. Entre sus peticiones estaban el fin de la persecución policial y la regulación del matrimonio igualitario.

Solo en el último mes dos mujeres trans fueron agredidas en la calle y aún se encuentran internadas y en estado grave en la exPosta Central.

Sin embargo, no fue hasta el regreso a la democracia que empezaron a materializarse las demandas más importantes, como la derogación en 1999 del artículo 365 del Código Penal (creado en 1875), que sancionaba con penas de cárcel las relaciones sexuales entre hombres, aun cuando hubiera consentimiento entre ambas partes y estas se dieran en espacios privados.

Aun así, recién la década pasada se registraron mayores avances en derechos: en 2012 se dio pie a la ley contra la discriminación, que suma categorías como la orientación sexual, la identidad de género y, a partir de 2019, la expresión de género. Lo que, en teoría, impediría que una persona fuera discriminada por alguna de estas.

Desde 2015 está vigente el Acuerdo de Unión Civil (AUC), primera norma en reconocer a las parejas del mismo sexo; en 2017, se lanzó una circular en colegios para garantizar la protección a la identidad de género de los estudiantes, y ese mismo año, el Ministerio de Educación publicó orientaciones para la inclusión de personas LGBTIQ+ en el sistema educativo; en 2019 entró en vigor la ley de identidad de género, que permite a mayores de 14 años el cambio de nombre y sexo en documentos. Y en marzo pasado comenzó a operar la del matrimonio igualitario.

Son algunos hitos que, si se miran de manera aislada, muestran un buen escenario para la comunidad en comparación con el pasado, pues nunca se había contado con tal número de regulaciones que la validen. Pero no se puede revisar el panorama sin sumar otros factores, ya que el nivel de violencia que experimentan quienes se identifican dentro del colectivo LGBTIQ+ sigue siendo elevado.

Golpizas; gritos con palabras peyorativas; actos de discriminación en colegios, trabajos e incluso el vecindario. Son historias conocidas y que ocurren con más frecuencia que la que se esperaría en un país que cuenta con un naciente marco normativo para sus derechos.

Homofobia en el barrio

Paulina Yañez y Claudia Gúzman se complementan: mientras una habla la otra asiente y termina la frase, en una armonía típica de las parejas de muchos años. Llevan más de una década de relación, comparten un pequeño departamento en Independencia, cerca del Hipódromo Chile, crían a dos perros y dos gatos, y ambas trabajan desde el hogar. Aunque se trata de una situación estable, Paulina confiesa que hace dos meses “están enfermas de los nervios”, porque a pocos metros de su puerta viven sus agresores.

Su vecina las acosa hace cuatro años junto a sus hijas y su esposo. Los cuatro las agredieron dos veces en menos de una semana y hasta ahora ninguna denuncia ha dado resultado.

En 2017 ocurrió la primera situación grave. La vecina se enteró de que eran pareja y comenzó a hacer comentarios agresivos e insultarlas cada vez que las veía.

–Una vez me dijo “dónde te pille te voy a matar, yo no me ensucio las manos, yo mando hacer las cosas por mí” –relata Claudia.

En ese momento hicieron la denuncia a la PDI, pero nunca obtuvieron noticias del proceso. La dinámica de insultos continuó en un ciclo sin fin, mientras buscaban estrategias para evitar pasar cerca de su departamento.

Golpizas; gritos con palabras peyorativas; actos de discriminación en colegios, trabajos e incluso el vecindario. Son historias conocidas y que ocurren con más frecuencia que la que se esperaría en un país que cuenta con un naciente marco normativo para sus derechos.

–Nos ha insultado muchas veces, hasta de degeneradas nos ha tratado –dice Paulina.

Al intentar ahondar en las razones de tanto odio, Claudia explica que ellas “no provocan” a nadie, y omiten muestras de afecto o expresiones de cariño cuando están fuera de su casa.

–Nunca salimos tomadas de la mano, no nos damos besos en la calle por una cosa de respeto, Chile todavía es un país muy atrasado –afirma.

El 8 de marzo, Claudia salió cerca de las 19 horas a pasear a sus perros, Cholo y Cholito.  Cuando volvía, en el final del pasaje que intersecta la entrada del condominio se encontró con toda la familia que las acosaba. Según Claudia, le dijeron: “no queremos que pases por delante de la casa, tortillera culiá”.

La tensión no se quedó solo en esas palabras. Con rapidez pasó a agresiones físicas. Después de recibir varios empujones, y golpes a sus perritos, Claudia gritó que la estaban asaltando.

–Ahí me zafé y salí corriendo, pero me tiraron piedrazos por la espalda –explica.

Tras el incidente, la tarde del 9 de marzo, decidieron salir juntas a pasear a sus mascotas. Cuando bajaron se dieron cuenta que en la puerta del departamento estaban los mismos vecinos, observándolas.

Uno de ellos les bloqueó el paso, empujó a Claudia y otro le mordió la mano para que soltara a su perro. Tras esto, se abalanzaron sobre ella y mientras Paulina trataba de separarlos, recibió un puñetazo de uno de ellos. A Paulina la tiraron al piso, con una luma le golpearon la mano y le arrebataron el celular. Todo esto consta en la denuncia que realizaron a la policía.

Aunque existe una comisaría a menos de 300 metros, Claudia y Paulina relatan que Carabineros tardó dos horas y media en llegar. Y si bien tenían varios testigos de que las habían golpeado e incluso robado el teléfono, los funcionarios las tomaron detenidas junto a sus agresores por considerar que todo se trataba de una “riña”.

–Nosotras siendo víctimas, nos trataron como imputadas –reflexiona Paulina.

Con la orientación del Movilh hicieron una nueva denuncia e iniciaron una causa en Fiscalía, que está en curso. Aunque se instruyó una medida de protección de 30 días, ésta solo duró 24 horas. Carabineros, tras la primera visita, dejó de ir a su domicilio. 

La pareja firmó su Acuerdo de Unión Civil el 6 de diciembre de 2021 para celebrar 10 años como pareja. Reflexionando sobre lo que les ha sucedido, Claudia asegura que “todas estas leyes y avances no han significado un cambio visible, al contrario creo que hay gente que anda más alerta si eres o no eres, incluso puede generar más rabia en algunas personas”. De todas formas, ahora que pueden, tienen la esperanza de contraer matrimonio en el futuro.

Problemas para conocer la realidad LGBTIQ+

Un punto en que concuerdan activistas e investigaciones es la dificultad de originar estadísticas con las que realizar una radiografía completa a la discriminación que experimenta la comunidad LGBTIQ+.

En Chile se busca resolver esta deficiencia. En diciembre de 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), presentó un estudio exploratorio para medir la victimización en crímenes de odio, con el objetivo de sumar aquella dimensión en la versión de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que se hizo el año pasado –cuyos resultados deberían estar en los próximos meses–.

La investigación, por ejemplo, tras hacer un análisis de metodologías en otros países, señala que hay limitaciones analíticas en los registros administrativos: “Dada la situación de vulnerabilidad de las víctimas, muchos de los hechos no se denuncian y, por lo tanto, no quedan registrados, dando lugar a una subestimación del fenómeno”.

Paulina y Claudia firmaron su Acuerdo de Unión Civil el 6 de diciembre de 2021 para celebrar 10 años como pareja. Reflexionando sobre lo que les ha sucedido, Claudia asegura que “todas estas leyes y avances no han significado un cambio visible, al contrario creo que hay gente que anda más alerta si eres o no eres, incluso puede generar más rabia en algunas personas”.

Según la experiencia de los activistas, esto también ocurre en Chile. Néstor Urrutia del Mums plantea que la ley antidiscriminación tiene problemas así, “porque carga mucha responsabilidad a las víctimas para que demuestren la discriminación”.

Otro aspecto que menciona la investigación del INE es la infrautilización “de la etiqueta de crímenes de odio en la codificación de las denuncias en los registros administrativos de la policía”, situación que se da en lugares como Inglaterra.

–Es terrible lo de las tipificaciones que hace Carabineros de las ‘riñas’, son continúas, es lo que más recibimos. Se reduce el conflicto a riña y no se establece que de acuerdo al denunciante es discriminación y por ende la Fiscalía no puede apelar a la ley ‘Zamudio’. La ley es de 2012, no tienen excusa para no utilizarla –comenta Ramón Gómez, del Movilh.

–Un primer impacto es que te estén sacando la cresta (sic) y el segundo es no comprender que lo están haciendo por ser gay, trans, lesbiana y esa incomprensión es un segundo golpe que termina dañando más psicológicamente. Y lo que se vuelve más relevante y doloroso para la víctima ni siquiera es registrado por el sistema –advierte.

El activista del Movilh recomienda en caso de un evento violento “constatar lesiones en la policía, decir que es un acto discriminatorio, y si se niegan, decir ‘estoy pidiendo que ponga mi versión de los hechos’. Es muy importante que quede registrado porque de lo contrario vivirán una revictimización en tribunales”.

Sin estadísticas

¿Cuál es el porcentaje de hogares en que algún miembro ha sufrido un robo? ¿Qué comunas son las que tienen mayor tasa de incidencia de asaltos? Estas son preguntas sobre seguridad ciudadana que el sistema puede responder. En el país existe información oficial para originar políticas públicas que busquen resolver estos problemas. Y es que, sin esos datos, cualquier planificación podría ser aún más ineficaz.

Situación que se da en el mundo LGBTIQ+. No solo lo indican desde el activismo sino que también organizaciones internacionales. El nivel de violencia al que se exponen; los lugares donde son más discriminados; quiénes experimentan más de estos eventos; son solo algunas de las cuestiones que carecen de información.

Néstor Urrutia del Mums plantea que la ley antidiscriminación tiene problemas así, “porque carga mucha responsabilidad a las víctimas para que demuestren la discriminación”.

De hecho, en el informe de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ en las Américas”, se plantea que la recolección de datos y recopilación de estadísticas “son instrumentos esenciales para visibilizar los desafíos que estas personas enfrentan y garantizar una respuesta efectiva de los Estados”.

Resalta que la falta de efectividad de muchas medidas ocurre, en gran parte, “debido a que los Estados no disponen de información cuali-cuantitiva confiable que refleje la verdadera dimensión de la discriminación sufrida”.

–Me parece una situación grave el que no haya datos para caracterizar a una comunidad históricamente discriminada –advierte Matías Trujillo, director de sostenibilidad de la fundación Todo Mejora. Mientras, Gómez enfatiza que “son muy pocos los países que tienen matrimonio igualitario y que no cuentan con esa información (…) El Estado es absolutamente ignorante sobre dónde poner el acento, tira palos ciegos”.

De acuerdo con el estudio del INE, “existe poca documentación respecto a la ocurrencia de crímenes de odio en Chile. Frente a la falta de una legislación que demande contabilizarlos, algunas organizaciones de la sociedad civil se han encargado de llevar un registro”, como es el caso del Movilh.

–Que tengamos estadísticas anuales que provengan de las denuncias que recibimos, vemos en tribunales y Fiscalía, pero que son difíciles de acceder, muestra el problema que vivimos –asegura Gómez pues–, el Estado no ha hecho esa tarea y las víctimas son las que tienen que realizarla.

Los números y la visibilidad del colectivo

La última edición del estudio del Movilh se presentó en marzo y en su introducción, justamente, se apunta a que “en dos décadas, este informe sigue siendo la única investigación del país que analiza y contabiliza todas las denuncias o casos de discriminación”.

El informe arroja 1.114 casos, entre los que se encuentran tres asesinatos, 78 agresiones físicas, 12 atropellos policiales, 106 acusaciones de homofobia laboral y 391 casos de exclusión institucional. Además, se da cuenta de 48 instituciones y 767 personas acusadas de ser protagonistas en estos hechos de discriminación y abuso.

La Región de Valparaíso concentró la mayor cantidad de denuncias con un 36,4%, seguida de Santiago con 17,5%. Del total, el 56,4% afectó a la población LGBTIQ+ como conjunto; 19% a homosexuales; 13,2% a lesbianas y 11,4% a trans. Además, si se ven los casos completos de estos 20 años, que suman 6.620, un 20% fueron gays, 15% trans, 14% lesbianas y 51% de la comunidad en general.

Eso sí, el total de casos en 2021 mostró una disminución con respecto a 2020, cuando se registraron 1.266, aunque es mayor a la de 2019, con 1.103. “Hubo una baja, pero eso no se traduce en que desaparece la discriminación. Si por ejemplo, se generara un debate muy LGBTIQ+ en la Convención sin duda habrían aparecido más expresiones de odio”, plantea Gómez.

El activista denomina el fenómeno como “la paradoja de la apertura”, pues “entre más se avanza pareciera que más discriminación hay. Los casos de homofobia y transfobia aumentan porque los opositores tienden a hacerse más ruidosos”.

Otra arista de esta paradoja es la mayor visibilidad LGBTIQ+. El informe del Movilh en 2015 arrojaba solo 258 casos, lo que no significa que hubiera menos discriminación, sino que menos denuncias.

–Lo primero que hay que entender es que los casos que vemos hoy más mediáticos siempre se han dado, pero muchas veces pasaban desapercibidos. Existe una especie de empoderamiento de todas las ramas del mundo LGBTIQ+ y no se quedan calladas –explica Néstor Urrutia del Mums.

Para Luis Gajardo, sociólogo de la U. Central “hay unos avances importantes, pero sobre todo son de orden jurídico, legislativo, hacia los derechos de personas que han sido discriminadas (…) Estos grupos ya no se esconden y no tienen porque hacerlo, entonces también se visibiliza más los problemas que sufren”.

La última edición del estudio del Movilh se presentó en marzo y en su introducción, justamente, se apunta a que “en dos décadas, este informe sigue siendo la única investigación del país que analiza y contabiliza todas las denuncias o casos de discriminación”.

La Subsecretaría de Prevención del Delito ha iniciado un acercamiento para dimensionar este escenario con un estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+. Se hizo en 2020 y abarcó a personas de la comunidad LGBTIQ+ mayores de 15 años, con un total de 3.271 encuestas en línea.

Los resultados muestran que el 71,8% de los participantes dice que los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco”. Opinión que desde la perspectiva de género aumenta en el caso de trans (74,5%) y no binarios (81,4%).

El 89,3% admite haber sufrido al menos una discriminación en la vida, y el 64,3% indica que fue en el último año. Quienes se identifican como lesbianas han experimentado más episodios en su vida (93,9%), mientras que los pansexuales lo han hecho en el último año (74,2%). En el caso de la identidad de género, las personas trans respondieron haber sufrido más episodios tanto en su vida (94,1%) como en el último año (85,4%).

La casa de las panteras

Lilith Atenea tiene 22 años. Es estudiante, activista, gimnasta y bailarina, y en los últimos tres años ha sido atacada dos veces en la región de Los Ríos por ser una mujer trans.

–En 2019, cuando llegué a Valdivia, llevaba tres días y me golpearon, me volaron dos dientes con una piedra. Los tres sujetos que me hicieron eso, son los mismos que al año siguiente asesinaron a Helena Bustos –apunta.

Lilith es de Santiago, pero emigró a Valdivia después de romper lazos con su familia, que no aceptaba su transición. En 2020 comenzó su terapia hormonal en esa ciudad y al año siguiente entró a estudiar administración pública en la Universidad Austral. Allí, se integró a la selección deportiva y pocos meses después se transformó en la primera persona trans en representar a la institución en un torneo de gimnasia artística. 

Además, en marzo, decidió inscribir su nombre social de manera oficial mediante la Ley de Identidad de Género. “Es significativo para mí, pero no quería dar ese paso mientras no pudiera sostener ese nombre. Porque cuando te piden el carné de identidad y ven que tienes una expresión de género más masculina o no has avanzado mucho en tu terapia hormonal, por lo menos acá en el sur es complicado. Ahora que avancé en mi terapia hormonal, me sentí en condiciones de sostener ese cambio”, sostiene.

Ser trans y vivir en una ciudad pequeña como Valdivia no es fácil, asegura.

–Acá es muy chico el ambiente, es difícil conseguir trabajo, conseguir un contrato para una persona trans. También los arriendos son difíciles –relata Lilith.

Eso, sumado a la soledad de la pandemia, la sumió en una fuerte depresión durante 2021. No es la única, los problemas de salud mental y el suicidio son una de las causas que hacen que la esperanza de vida de las personas trans sea, según las últimas cifras del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOSTALC), de 35 años. 

Lilith Atenea tiene 22 años. Es estudiante, activista, gimnasta y bailarina, y en los últimos tres años ha sido atacada dos veces en la región de Los Ríos por ser una mujer trans.

-Hay un aumento de tendencias suicidas en chiques, eso es lo que yo he visto.  Menores de edad autolesionados. Yo misma me traté de suicidar el año pasado porque es difícil vivir en un lugar donde no existe tanta comunidad –dice. 

Con el objetivo de construir una, el 25 de diciembre de 2021, lideró la toma de una casona ubicada en calle Cochrane, en el sector comercial de Valdivia, y a ese espacio lo bautizaron como “House of panteras”.

–Se trata de un punto de resistencia y articulación política para las disidencias en Valdivia y la Región de los Ríos –explica y agrega–, lo hemos limpiado y reparado para tener un techo para pasar el invierno.

Allí viven 10 personas y 15 mascotas, entre gatos y perros, y es un espacio abierto para que personas disidentes puedan alojarse, pero siguiendo las reglas del grupo, que incluyen ley seca y no consumo de drogas.

Antes de comenzar su segundo año de estudio, el 13 de febrero de 2022, se enfrentó a otra agresión. Cerca de la 1 de la madrugada, dos hombres comenzaron a orinar en la puerta de la casa y cuando ella salió a enfrentarlos, intentaron entrar al inmueble.  

Ante su resistencia, relata, uno de ellos tomó un tubo fluorescente roto que se encontraba en la basura y lo utilizó para agredirla. Recibió golpes en distintas partes del cuerpo, rostro, espalda, hombros, piernas, brazos, genitales y manos. Cuando llegaron sus compañeras a auxiliarla, finalmente, los hombres huyeron.

–Nos insultaron por ser disidentes. No necesariamente hay que tener un cadáver para hablar de transfobia –asegura Lilith.

Aunque ella logró ubicarlos en redes sociales y compartió imágenes de los agresores con la policía, aún no ha habido novedades en el caso.

La responsabilidad del Estado

–Hay un avance en el reconocimiento en cuanto a la identidad y expresión de género, pero incluso de parte del Estado sigue existiendo discriminación. Porque muchos funcionarios públicos que están a cargo de entregar algún tipo de servicio no lo entregan de la forma en que debiese ser –advierte la abogada trans de Organizando Trans Diversidades (OTD), Emilia Oyarzún. Matías Trujillo de Todo Mejora apunta a que “una forma de erradicar la discriminación es que los servicios públicos realicen capacitaciones”.

En el Poder Judicial desde 2017 funciona la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, oficina de carácter estratégico que en sus metas incluye impulsar el desarrollo de políticas y acciones para garantizar el acceso a la justicia.

La abogada María Soledad Granados, secretaria técnica de la instancia, comenta que en estudios se “detectó que no se trataba bien la protección de las personas LGBTIQ+ y que su situación se invisibilizaba”.

–Nos insultaron por ser disidentes. No necesariamente hay que tener un cadáver para hablar de transfobia –asegura Lilith.

Uno de los trabajos es la capacitación a funcionarios. En la Academia Judicial, “para quienes van a ingresar a ser jueces se incorporaron módulos de género”, dice Granados, y para quienes ya están en ejercicio existen cursos, aunque no son obligatorios.

–Todavía nos falta. Hay una brecha en cómo llegar a las personas, hay muchas resistencias y estamos en ese momento para que efectivamente se acerquen a estos contenidos –destaca la abogada.

En esa línea, añade que “una de nuestras áreas es hacer estudios y desde el año pasado se realiza uno cuyo objetivo es analizar cuáles son las problemáticas que afectan a las personas LGBTIQ+ en el acceso a la justicia. Tiene que ver con por qué no se denuncia, saber sus dificultades”. Se espera que los resultados de esta investigación cualitativa estén en los próximos meses.

Para los activistas, queda un buen camino por recorrer. Emilia Oyarzún de OTD indica que “hace falta mucho más que una ley para cambiar la violencia estructural. Una educación sexual integral, el reconocimiento de las identidades no binarias que también están muy invisibilizadas. Se hace necesario establecer en el Código Penal la figura del travesticidio, del transfemicidio (…) se hace necesario hacer una distinción en cuanto al tipo penal”.

–Se debe trabajar con las bases, son las que más conocen todo esto, eso debería ser un horizonte inicial. Luego, generar una institucionalidad que tenga en cuenta consideraciones como perspectiva de género, que entienda que no todas las personas de la comunidad LGBTIQ+ viven su vida como se piensa desde arriba –comenta Néstor Urrutia del Mums.

Consultado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre esta problemática, declinó referirse al tema. The Clinic también contactó a Carabineros, pero hasta la publicación de este reportaje no había recibido respuesta.

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