Caso Democracia Viva: los otros ocho militantes de RD que la Fiscalía mantiene en su radar

Uno de los hitos políticos de 2023 fue la explosión del caso Convenios que tuvo como primera manifestación los contratos suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva -liderada por militantes de Revolución Democrática (RD)-.

Los ojos de todos se volvieron -casi automáticamente- sobre tres integrantes de la tienda frenteamplista: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez. Sin embargo, la indagatoria de la Fiscalía Regional de Antofagasta se extiende sobre otros ocho miembros del partido.

Según publica La Tercera, entre los investigados por el fiscal Cristián Aguilar están la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas -en calidad de imputada, y el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi -en la misma calidad-. También está imputada la concejala RD por Antofagasta, Paz Fuica, a quien Andrade habría ofrecido formar parte de “un proyecto que involucra lucas […] allá en Antofagasta”.

Otro nombre es el de Paulina Cabrera, directora de Democracia Viva y militante de Revolución Democrática. Según un informe de la Policía de Investigaciones del pasado 31 de octubre, Cabrera es una de las tres personas que “percibieron mayor cantidad de pagos de honorarios” por la fundación.

En concreto, la dirigente habría recibido más de $18 millones en remuneraciones tras la suscripción de los convenios. Por ello, la Fiscalía solicitó el “levantamiento del secreto bancario con el fin de efectuar una trazabilidad financiera para aclarar el uso de los dineros fiscales”.

Una quinta militante de RD investigada es Paula Orellana -expareja de Carlos Contreras-, con quien la concejala Fuica se puso en contacto el 23 de junio, tras el estallido del caso Convenios. Ambas se tranquilizaron la una a la otra por sus implicaciones dentro del caso.

También se indaga, como testigos, a Liliana González, funcionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta vinculada a la extinta Fundación Procultura. Otros trabajadores de la repartición pública sobre los que se han puesto los ojos del Ministerio Público son Wilson Ahumada.

A ellos se suma la actual jefa territorial de Catalina Pérez en Antofagasta, Paloma Larraín, quien a inicios de junio mantuvo un diálogo por WhatsApp con Carlos Contreras. Ambos decidieron dejar de conversar por esa vía y trasladarse a Signal para una mayor privacidad.

Mientras la Fiscalía intensifica sus indagatorias, Revolución Democrática está analizando las sanciones para sus militantes implicados en posibles irregularidades.