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Política

23 de junio de 2022

“Señor Piñera, está avisado»: a un año de la advertencia de Boric y la «decepción» del mundo de los DD.HH.

Gabriel Boric y Sebastián Piñera estrechando las manos en La Moneda, antes de la ceremonia de cambio de mando Agencia UNO

Tras un año desde que en el primer debate por primarias de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric prometiera que las autoridades del gobierno anterior no quedarían impunes por las responsabilidades en la violación a los Derechos Fundamentales durante el Estallido Social, aún se encuentra pendiente el traspaso de información desde Presidencia al Ministerio Público en la causa que lidera la fiscal Ximena Chong, advierten fuentes de Fiscalía. Mientras, el balance de la Comisión Chilena de Derechos Humanos es crítico ante lo que califican como "deudas": "La promesa de apoyar las denuncias ante cortes internacionales con objeto de que Sebastián Piñera sea juzgado y sancionado", dicen a The Clinic.

Por Joaquín Abud y Felipe González

“Señor Piñera, está avisado”. La icónica frase que lanzó el Presidente Gabriel Boric cuando aún era candidato para las primarias de Apruebo Dignidad -en el debate organizado por CNN y Chilevisión- cumple exactamente un año desde que fuera pronunciada al fragor de la pasada campaña presidencial.

Una frase que más tarde, en Septiembre de 2021 -tras haber ganado las primarias y de cara a la primera vuelta presidencial- volvería a enunciar. Siempre con un ánimo de mostrarse intransable frente a la impunidad y conquistando al votante que tenía como prioridad que las autoridades políticas de entonces, respondieran por las violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social.

En ese entonces, el 22 de Junio del año pasado, Boric partió su intervención criticando que “es insólito que a cuatro ex ministros de Estado de un gobierno que ha violado en democracia los Derechos Humanos de manera brutal, no se les haya hecho ninguna pregunta respecto a eso”, refiriéndose al debate que el día anterior habían sostenido los precandidatos de Chile Vamos: Sebastián Sichel (Independiente), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Joaquín Lavín (UDI).

Tras esa crítica, Boric mostró una firme convicción, comprometiéndose a perseguir a eventuales responsables en caso de ser electo Mandatario. “Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente, con todas las vías de la ley. Asi que señor Piñera, está avisado”.

Sin embargo, a un año de lanzada la promesa y tras poco más de 100 días de gobierno, el foco del Presidente ha estado en asuntos propios de la contingencia en un país complejo; aumento de la delincuencia, crisis de seguridad en la Macrozona Sur, la crisis económica con una inflación galopante, además de impulsar proyectos de ley emblemáticos para su administración, como el sueldo mínimo de $400 mil o la firma del Acuerdo de Escazú.

“Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente, con todas las vías de la ley», dijo el actual mandatario en el primer debate por las primarias de Apruebo Dignidad.

Así y todo, la investigación por delitos de Lesa Humanidad que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, liderada por la fiscal Ximena Chong, aún no ha tenido una conclusión que permita enjuiciar al ex Presidente Piñera o a los ministros que lo acompañaron durante su gestión.

Un tema abordado de manera “sucinta” en el Comité Político

A propósito de este tema, el Presidente Boric fue consultado en entrevista con radios regionales el 02 de Junio, un día después de su Cuenta Pública, sobre la promesa que realizó durante la contienda presidencial.

Al ser consultado por su advertencia, el Mandatario sentenció: “en Chile no puede haber impunidad”, agregando a modo de ejemplo que “Cristián Valdebenito fue asesinado en Santiago en Diciembre, si mal no recuerdo, del año 2019, y hasta el día de hoy no hay justicia. O lo que le sucedió a Romario Veloz en la Región de Coquimbo”.

“En esos casos”, continuó Boric, “nosotros no sólo vamos a poner los antecedentes de todos quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas. Ese es nuestro deber como Estado, que no haya impunidad”. De todos modos, enfatizó en que “no soy yo el encargado de juzgar”, rol que corresponde a los tribunales.

Además, en la instancia Boric comentó que “hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía para, justamente, poner todos los antecedentes que tengamos”, asegurando que “lo estamos haciendo”.

Luego de la entrevista, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, fue consultado sobre el tema, ratificando lo dicho por el Presidente. Sin embargo, admitió que el tema no ha sido prioridad en las reuniones del comité político de La Moneda, sino que se ha abordado “de manera sucinta”, según dijo en entrevista en Mega.

“Es cierto que ha llegado una solicitud en la que el gobierno tiene que recopilar distintos antecedentes que hay en todas las reparticiones públicas, de comunicaciones, de acciones que se hayan realizado, de sumarios que puedan existir en torno a lo que derivó después en graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Jackson. “(El Ejecutivo) va a poner toda la información sobre la mesa para que la justicia actúe, porque si hay algo que genera dolor y frustración, es la impunidad”, añadió.

Antecedentes pendientes

Pese a la vehemencia del Mandatario y del jefe de la Segpres por mostrarse pendientes de cumplir la promesa que hizo Boric en Junio de 2021, la entrega de antecedentes sigue siendo lenta.

Fuentes del Ministerio Público aseguran que el requerimiento fue hecho a Presidencia, por lo que formalmente le corresponde responder -a nombre del Ejecutivo- a la Directora Administrativa de La Moneda, Antonia Rozas. Pese a ello, las fuentes señalan que aún no cuenta con una respuesta del Ejecutivo.

Desde Fiscalía, aseguran que aún esperan el requerimiento de antecedentes que enviaron a principios de junio a Presidencia.

En Fiscalía aseguran que este requerimiento a Presidencia no es el único que se ha realizado, pues también se han hecho solicitudes al ministerio del Interior, cuyos antecedentes ya están en manos de la fiscal Chong. En todo caso, afirman que como la solicitud a Presidencia fue realizada hace menos de un mes, comprenden que los antecedentes no están del todo recopilados.

The Clinic consultó a Presidencia sobre los avances respecto a la entrega de antecedentes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Organizaciones de DD.HH.: “En verdad y justicia no escuchamos ninguna medida”

La promesa de Gabriel Boric de evitar la impunidad de las autoridades políticas del gobierno de Piñera, tiene un impacto crítico en las organizaciones de Derechos Humanos y en los familiares de las víctimas de estos delitos, quienes sufrieron los abusos de agentes del Estado durante la Revuelta. Un sector de la sociedad al que el actual Mandatario dirigió su discurso en el primer debate de Apruebo Dignidad.

Un universo que, incluso ya instalados en La Moneda, el gobierno ha hecho esfuerzos por enviar señales. Por ejemplo, fue así que la senadora Fabiola Campillai -una de las víctimas emblemáticas del Estallido Social- fue nombrada coordinadora de la Mesa de Reparación Integral, hecho anunciado durante la Cuenta Pública de Boric a inicios de mes.

En las víctimas de las violaciones a los DD.HH en el Estallido Social, hay una gran decepción por las medidas que ha tomado y que no ha tomado el actual gobierno”, dice Carlos Margotta.

Sobre este tema, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, asegura a The Clinic que “en el mundo de los derechos humanos y, particularmente, en las víctimas de las violaciones a los DD.HH en el Estallido Social, hay una gran decepción por las medidas que ha tomado y que no ha tomado el actual gobierno”.

En ese sentido, Margotta realiza una crítica a los anuncios de la Cuenta Pública, donde Boric aseguró que la “justicia, memoria, reparación y no repetición son compromisos de este gobierno”, omitiendo de paso el nulo avance que ha tenido el proyecto de indulto a los presos del Estallido en el Congreso, otra de las demandas de las organizaciones de DD.HH.

Si bien Margotta reconoce que “hay algunos anuncios en materia de DD.HH”, cuestiona que “en materia de verdad y justicia no escuchamos ninguna medida tendiente a cumplir las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en esta materia”.

Así, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. acusa dos promesas incumplidas hasta ahora por el Ejecutivo, las que califica como “deudas”. “La promesa de apoyar las denuncias ante cortes internacionales con objeto de que Sebastián Piñera sea juzgado y sancionado y, por el otro lado, la implementación de una garantía de no repetición tan relevante como es una reestructuración de Carabineros que debe ser liderada por una persona distinta a quien hoy dirige la institución”, sentenció.

Lo que vemos es una cercanía con el alto mando de Carabineros en función del control de la ola delictual que mediáticamente está asolando al país”, critica Luis Arellano, presidente de Codepu.

En este análisis coincide Luis Arellano, presidente de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -Codepu-, quien asegura: “Estamos preocupados por un gobierno que está siendo conducido en una dirección política que, aparentemente, no era la que deseaba impulsar”.

Respecto de la promesa de perseguir al ex Presidente Piñera, Arellano comenta que “hemos visto poco entusiasmo en eso. Lo que vemos es una cercanía con el alto mando de Carabineros en función del control de la ola delictual que mediáticamente está asolando al país”.

“Se pone en un plano muy secundario el propósito central de este gobierno, que era esencialmente iniciar un proceso de reconstrucción de una policía más adecuada a las necesidades de un país como Chile”, finaliza.


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