Descentralicemos sin dañar el país

En Chile existen amplias desigualdades territoriales. Según la Casen 2017, encuesta diseñada para medir la situación de los hogares del país, el ingreso del hogar promedio en la Región Metropolitana era más del doble que en la Región de Ñuble: $1.220.000 vs $600.000. Esta disparidad también se refleja en la pobreza multidimensional donde Magallanes tiene los menores niveles (10,8%), mientras La Araucanía alcanza los niveles más altos (28,5%).

Dado estas amplias brechas interregionales, en el debate de políticas públicas se ha hablado de avanzar en la descentralización fiscal del país: entregarles mayor autonomía a los gobiernos locales (regionales o municipalidades) en gastar y recaudar sus propios ingresos. La literatura sobre el tema plantea que, si se realiza de forma adecuada, permite una mejor asignación de bienes y servicios públicos debido a una mayor proximidad de las autoridades con la población, junto con una mayor rendición de cuentas de la ciudadanía.

Dado las amplias brechas interregionales, en el debate de políticas públicas se ha hablado de avanzar en la descentralización fiscal del país: entregarles mayor autonomía a los gobiernos locales (regionales o municipalidades) en gastar y recaudar sus propios ingresos”.

Con la intención de reducir las desigualdades territoriales y mejorar la asignación de servicios públicos, el borrador de la nueva Constitución busca avanzar en una mayor descentralización fiscal. Pero, si bien la intención es correcta, las formas están lejos de serlo. Me centraré en dos problemas.

Primero, pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.El borrador permite a los gobiernos regionales y locales emitir deuda, lo que abre la puerta a las “restricciones presupuestarias blandas”: los gobiernos locales gastan en exceso generando altas deudas porque tienen la expectativa de que el gobierno central los rescatará. Esta práctica de sobre gastos de los gobiernos locales con el posterior rescate del gobierno central se ha visto en países desarrollados como Alemania, Italia, Austria y Suecia (Hagen et al., 2000). En Argentina, Brasil y España los déficits de los gobiernos locales han sido tan grandes que han causado fuertes crisis fiscales comprometiendo al país completo.

Si bien el borrador coloca que el Fisco no garantizará el pago de las deudas subnacionales, en la práctica es poco realista pensar que el gobierno nacional no acudirá al rescate de un gobierno regional, sobre todo si la alternativa es un recorte fuerte al gasto social y servicio pública en esa región. Una de las mayores fortalezas institucionales de Chile es la sostenibilidad fiscal; es decir, tener un gasto estatal responsable y de acuerdo con sus ingresos. Al permitir a los gobiernos locales la emisión de deuda, se pone en riesgo esta cualidad. ¿Queremos una nueva Constitución que debilite nuestras fortalezas?

Si bien el borrador coloca que el Fisco no garantizará el pago de las deudas subnacionales, en la práctica es poco realista pensar que el gobierno nacional no acudirá al rescate de un gobierno regional, sobre todo si la alternativa es un recorte fuerte al gasto social y servicio pública en esa región”.

Segundo, pone en riesgo la libre competencia de mercado. Para mejorar la prestación de bienes y servicios públicos, el borrador permite la creación de empresas públicas regionales. Buena intención, pero con un gran problema: el borrador no incluye el principio de neutralidad competitiva. Este principio garantiza que las empresas públicas y privadas compitan en el mercado bajo las mismas condiciones, sin que el Estado les entregue ventajas a las públicas a través de subsidios, beneficios tributarios, exenciones de sanciones de libre competencia u otros.

Trataré de ilustrar la relevancia de este principio. Imagina un mercado en que se venden sillas. Distintas empresas privadas participan en él, llegando a un precio de mercado en torno a los $80.000. Luego, entra al mercado una empresa pública, y el Estado la subsidia permitiéndole vender sillas a un menor precio, a $50.000. Resultado: la demanda por sillas se concentrará en la empresa pública, y las privadas perderán espacio en el mercado, incluso algunas tendrán que retirarse. Esto perjudicaría sobre todo a las pymes, que tienen menos capacidad de competir por mejores precios.

El borrador no incluye el principio de neutralidad competitiva. Este principio garantiza que las empresas públicas y privadas compitan en el mercado bajo las mismas condiciones, sin que el Estado les entregue ventajas a las públicas a través de subsidios, beneficios tributarios, exenciones de sanciones de libre competencia u otros”.

¿Quieres un mercado en que los privados están en desventajas para competir ante las empresas públicas? ¿O quieres una economía que le dé espacio y oportunidad a las iniciativas privadas para desarrollar empresas y crear empleos? Si es lo segundo, debieras exigir el principio de neutralidad competitiva en tu Constitución. Este principio está protegido en la Constitución actual y ha sido recomendado reiteradamente por la OCDE, formado por los países más desarrollados del mundo, a los que aspiramos parecernos.

Se ha hablado de mejorar los servicios del Estado y acercarlos a las personas a través de una mayor descentralización fiscal, para así lograr un desarrollo territorial equitativo. Los técnicos chilenos han desarrollado mucho material para guiar una descentralización sana y beneficiosa. Entre ellos, Martín Besfamille, Jorge Rodríguez, Ignacio Irarrázaval, Isabel Aninat, Slaven Razmilic, Felipe Irarrázaval, Arturo Orellana, Rodrigo Valdés. Si siguiéramos sus recomendaciones, la descentralización no dañaría la sostenibilidad fiscal del país ni la economía de mercado, daños que causaría el borrador al implementarse. Las recomendaciones de estos expertos son una mirada alternativa al borrador que quedaron en el camino, miradas que podrían recogerse para implementar una Constitución adecuada para Chile.