Columna de Carolina Urrejola | Derechos de los niños y nueva Constitución: No es buenismo, no es woke

El lugar que ocupan los niños en cada sociedad se define -implícita o explícitamente- en su Constitución. Hay algunas que promueven y protegen sus derechos y otras mucho más restrictivas, en que los menores de edad existen en función del lugar que ocupan en su familia y en relación a sus progenitores. En el texto que se tramita actualmente en Chile se han introducido enmiendas que van en línea con esta última postura y esto representa un peligro. Advertir ese peligro no es “buenismo” ni una agotadora muestra más de la cultura woke (postura identitaria poco dada a los matices).

“La Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia (…) El Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono y/o tráfico de niños, todo esto de conformidad con la ley”. Eso dice el artículo 13, impulsado por la mayoría republicana que avanza en el proceso.

¿Y por qué se trata de una visión estrecha y eventualmente peligrosa? Según el abogado Nicolás Espejo, especializado en este tema, “en el texto se habla de niños, pero no existen. No se mencionan sus derechos, se habla de UNA familia, la de origen biológico, pero se obvia que existen otros tipos de nuevas familias”.  Lo que habría detrás, a su juicio, es un ataque desde lo más alto de nuestro pacto social a la idea de autonomía de niños, niñas y adolescentes, para instalar en cambio la noción de que los padres deben mediar toda su experiencia vital. Y esto va mucho más allá de lo establecido en la Constitución vigente.   

Es un hecho que en Chile vivimos una crisis de autoridad, reconocida transversalmente y que llega al paroxismo en la violencia de los overoles blancos. Un fenómeno social al que nadie ha podido responder adecuadamente y frente al cual cierto sector reacciona atacando la doctrina de los derechos infantojuveniles: la culpa del desmadre la tiene tanta autonomía y tan pocas responsabilidades a las que hemos acostumbrado a nuestros jóvenes. Que vuelva la mano dura, concluyen. Esta corriente, -que desanda 30 años de avances desde que Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, en 1990- se ha visto también en Brasil con el bolsonarismo, en Estados Unidos con el trumpismo y en general en los países que viven regresiones autoritarias.

No es lo mismo proteger a las niñas, niños y adolescentes y promover su desarrollo integral a través de políticas públicas que reconocerles sus derechos, ya que sólo estos modifican su estatus jurídico y les permiten convertirse en sujetos constitucionales plenos, dice Nicolás Espejo, que remarca que este reconocimiento no invalida el principio de que todos los niños debieran crecer en un ambiente familiar amoroso y que permita su desarrollo, un ideal compartido por todas las ideologías representadas en el proceso constituyente.

Quienes tenemos hijos podemos hacer chistes negros en privado sobre lo agotadora que es la crianza. Y recordar con nostalgia, medio en broma medio en serio, los tiempos en que los niños no podíamos ni chistar ni desafiar la autoridad de los grandes. Podemos reírnos de lo extremadamente conscientes que son de sus derechos y cómo los exigen ante cualquier cosa que les parezca que los pasa a llevar. 

Pero lo que no debemos hacer es relativizar su riqueza e individualidad, o reducirlos a un determinado proyecto vital dejando de lado sus muchas otras dimensiones y necesidades. Lamentablemente, en demasiados casos los niños son víctimas de comportamientos irresponsables de parte de quienes deben protegerlos. Podemos estar de acuerdo en que no todo son derechos, pero que sin derechos puede darse un escenario de abuso y vulneración que un pacto social debe contemplar y prevenir. A esos escenarios debe anticiparse una Constitución. Para eso está el derecho.