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Opinión

6 de mayo de 2022

Violencias y el rol del Estado

Agencia Uno

En todo el territorio se propagan violencias heterogéneas: en los establecimientos escolares, en la Araucanía y en el Norte, en barrios populares y exclusivos; violencia machista y de género, violencia criminal organizada y espontánea. Y de seguro, la lista suma y sigue. Ninguna es nueva, desconocida, ni tarea que deba asumir únicamente el gobierno.

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Hace unos días el presidente Gabriel Boric declaró con preocupación que “estamos naturalizando la violencia” y que no permitirá que “bandas delictuales de crimen organizado” continúen operando. La declaración es necesaria y esperable de cualquier mandatario. Pero ¿cómo puede esto ser más que una declaración de principios?

El presidente Boric se refiere aquí a una de las violencias más urgentes y preocupantes que nos afectan –una, sin embargo, entre muchas otras.

En todo el territorio se propagan violencias heterogéneas: en los establecimientos escolares, en la Araucanía y en el Norte, en barrios populares y exclusivos; violencia machista y de género, violencia criminal organizada y espontánea. Y de seguro, la lista suma y sigue. Todas preocupantes; pero ninguna es nueva, desconocida, ni tarea que deba asumir únicamente el gobierno.

El presidente Boric se refiere aquí a una de las violencias más urgentes y preocupantes que nos afectan –una, sin embargo, entre muchas otras.

Porque la violencia no es una, ni en sus expresiones, ni en sus significados. La violencia puede ser tanto una acción de un sujeto -de manifestantes, criminales o saqueadores- contra personas o cosas, como también ocurrir sin un sujeto, ser entendido como un poder abstracto y dominante, como lo es la “violencia estructural” o “sistémica”. De esta última, se habla mucho en relación con el sistema político-neoliberal (anclado en la Constitución de 1980). Pero casi no se piensa en otra de las violencias sistémicas más antiguas y normalizadas en Chile: el clasismo, el racismo y el machismo. Todas formas en las que se expresa el desprecio de un grupo (privilegiado) por sobre otro (vulnerado).

Violencias distintas. ¿Cuáles debe combatir un gobierno?, ¿y cómo?

La más urgente salta a la vista: controlar y reprimir la violencia criminal organizada -la de narcos y mafias en estadios de fútbol, fronteras, barrios y cárceles. La que quiere asesinar a periodistas para no ser descubiertos –como lo ocurrido en Meiggs y que, como decía la periodista Mónica González, se asemeja peligrosamente a lo que ocurre en México. Una violencia que no es nueva, pero que se ha fortalecido. ¿Cómo?

Hablamos de una violencia despolitizada, delictual y oportunista que, digámoslo de una buena vez, desde el Estallido Social ha sacado provecho de la desobediencia civil y de las demandas sociales legítimas. Porque en ese entramado multifactorial de actores e intereses que fue la revuelta, no había un solo cuerpo social que protestaba –con o sin violencia- por derechos sociales y políticos; sino que, entre otros actores, abundó la violencia a-social, despolitizada y hasta criminal espontánea y/o organizada que, justamente al alero de las protestas, se benefició del debilitamiento de carabineros, del caos civil y ganaron poder.

Hablamos de una violencia despolitizada, delictual y oportunista que, digámoslo de una buena vez, desde el Estallido Social ha sacado provecho de la desobediencia civil y de las demandas sociales legítimas.

Mientras un sector –encabezado por el ex Gobierno de Piñera– criminalizaba la protesta social de la revuelta de Octubre (algo obviamente incorrecto), buena parte del sector anti Piñera cayó en el otro extremo; en “heroizar” la violencia. El politólogo Marcelo Mella lo advirtió con agudeza: “(c)on demasiada frecuencia algunos analistas ven la protesta social —incluidas sus manifestaciones más violentas— como epifanía y póliza de los cambios políticos futuros.” Justamente algunos sectores del actual Gobierno parecieron compartir esta lectura –una que hoy tendrán que corregir.

Con firmeza, el Gobierno deberá trabajar estrechamente con los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y respaldar a las fuerzas del orden y seguridad pública (Carabineros y PDI). Tarea nada fácil, por la aún pendiente reforma a la institución, pero que no deja otro camino. El Estado tendrá entonces que reprimir, focalizada y organizadamente, la violencia –con violencia. Porque el Estado, a diferencia de las violencias civiles, justamente está legitimado para recurrir a ella como ultima ratio; es decir, cuando los demás mecanismos legales y políticos fracasan.

Mientras un sector –encabezado por el ex Gobierno de Piñera- criminalizaba la protesta social de la revuelta de Octubre (algo obviamente incorrecto), buena parte del sector anti Piñera cayó en el otro extremo; en “heroizar” la violencia. El politólogo Marcelo Mella lo advirtió con agudeza: “(c)on demasiada frecuencia algunos analistas ven la protesta social —incluidas sus manifestaciones más violentas— como epifanía y póliza de los cambios políticos futuros.”

Si esto es así, la clase política entera, de izquierda a derecha, se verá en la obligación de sincerar su genuina vocación pública y de servicio; para demostrarle a la ciudadanía, que es capaz de alinearse transversalmente en esta causa y dar respaldo a la gestión de Boric -dejando de lado cálculos electorales, rencillas históricas y oportunismos políticos-; apoyar a una gestión que apenas inicia y que le ha tocado encarar lo que hasta ahora ningún gobierno antes se atrevió a enfrentar.

*Diana Aurenque es filósofa. Directora del Departamento de Filosofía, USACH.

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