Ley de protección al denunciante: reserva de identidad y protección para aquellos que contribuyan a sancionar faltas a la probidad

Durante la mañana de este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la promulgación de la ley de Protección al Denunciante. Durante su discurso destacó la gestión que ha tenido su gobierno en el manejo de la crisis por los escándalos de corrupción del Caso Convenios.

“Ante cada irregularidad o delito que ha sido descubierto o denunciado, hemos investigado, hemos instruido sumarios y he pedido la renuncia a quienes han faltado a su tarea y a la fe pública”, afirmó el mandatario.

La ley tiene por objetivo contar con un marco normativo moderno que contribuya a inhibir y sancionar conductas contrarias a la probidad, con una protección adecuada de quienes denuncian frente a posibles represalias y actos vengativos por parte de los denunciados.

Con esto, el gobierno busca facilitar la denuncia, proteger la identidad de los denunciantes y permitir investigaciones más acuciosas de estos actos.

El estudio Radiografía de la Corrupción (2020) de la Contraloría General de la República indicó que solo un 32,9% de quienes fueron víctimas o testigos de corrupción lo denunció. Una de las principales razones mencionadas para no denunciar es el temor a ser objeto de represalias o amenazas (35,1%), lo que es más prevalente en funcionarios públicos (48,7%).

Por medio de un punto de prensa, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que esta ley busca enfrentar este problema.

¿Cuáles son sus principales elementos?

-Se establece el derecho de todo denunciante a ser protegido.

-Se crea un nuevo canal de denuncias. Una plataforma electrónica administrada por Contraloría y se establece que el organismo debe registrar y dar seguimiento a todas las denuncias.

–Se pueden denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o faltas administrativas, incluyendo hechos de corrupción o que afecten o puedan afectar bienes o recursos públicos.
Las denuncias también podrán realizarse en contra de personas e instituciones privadas en que el Estado tiene participación o que perciban fondos fiscales.

-Se establece que el denunciante de actos contra la probidad administrativa podrá pedir la reserva de su identidad.

-Se otorgan potestades a la Contraloría para iniciar directamente la persecución de responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en asuntos relevantes para el interés público. Debe proponer a la autoridad competente las respectivas sanciones, pero no puede imponerlas.

-Se establecen mecanismos de protección preventivos en favor del denunciante que sea personal de la administración del Estado.

-Se agrega una nueva causal de destitución en el Estatuto Administrativo a quien ejecute acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia o declare como testigo en una investigación administrativa o judicial.

“La denuncia es una de las principales herramientas para develar hechos ilícitos y faltas a la probidad”, manifiesta el Gobierno en relación a esta nueva ley de Protección al Denunciante.