Caso Democracia Viva: funcionarios del Serviu advirtieron en mayo al Minvu y acudieron a diputado alertando “amenazas” del seremi

Continúan surgiendo nuevos antecedentes del caso que ha removido al oficialismo por la firma de tres convenios entre la Fundación Democracia Viva -cuyo representante legal es Daniel Andrade, actual pareja de la diputada Catalina Pérez– y el exseremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Antofagasta, Carlos Contreras, por $426 millones.

A través de la Asociación de Funcionarios del Serviu, empleados del ente de Antofagasta enviaron un correo -al que tuvo acceso El Mercurio- advirtiendo de los convenios con Democracia Viva a las autoridades del Minvu, a nivel central, entre ellos a las subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien -al igual que Daniel Andrade, el exseremi Contreras y la diputada Pérez- milita en Revolución Democrática (RD), según la información del Minvu.

El correo fue enviado el 2 de mayo de 2023 por Carla Olivares, presidente de la Asociación, e indicaba que “me dirijo a ustedes (…) para exponer una situación delicada y compleja que desde hace un tiempo y a la fecha ha estado atravesando el equipo de Asentamientos Precarios, por lo que pido a todos y todas atender la problemática que hoy estamos atravesando por responsabilidad única del Sr. Carlos Contreras, seremi Minvu, Región Antofagasta”.

Continúan señalando que “desde hace un tiempo se han presentado algunas situaciones que nos preocupan, dado que a juicio del equipo -al cual también pertenezco- no se estaría dando cumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios ‘sobre la correcta utilización de los recursos'”.

Tras señalar esto, se enumeran ciertos aspectos “que resultan de alta complejidad”, según recoge el medio citado, y el último de estos es el caso que tiene a RD en tensión. El correo sostiene: “La fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 Convenios cuyo Director -quien firmó los convenios- es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho Director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa”.

Al no recibir ninguna respuesta de las autoridades del Minvu, los funcionarios acudieron al diputado Jaime Araya, quien es independiente por Antofagasta.

Según señaló el parlamentario, desde la asociación le enviaron un mensaje indicando que consiguieron su contacto “por la desesperación que tenemos por la forma en que hemos sido amenazados por parte del seremi de Vivienda de Antofagasta, quien se jacta de ser amigo personal de la diputada Catalina Pérez, que además es vicepresidente de la Cámara. Son tantas las irregularidades que hemos denunciado, y por eso estamos siendo maltratados y perseguidos”.

De esta forma, el diputado Araya aseguró al medio mencionado que el contacto que tuvo con los funcionarios fue a través de Whatsapp el pasado 1 de junio y en el mensaje copiaban el email que habían enviado al Minvu. “Inmediatamente requerí más antecedentes y no tuve respuesta, por lo que he estado recopilando antecedentes más precisos, a través de fuentes abiertas. En el correo se aprecia claramente que en mayo los funcionarios advirtieron esta situación, a sus superiores”, señaló Araya.

Caso Democracia Viva

El caso Democracia Viva se dio a conocer luego de que la diputada Catalina Pérez se autodenunciara a la Contraloría frente a un oficio de fiscalización que había interpuesto su par Yovana Ahumada. Más adelante se confirmó la renuncia del exseremi del Minvu en Antofagasta y, asimismo, la diputada de RD suspendió su participación en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Desde el Ministerio Público iniciaron una investigación de los antecedentes encabezada por la Fiscalía de Antofagasta. Por otra parte, desde Revolución Democrática (RD) solicitaron la salida del partido del exseremi Contreras y de Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez y representante de Democracia Viva.

El titular del Minvu, Carlos Montes, en tanto, señaló este miércoles que “una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos“.

Asimismo no descartó una eventual querella. “El gobierno está estudiando todas las posibilidades y no descarta esa”, sostuvo.