Columna de Francisco Medina (IdeaPaís): El Tronco caído

Pese a que todavía no está formalizado, el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), parece estar en serios problemas. Hace poco más de un año, dos de sus colaboradores más cercanos, Antonia Larraín y Domingo Prieto, denunciaron una serie de hechos de suma gravedad que ocurrieron durante su gestión. Según ellos, Torrealba solía recibir dinero en sobres provenientes de las corporaciones que dirigía Prieto. Las sospechas se agravaron hace pocas semanas, cuando la PDI dio a conocer que el ex edil tiene, entre otras cosas, una cuenta corriente con 2.300 millones de pesos, cientos de depósitos en efectivo por montos menores a 10 millones de pesos, y una casa en el sur con fajos de billetes escondidos en las paredes, al más puro estilo de Breaking Bad.

Si Torrealba llega a ser condenado, cientos de preguntas surgirán en torno al rol de fiscalización y control de los funcionarios que trabajaron con él. Y esto es lógico si consideramos que el ex alcalde se mantuvo durante 24 años en el cargo. Por lo pronto, ¿dónde estuvo el Concejo Municipal durante todos estos años? Recordemos  que de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, los concejales deben fiscalizar las actuaciones del alcalde y, desde el año 2011, tienen la facultad de solicitar informes a las corporaciones que reciban aportes o subvenciones municipales.

La primera explicación a la mano se relaciona con la interminable hegemonía de la derecha en el Concejo de Vitacura. Pero más allá del sector político de que se trate, lo anterior da para una reflexión más general. La ausencia de verdadero pluralismo político al interior de nuestras instituciones, y especialmente en las municipalidades, es un problema que suele abrir excesivas parcelas de discrecionalidad y oscuridad administrativa. Si a ello sumamos las más de dos décadas en el poder, la mesa parecía servida. En buena hora, la Ley 21.238 limitó la reelección de los alcaldes, pero todo indica que falta mucho por avanzar en esta dirección, tanto a nivel legal como constitucional.

Ahora bien, de ser todo esto cierto, también cabe hacerse algunas preguntas adicionales.  Maximiliano del Real lleva diez años como concejal de Vitacura. Por su parte, Felipe Irarrázaval lleva siete años en ese órgano, y Macarena Bezanilla junto con Catalina Recordón trabajaron durante cuatro años en el Concejo. Pues bien, todos ellos comparten algo en común con el exalcalde: militan (o militaron) en el mismo partido. ¿Cómo es posible que ninguno de los concejales, con quienes presuntamente comparten principios y proyectos en común levantara antes las alarmas sobre esta situación? ¿Dónde estuvieron todos estos años? Es trascendental que en los desafíos legislativos y constitucionales que tenemos por delante establezcamos diseños que, en sus respectivos contextos, contengan la concentración del poder, la arbitrariedad y la corrupción. Sin embargo, no podemos olvidar que incluso la mejor institucionalidad puede ser vencida por partidos políticos de acción aletargada o de conducta omisiva, que no contemplan mecanismos de accountability para sus autoridades, y que se limitan a solucionar las cosas aceptando la renuncia de sus militantes.