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Opinión

26 de julio de 2022

Cómo el Estado y los privados colaboran en pensiones

En el debate de pensiones algunos actores suelen argumentar que la participación de los privados en el sistema chileno es un caso anormal en el mundo. Esa afirmación es incorrecta.

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En las próximas semanas el gobierno de Gabriel Boric presentará una propuesta para reformar nuestro sistema de pensiones. En la antesala de esta propuesta, me gustaría hablar sobre la complementariedad entre los privados y el Estado en pensiones: cómo el Estado y los privados pueden trabajar juntos para entregar buenas pensiones a las personas.

Partiré con el contraejemplo de Argentina, dónde hubo una ausencia de complementariedad privado-estatal. En 1993 introduce un sistema de capitalización individual con administradoras privadas llamadas AFJP. Los trabajadores podían elegir que su cotización, en vez de destinarse al sistema de reparto, se colocara en una cuenta individual propia del trabajador y las AFJP estaban encargadas de invertir estos ahorros en los mercados de capitales para multiplicarlos.

Entre 1993 y 2000 la rentabilidad lograda por las AFJP fue alta, un 12% real anual. Pero entre 2001 y 2008 la rentabilidad bajó a 2,8%. ¿Qué ocurrió? A partir del 2000 hubo una intervención estatal sobre las administradoras privadas. El Estado Argentino estaba pasando por una crisis fiscal, necesitaba recursos para financiar su gasto público y forzó a las AFJP a comprar bonos estatales. En el 2001 Argentina entra en cesación de pagos de su deuda pública, lo que explicó en gran parte la caída de rentabilidad de las AFJP en este segundo periodo. Luego, el 2008 el gobierno argentino termina con el sistema privado de pensiones y traspasa todos los ahorros previsionales al sistema estatal de reparto.

¿Cómo le ha ido a Argentina con un sistema de reparto administrado completamente por el Estado? No bien. La rentabilidad de los fondos de pensiones administrados por el Estado ha tenido un desempeño inferior a la rentabilidad lograda por las administradoras privadas (AFP) del resto de los países de Latinoamérica.

El caso argentino es un ejemplo de ausencia de complementariedad entre los privados y el Estado. Primero el Estado intervino en la administración privada de los fondos y finalmente terminó absorbiendo completamente el sistema. Hoy el sistema de pensiones argentino tiene altos déficit, las pensiones disminuyen año a año y dependen cada vez más de los impuestos que pagan los argentinos.

¿Cómo le ha ido a Argentina con un sistema de reparto administrado completamente por el Estado? No bien. La rentabilidad de los fondos de pensiones administrados por el Estado ha tenido un desempeño inferior a la rentabilidad lograda por las administradoras privadas (AFP) del resto de los países de Latinoamérica».

En Chile los privados y el Estado trabajan juntos. Nuestro sistema de pensiones es mixto: tiene un componente estatal y un componente privado que se COMPLEMENTAN. Esta complementariedad privado-estatal la vemos en la pensión total pagada. La pensión que reciben los chilenos por una parte proviene del pilar contributivo privado, en que las cotizaciones de los trabajadores se depositan en sus cuentas individuales, y las administradoras privadas, las AFP, están encargadas de invertirlas en el mercado de capitales para multiplicarlas. Y otra parte de la pensión proviene del Pilar Solidario, financiada por impuestos generales donde el Estado entrega la Pensión Garantizada Universal (PGU) equivalente a $193.917 a todos los adultos mayores pertenecientes al 90% más vulnerable. Así en la pensión total pagada en Chile aportan tanto el sector privado como el Estado.

Otra complementariedad privado-estatal consiste en la fiscalización del Estado sobre la administración privada. La ley establece que las inversiones de las AFP tienen como único objetivo lograr una rentabilidad alta y segura de los ahorros previsionales de los trabajadores, y esta administración privada de los fondos está regulada legamente. Además, existe un ente estatal llamado Superintendencia de Pensiones encargada de fiscalizar la administración de las AFP, para garantizar que se realice de forma adecuada. Esta es otra manera cómo el sector privado y el Estado colaboran en Chile: por una parte, están las administradoras privadas encargadas de multiplicar los ahorros de los trabajadores de forma eficiente y por otra parte está el Estado encargado de regular y supervisar su correcto desempeño.

Existe un ente estatal llamado Superintendencia de Pensiones encargada de fiscalizar la administración de las AFP, para garantizar que se realice de forma adecuada. Esta es otra manera cómo el sector privado y el Estado colaboran en Chile».

En el debate de pensiones algunos actores suelen argumentar que la participación de los privados en el sistema chileno es un caso anormal en el mundo. Esa afirmación es incorrecta. En la mayoría de los países de la OECD, los países más desarrollados del mundo, existen fondos de pensiones administrados por privados, y en varios de ellos la participación privada, medida como el porcentaje del PIB que representan estos fondos, es mayor que en Chile. Destacan Holanda, Islandia y Reino Unido, top 10 en el ranking Mercer de pensiones. En estos países desarrollados ocurre la misma complementariedad privada-estatal chilena: una pensión solidaria estatal sumada a la pensión lograda en el pilar contributivo privado, además de una fiscalización del Estado sobre todo el sistema.

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