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Opinión

9 de Marzo de 2023

Columna del senador Pedro Araya: Una nueva fiscalía, una ventana de esperanza

Este sistema creado en 2015 e implementado de manera gradual en el Ministerio Público, ha sido efectivo y eficiente, sin embargo no se entiende que la saliente administración de la fiscalía haya destinado menos del 5% del gasto a estas tareas y hayan sido aplicadas a un porcentaje muy menor de casos.

Por Pedro Araya Guerrero

Soplan nuevos aires en la fiscalía y en el Ministerio Público, qué duda cabe. En las últimas semanas y meses hemos podido observar a un jefe nacional de servicio en terreno, de manera permanente y abocado a organizar procesos investigativos de alcance suprarregional y hasta nacional.

Primero, en la macrozona sur, en la zona norte y últimamente en las causas que han afectado enormemente el sur de nuestro país. No estábamos acostumbrados a ver una autoridad operativa y, sin duda, ello nos permite tener nuevas esperanzas en que la labor investigativa tomará un curso de mayor eficiencia en los próximos años.

Con el fin de colaborar y aportar en dicha tarea me pareció pertinente referirme a algunos temas que hoy, más que nunca, resultan de interés público en materia de persecución penal.

El año 2015 fue aprobada la Ley de Fortalecimiento al Ministerio Público, que en su artículo 37 bis estableció la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Las unidades que formaron parte de este sistema se crearon, justamente, para generar información agregada de los delitos de mayor connotación social evitando el y tratamiento caso a caso y, a la vez, para que pudieran formular  orientaciones de persecución con el objetivo de lograr una gestión más eficiente.

Fachada fiscalía Metropolitana, Centro de Justicia. Foto: AgenciaUno.

Por otra parte, en agosto del año 2019, fue desarrollado un estudio por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con el fin de “evaluar el Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos, SACFI. 

A partir de dicho estudio pudo evidenciarse los positivos resultados en términos de investigación de aquellos casos que eran tratados en el marzo de estas unidades (llamados “casos foco”). A modo de ejemplo puede señalarse que:

En el caso de la Fase I de implementación de dichas unidades, se obtuvo que el 23,6% de los imputados de casos foco fue formalizado, mientras que para casos no foco ese porcentaje fue de 10,7%.

El porcentaje de condenas privativas de libertad en causas foco fue de un 10% versus el 6% de las causas no foco.

Cabe también señalar que los casos no foco donde hubo alguna condena con privación de libertad provienen mayormente de flagrancia (entre el 80% y el 90%), mientras que esos porcentajes para casos foco son entre 40% – 50%.

A todas luces este sistema creado el año 2015, e implementado de manera gradual en el Ministerio Público, ha sido efectivo y eficiente, sin embargo no se entiende que la saliente administración de la fiscalía haya destinado menos del 5% del gasto a estas tareas y hayan sido aplicadas a un porcentaje muy menor de casos. ¡¡¡¡Inexplicable!!!!

Situaciones como éstas son las que deben revertirse bajo el nuevo mandato del fiscal nacional y pensar en extender lo más posible este tipo de iniciativas, incluso cuando ello lleve aparejado una revisión presupuestaria de modo de asignar mayores recursos en la investigación.

Cuando a diario somos testigos del flagelo de la delincuencia y de cómo éste se extiende no solo territorialmente sino también en términos de nuevos y más violentos tipos delictuales, es más urgente que nunca apostar a métodos de investigación que hayan probado su efectividad y para lo cual sea dicho de paso, el Congreso en su momento aprobó importantes montos de inversión.

* Senador por la Región de Antofagasta.

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