Juzgue usted: La multa que recibió empresa de Luksic por extracción ilegal de agua durante más de 15 años en Paihuano

El Cerrito, una empresa agrícola del empresario Andrónico Luksic recibió una multa de 60 millones de pesos por extracción ilegal de agua, todo esto en medio de la peor crisis hídrica que vive Chile.

Según consigna El Mostrador, la empresa ubicada en Paihuano, dentro del Valle del Elqui en Coquimbo habría desviado aguas para que fueran en beneficio de sus viñas durante los últimos 15 años.

La denuncia indica que la firma habría instalado de forma ilegal una bomba de agua y un dique para acumular el elemento vital.

Se dice que la empresa de Luksic se habría quedado con millones de metros cúbicos de agua, mientras que los pequeños agricultores de Paihuano no tenían ni para regar maceteros.

A través de una denuncia judicial presentada en 2021, Greenpeace sostiene que “la zona donde se está realizando la extracción ilegal, conforme a la información de la Dirección General de Aguas (DGA), órgano dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), corresponde al de una cuenca sobreotorgada, afectada por puntos de extracción ilegal, lo que ha abierto un conflicto latente en la zona, que se ve agudizado producto de la la baja de precipitación persistente en esa zona del país, lo que ha implicado que esta comuna esté continuamente afecta a decretos de escasez, catástrofe o emergencia hídrica”.

El agricultor que denunció este hecho en 2020, Sergio Alemparte, lamentó: “imagínate una bomba de 50 hp extrayendo agua, ocho, diez horas al día, agua que fue usada para que esta empresa regara sus uvas. Regaron durante años con agua que no era de ellos. Es muy grave”.

Mientras el agricultor acusa que nadie de los Luksic ha querido hablar con él, se indica que el empresario podría interponer un recurso en la Corte de Apelaciones para revertir la multa de 60 millones de pesos.

Greenpeace y el abogado Luis Mariano Rendón criticaron que “s algo que le hace mal a la administración de justicia, sobre todo tratándose de la empresa de un multimillonario”, esto haciendo alusión a la decisión del juez Felipe Ravanal que eligió sobreseer a Luksic y a su gerente, Rodrigo Santander. También se apuntó contra el fiscal de Vicuña, Juan Rubén González Tobar, quien no consideró un informe de la Policía de Investigaciones sobre el caso, que hablaba de usurpación.

Rendón agregó que “se sobreseyó primero a Luksic, seguramente con el argumento de no estar directamente en la gestión operativa del predio, y luego a Santander, el gerente operativo del predio…Lo que no me calza es que si el Ministerio Público se opuso a la solicitud de sobreseimiento, por qué no interpuso el recurso de apelación correspondiente. Es sumamente extraño, incoherente”.

El Ministerio Público aseveró que la Fiscalía de Vicuña hizo su labor de investigar, tomar declaraciones y pidió a la PDI que indaga en el lugar. En este sentido afirmó que “la Fiscalía y la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional concurrieron al lugar y al sector donde presuntamente se extraería el agua y a los lugares presumiblemente afectados, para efectuar otras diligencias en canales y compuertas”.

Recalcó que “pese a las diligencias efectuadas y otras acciones derivadas en la causa y dadas las condiciones en que se realizaba dicho proceso de distribución de agua, no se acreditó afectación del suministro total a los fundos aledaños. Por ende, no existía forma de acreditar la perpetración de algún delito, al menos en el área penal, no así la infracción que sancionó la DGA”.

Cabe decir que luego del retiro del aparato ilegal de desvío de aguas, en enero de 2021, Alemparte aseguró que “últimamente tenía agua una vez por semana, ahora tengo todos los días”.

La empresa El Cerrito ha negado los cargos que se les acusa y juran que “las acusaciones que se hicieron desde el comienzo de esta investigación han demostrado ser infundadas en todas las instancias que corresponden, tanto judiciales como administrativas”.

Añade que “la DGA, si bien optó por rebajar la multa originalmente aplicada, reiteró su parecer de que se habría cometido una infracción de carácter administrativo. La empresa se encuentra estudiando en detalle toda la documentación y fundamentación de la decisión de la DGA, y en base a ella determinará las acciones a seguir”.

Alemparte, quien descubrió la bomba ilegal en octubre de 2020, sostuvo que “somos 22 accionistas del canal Asiento, que somos los afectados por este hecho. Nosotros hemos tratado de acercarnos a ellos, yo personalmente, para ver la posibilidad de conversar, pero no abren la puerta. No quieren conversar nada, absolutamente nada, ni conmigo ni con los abogados. Su defensa es que con la cantidad de acciones de agua que ellos tienen, tienen para regar sus cultivos. El daño es duro. Además ellos estaban ocupando derechos de agua de terceros. En un lugar como Elqui, el agua es el hilo vital para que todo funcione”.

A su vez, resaltó que “esta gente además construyó un dique que interrumpió el curso del estero. Al hacer el dique, una laguna con geomembrana, empezaron a acumular agua y a sacarla con la bomba”.

En tanto, el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, dijo que “cualquier tipo de extracción irregular tiene que ser penalizada con la normativa y las leyes que existen. Nosotros no compartimos para nada esta situación. Todo lo que sea extracción irregular de aguas, sobre todo en una comuna que sufre una sequía bastante grande hace muchos años, tiene que ser sancionada con las normas que correspondan”.