La batalla legal del primer dispensario de cannabis en Chile contra el Estado: Su fundador lleva tres meses en prisión preventiva

Dispensario Nacional (DN) es la primera asociación de cannabis medicinal constituida en Chile en el año 2016, quienes cultivan para sus miembros, los que son pacientes tratados con cannabis terapéutico prescrito por médicos y en el marco legal vigente.

Luis Quintanilla Alarcón, fundador y representante legal de la entidad, está cumpliendo con prisión preventiva desde el pasado 16 de agosto de 2022. Esto, después de un allanamiento en octubre de este año a la sede administrativa de la institución en Providencia, donde fueron víctimas del decomiso del equipamiento y destrucción de la materia vegetal y el cultivo de la corporación.

Cabe señalar que también resultaron 2 personas detenidas: un jardinero y una funcionaria de aseo y mantención, los que quedaron con arresto domiciliario total.

“Una vez más se está utilizando la prisión preventiva fuera de sus marcos y como un castigo previo. Luis no es una persona peligrosa para la sociedad, no debe estar en prisión preventiva. Es una víctima del Estado de Chile en su calidad de presidente de Dispensario Nacional. Por esto es que hicimos llegar una denuncia a la Corte Interamericana de DDHH“, cuenta Valeska Frías Aldunat, directora de coordinación de DN.

Permiso inexistente

La Fiscalía argumenta que falta un permiso de cultivo y plantación de cannabis que sería entregado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Como Luis no lo tiene, está realizando “cultivo sin autorización”. Su defensa plantea que la medida cautelar es ilegal. ¿Por qué? Señala el dispensario en un comunicado que el mismo SAG informó al ex Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que dicho certificado no existe y que no se entrega ni para uso personal ni colectivo.

Las asociaciones de cultivo de cannabis como Dispensario Nacional, son corporaciones sin fines de lucro, y están constituidas al amparo de la ley N° 20.500. En éstas, los miembros o socios son dueños de lo que produzca la organización, por lo que no existe comercio ni tráfico. Los socios invierten en la mantención del cultivo y del club, por lo tanto, no existe un pago por la venta. Así, el asociado se “dispensa” según indica la receta, pagando una mantención que determina cada corporación.

“Es urgente regular el cannabis dada la cantidad de usuarios y pacientes en Chile, colocando como ejemplo a Dispensario Nacional y cómo hemos sido víctimas de un vacío legal”, expresa Frías, ya que cientos de pacientes de cannabis medicinal se han visto afectados por problemas logísticos y operativos que ha tenido la corporación desde el allanamiento y prisión de su director.

Sin tráfico no hay delito eso dice la ley 20.000 #NOMASPRESOSPORPLANTAR pic.twitter.com/O0Phmzj93n

— Dispensario Nacional (@DisNacional) October 23, 2021

Estrategia judicial

La defensa de Luis Quintanilla está en proceso de apelación de admisibilidad de un recurso de amparo que está siendo revisado por la Excma. Corte Suprema (14.10.2022), para cambiar la medida cautelar a una menos extrema, como arresto domiciliario. “Aún no hay condena. Ni siquiera se ha realizado la audiencia de preparación de juicio oral, en la cual se ofrecen las pruebas que se revisarán en juicio, y Luis sigue en prisión”, agrega la directora.

Desde el Congreso, el caso de Luis y Dispensario Nacional ha tenido acogida por parte de diversos parlamentarios. Tales como los diputados Jorge Brito Hasbún, Diego Ibáñez, Ana María Gazmuri, quienes han colaborado y empatizado con esta situación.  

Para el equipo de Dispensario Nacional es muy importante que esta situación se visibilice, y así poder destacar el activismo de Luis Quintanilla, quien ha desarrollado una búsqueda humanitaria de acceso seguro al cannabis para sus pacientes asociados. La medida de prisión preventiva contra él es desproporcionada y no está fundamentada, asegura su defensa.

Los abogados Juan Pablo Olmedo y Andrea Ruíz, denunciaron ante la Comisión Interamericana de DDHH las prácticas de persecución del Estado de Chile en contra de las personas que cultivan cannabis para fines medicinales.