Columna de Jorge Gómez Arismendi | Aprovechadores políticos  

El riesgo de un mal uso de los recursos públicos por parte de políticos o funcionarios, con los cuales terminan favoreciendo a familiares y amigos o a sus propios bolsillos, no es algo poco habitual. El vicio va desde cargar el tanque de bencina a toda la parentela para irse a la playa, pasando por utilizar recursos para alimentar el clientelismo, hasta la corrupción vergonzante de esconder la plata, obtenida a la mala, en las paredes de la casa. Todo a costa del contribuyente.   

A pesar de lo anterior, los políticos generalmente buscan mostrarse como servidores públicos que actúan desinteresadamente, ya sea por vocación de servicio o amor a la justicia social. Esta es una visión en exceso romántica de sí mismos y nadie en su sano juicio debería creerla a ciegas. Esto pues, en sentido estricto, el político siempre busca poder, prestigio o recursos a diversa escala.

Este impulso humano lo vemos en situaciones diversas, cuando a una persona se le otorga una pequeña cuota de poder y si no tiene contrapesos, comienza a actuar como déspota.

Quién no se ha encontrado con un vigilante que se cree dueño del lugar que cuida, una secretaria que se cree dueña de la empresa en que trabaja, un funcionario público que se cree amo y señor de un servicio o un gerente o directivo que cree que es superior en todo respecto a sus colegas.  

Sin duda alguna, la actividad política y las organizaciones partidarias son importantes en una democracia. Pero se debe tener presente que a través del poder del Estado se ponen a disposición una variedad de personas tan imperfectas como cualquiera, no de ángeles ni santos. Por eso la presunción de una moral superior, al estilo Giorgio Jackson, es ridícula y una mentira del porte de un buque. Ni un seguidor de Cristo está libre de los vicios del poder.  

A través del poder estatal, los actores políticos van conformando redes y apoyos que los sostienen en la cúspide. Como en todo, algunos son más afanados que otros en esa tarea y a como dé lugar buscarán mantener o acrecentar sus potestades. Ello explica en parte el ahínco con que se promueve la idea de un Estado enorme y con grandes recursos disponibles. Es decir, no responde necesariamente a la búsqueda de justicia o igualdad como plantean los políticos, sino a sostener sus redes de poder y con ello sus prerrogativas. Esto lo pueden hacer dentro de los marcos de la legalidad. Y por eso mismo no es llegar y aprobar cualquier legislación, pues eso puede generar incentivos perversos.

El Estado presenta fallos y riesgos también. La tentación del poder también puede llevar a los actores políticos a transgredir los límites legales, a torcer las leyes a su favor o incluso a aprovechar los fallos del Estado en su propio beneficio. La actividad política, por el poder, prerrogativas y capitales que ofrece a sus actores, conlleva un alto riesgo moral por parte de políticos, asesores, militantes y funcionarios. Sobre todo, por su carácter delegativo.Por eso no es baladí la idea de que el poder político requiere controles y contrapesos. Ni es trivial la idea de que el Estado también requiere límites y que no puede ser un poder monopólico y omnipotente en cada aspecto de nuestras vidas.   

El caso del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el cual desvió por años grandes cantidades de dinero hacia sus propios bolsillos mediante la subvención a organizaciones comunitarias, Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, es ejemplo de lo grave que puede llegar a ser la corrupción ahí donde el político no enfrenta contrapesos ni ningún control externo y además adopta una actitud omnipotente basada en redes clientelares y serviles.  

Una política mirada sin romanticismos nos debe llevar a tener presente que los actores políticos buscan obtener votos y apoyos para preservar su poder y sus privilegios. Y que eso puede llevar a vicios como buscar acrecentar las burocracias, a crear programas de forma compulsiva, aumentar las subvenciones a grupos de interés o abultar el presupuesto para determinados programas sin mediar criterios de eficiencia y eficacia.

Todo, con el fin de establecer empleos y cargos donde instalar a familiares, amigos y con ello crear redes clientelares y capturar rentas directa o indirectamente. Todo, obviamente en favor de su propio beneficio, pero a costa del contribuyente y a nombre de los más desfavorecidos, los más pobres, los ancianos, los vecinos, la justicia social o lo que sea. En otras palabras, se debe tener presente que el dirigente político, sindical, gremial o de cualquier tipo, no es un eunuco económico. El detalle es que, en el plano político, los recursos disponibles, con los cuales algunos linces buscarán su beneficio personal o el de sus cercanos, los aportan todos los ciudadanos mediante los impuestos, desde el IVA a las contribuciones.   

Como ese dinero no lo genera el político ni el funcionario, sino que proviene del contribuyente, la lógica de la captura de rentas y el despilfarro de recursos van de la mano. Total, desperdiciar recursos en programas ineficientes o en cargos inoficiosos no les afecta a ellos en sentido estricto. Tal como parece ocurrir en la JUNAEB. Se cumple así la regla que dice que lo que es de todos no es de nadie y entonces nadie se hace responsable del mal uso de los dineros fiscales.

Esto además genera fenómenos como el burócrata elusor del deber, que no cumple sus funciones porque igual le pagan. Esto conlleva una clara forma de despilfarro de recursos públicos, pues contratar a gente no idónea o que es inepta es costoso. Peor aún, deshacerse de un funcionario que no trabaja o que no es competente se torna difícil si este está amparado por el amiguismo político y tiene santos en la corte.   

El caso que involucra a la diputada Catalina Pérez, a su pareja Daniel Andrade y a su ex jefe de gabinete Carlos Contreras, a todas luces parece ser otro ejemplo de los vicios antes descritos. Hay búsqueda de rentas, amiguismo y una evidente ley de hierro de las oligarquías. Frente al caso, la diputada inmediatamente acusó aprovechamiento político. Lo claro es que la confabulación se produce entre amigos y militantes de un mismo partido y que la fundación Democracia Viva estaba destinada a servir a los intereses de la diputada Pérez y los de Revolución Democrática en la zona, mediante proselitismo camuflado de ayuda social. Todo, obviamente a nombre de los más pobres y con recursos que aportan todos los chilenos con sus impuestos. Ese es sin duda el verdadero aprovechamiento político.  

Jorge Gómez, investigador Senior FPP.