¿Habrá jueces en Santiago?

La frase ‘hay jueces en Berlín’ se utiliza frecuentemente para evidenciar uno de los aspectos más excepcionales y esperanzadores que ofrece el constitucionalismo: la sujeción del poder político a jueces independientes. Su origen –tal vez cargado de mitología, como ocurre con toda fábula– se remonta al rey Federico II de Prusia, quien, molesto porque un molino cercano a su palacio le arruinaba el paisaje, envía a un emisario a comprarlo por el doble de su valor con el único propósito de derribarlo. Ante la negativa del molinero, el monarca lo amenaza advirtiéndole que de volver a declinar su oferta lo perderá todo, ya que éste procederá a firmar un decreto expropiatorio sin compensación alguna.

En este punto, los relatos difieren. Según algunos, ante las amenazas del rey, el molinero le responde temeroso ‘no es así, Señor’ y añade ‘todavía hay jueces en Berlín’, sugiriendo la posibilidad de denunciar tal arbitrariedad en tribunales. Según otros, el molinero se presenta nuevamente ante el monarca luego de las amenazas para entregarle una orden judicial que prohibía a la corona expropiar y demoler su propiedad por un mero capricho. Mientras el rey leía la medida cautelar, todos en la corte imaginaban la furia que tal medida desataría contra el terco campesino y el temerario juez que había osado dictar tal providencia. Pero Federico, una vez concluida la lectura, exclamó ante el asombro de todos ‘me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín’.  

Lo ocurrido la semana pasada en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional nos hace temer un escenario en el que, a diferencia del molinero alemán, tal vez no tengamos seguridad si habrá jueces en Santiago. Al votarse en dicha comisión las normas que reglamentaban el tránsito del Poder Judicial hacia el nuevo esquema propuesto por la Convención Constitucional (el que ciertamente no está exento de diversos reproches), sectores de la izquierda y derecha decidieron abstenerse o simplemente no votar. Como resultado, 8 de los 21 ministros de la Corte Suprema cesarán en sus cargos de aprobarse el texto constitucional en el plebiscito de septiembre, a lo que se sumarán otras 3 vacantes adicionales en los siguientes dos años. ¡Más de la mitad de la Corte Suprema!

El desenlace no debe sorprendernos. Las abstenciones provienen de un sector de la izquierda que a veces parece no profesar mayor simpatía por los frenos y contrapesos constitucionales, una que a ratos poco pareciera importarle derribar los molinos que se interpongan en alcanzar el paisaje constitucional añorado. Las negativas a participar de la votación provienen, en cambio, de sectores de la derecha que inocentemente dan por sentado que siempre habrá jueces en Berlín. Por ello, prefieren actuar irresponsablemente y apostar por un marcar un punto político en temas tan sensibles como este, aunque ello signifique jugar con fuego.  

Un escenario como el que se abre ante este vacío no solo causaría una infinidad de problemas operativos para la administración de justicia, considerando que el nombramiento de cada ministro de la Corte Suprema puede tardar –por sobradas razones– varios meses. Más grave aún, puede poner en riesgo la independencia judicial de nuestro máximo tribunal y, con ello, afectar gravemente el sistema constitucional de frenos y contrapesos.

El desenlace no debe sorprendernos. Las abstenciones provienen de un sector de la izquierda que a veces parece no profesar mayor simpatía por los frenos y contrapesos constitucionales, una que a ratos poco pareciera importarle derribar los molinos que se interpongan en alcanzar el paisaje constitucional añorado. Las negativas a participar de la votación provienen, en cambio, de sectores de la derecha que inocentemente dan por sentado que siempre habrá jueces en Berlín.

De ganar el Apruebo, se iniciará un periodo de transición constitucional en el que será imprescindible el rol fiscalizador de los tribunales. Sin embargo, podríamos enfrentamos a un escenario en el que será necesario renovar un tercio de la Corte Suprema y la totalidad de la Corte Constitucional (se elimina el Tribunal Constitucional y la instalación de su reemplazante solo ocurrirá en seis meses). Por lo demás, los nombramientos de la Suprema podrían tomar mucho tiempo en materializarse, ya que ellos le corresponden al Consejo de la Justicia. Esta institución todavía no existe y las propias normas transitorias establecen un horizonte de a lo menos dos años para su creación. Incluso descontado lo anterior, hay otro aspecto igualmente problemático: se le entrega el nombramiento de más de la mitad de la Corte Suprema a una mayoría circunstancias dentro de ese Consejo de la Justicia. Es cierto que se trata de una institución colegiada, pero igualmente no debe radicarse en tan pocas manos un poder tan extraordinario y con consecuencias tan trascendentes para nuestro país.

Afortunadamente todavía existen posibilidades de solucionar este vacío, pues la Comisión de Normas Transitorias aún debe evacuar un segundo informe en el que podría incorporarse una norma que regule la gradualidad en el reemplazo de los supremos y un mecanismo transitorio para proveer las vacancias que ocurran con anterioridad de la creación del Consejo de la Justicia. Ojalá que así ocurra, porque es difícil dimensionar los riesgos que podría tener no corregir una situación como esta. En contraste, los beneficios de preservar la independencia de la judicatura hablan por sí solos: hasta el día de hoy puede verse el viejo molino en las inmediaciones del Palacio de Sanssouci en Potsdam.

*Luis Eugenio García-Huidobro es investigador del Centro de Estudios Públicos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.