Afirman que PDI no encontró computadores, archivos o dispositivos para incautar en la sede de Democracia Viva en Ñuñoa

Durante la jornada del viernes, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI comenzó una serie de allanamientos en el marco del caso de los convenios entre Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda, en el que se investiga un presunto fraude al fisco por más de $400 millones.

Las diligencias de la policía civil se centraron en la sede de la fundación que está vinculada a Daniel Andrade, pareja de Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática y renunciada vicepresidenta de la Cámara Baja, tras conocerse el caso.

Según consigna un artículo de El Mercurio, citando a “conocedores de las pesquisas”, no hubo elementos para incautar. Es decir, no se encontraron computadores, archivos ni otros dispositivos. Apenas hallaron un letrero que consigna el nombre de la fundación.

¿De quién es la sede?

Los investigadores que fueron consultados por el matutino creen que la sede de Democracia Viva se trataría de una “fachada”. Señalan que no hay registros de plan de trabajo que den cuenta de los tres programas relacionados con las asignaciones del Gobierno.

Una de las teorías que maneja la policía es que se utilizó la dirección para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). También aparece este domicilio en los convenios suscritos con el Minvu.

De acuerdo a la información que recabó El Mercurio, la dueña del edificio de Democracia Viva es la antropóloga Cecilia Millán. Ella fue contratada por el Ministerio de Educación en 2022 para realizar una asesoría, cuyo valor asciende a $5,7 millones. Recordemos que el titular de la cartera, el ministro Marco Antonio Ávila, es militante de RD.

Por lo pronto, las diligencias continuarán principalmente por dos vías: el teléfono celular del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la entrevista que la Fiscalía de dicha ciudad tendrá con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la sede del Ministerio Público.