Militares imputados por delito de tortura en Estallido Social quedan con medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual

Ocho militares fueron sujetos con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a víctimas, tras ser imputados como presuntos autores del delito consumado de tortura en el marco del Estallido Social, en Temuco.

El hecho remonta al 22 de octubre del 2019, aproximadamente a las 22:30 hrs, cuando las dos víctimas estaban en una manifestación pública en el centro de la ciudad -en la intersección de las calles San Martín y Andes de Temuco- cuando llegaron efectivos del Ejército en vehículos institucionales y procedieron a detener a los jóvenes.

Detención a dos víctimas

Según sostienen desde el Poder Judicial, cuando redujeron a una de las víctimas lo obligaron -entre golpes- a arrodillarse y pedir disculpas a viva voz a los vecinos del sector en donde estaban protestando en el marco del Estallido Social. Luego procedieron a maniatar a las víctimas y llevarlos en unos vehículos institucionales llevarlos al Cementerio General de Temuco, en donde los obligaron a apoyar la frente en uno de los muros y, entre golpes e insultos, volvieron a exigir que pidieran “disculpas al país por protestar”.

Mientras las víctimas seguían de cara a la pared, los militares manipularon sus armas de servicio y simularon un fusilamiento. Finalmente, en medio de patadas, les ordenaron que se retiraran del lugar sin mirar para atrás, mientras los amenazaban con dispararles a matar. Esta detención de las víctimas no fue informada por la patrulla militar a la autoridad policial.

Tras la golpiza de los militares, una de las víctimas presentó -entre otras lesiones- una contunsión costal por golpe de fusil, mientras que la otra resultó “con equimosis en la región dorsal intercostal derecha, en la fosa ilíaca derecha y eritema en la región lumbar. Lesiones catalogadas clínicamente como de carácter leve”.

Dictamen Juzgado de Garantía

Los militares fueron imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tortura, y, este jueves, el Juzgado de Garantía de Temuco dictaminó las medidas cautelares para los efectivos del ejército el teniente Juan Carlos Calvo Oróstica; el sargento segundo Enrique Alejandro Quintana Bastías.

Así como a los cabos primero Patricio Fabián Fuentes Gatica, Isaías Osvaldo Illanes Aguilera y Daniel Esteban Guarda Peña; y a los cabos segundo Claudio Matías Millalén Correa, Matías Eduardo Matamala Osorio, y el alférez Walter Francisco Balboa Cid.

El magistrado Alfredo Cox Castro desestimó la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público señalando que no se justificaba la privación de libertad a los imputados que mantienen irreprochable conducta anterior y asistieron voluntariamente al procedimiento por el hecho del Estallido Social. El magistrado fijó un plazo de investigación de cuatro meses y las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a víctimas