El estrepitoso año de la diputada Catalina Pérez (RD): la caída de uno de los rostros principales del Caso Democracia Viva

La diputada Catalina Pérez (militante RD suspendida), abogada, comenzó su carrera política en el Congreso en 2018, cuando resultó electa por el distrito N°3, de la Región de Antofagasta. Electa con 6.106 votos, en el pacto del Frente Amplio, Pérez ingresaba al Legislativo para representar a su tienda política, Revolución Democrática (RD), fundada, entre otros, por el exministro Giorgio Jackson (RD) y el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

La parlamentaria, durante su segundo año en la Cámara de Diputados, presidió RD, cargo que lideró hasta mediados del 2021. Asimismo, fue parte de la firma del documento Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el que inició el proceso constituyente derivado la Convención Constitucional.

En tanto, en noviembre del 2022, sería elegida como segunda vicepresidenta de la Mesa de la Cámara Baja, liderada por entonces por el diputado Vlado Mirosevic (PL). Sin embargo, Pérez renunciaría a su puesto en esa instancia el 20 de junio del 2023, antes de lo estipulado en el acuerdo establecido en el reglamento de la corporación. ¿El motivo? el revuelo que generó el caso de unos convenios sustraídos entre el seremi de Vivienda de Antofagasta y una fundación. Se trataba de Democracia Viva.

Cuando el 16 de junio el medio antofagastino Timeline publicó el reportaje “En 2 meses: Fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta”, los ojos se posaron, de inmediato, sobre la diputada. Y es que la representante de la región nortina figuraba como un nexo entre los principales involucrados: Daniel Andrade (exRD), representante legal de Democracia Viva y entonces pareja de Pérez, y Carlos Contreras (exRD), exseremi de Vivienda de Antofagasta, antiguo jefe de gabinete de la parlamentaria.

“No tengo ninguna injerencia, interés o participación en los convenios”

El 19 de junio, la diputada dio un punto de prensa en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso. Allí, acompañada de figuras de RD —como el presidente del partido en ese momento, el senador Juan Ignacio Latorre—, la diputada marcó sus puntos.

“No tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos“, dijo tajantemente, defendiéndose de las conclusiones que se sacaba en ese momento desde la oposición.

Sin embargo, sondeos de opinión, como Cadem, señalaron que el 92% de los encuestados creía que Pérez sabía de lo que sucedía con Democracia Viva antes de que se descubriera. De esa forma, la diputada presentó una licencia médica que la ausento por 20 días del Parlamento.

Así las cosas, tras su vuelta y mientras el caso continuaba investigándose por la Fiscalía, se iban relevando antecedentes que no aportaron en su defensa. Una de esas provino del exsecretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni. En su declaración al Ministerio Público, el también abogado sostuvo que “Catalina Pérez sabía de los convenios con Democracia Viva desde 2022“.

¿Cuándo se enteró el Gobierno?

Una de las aristas que más abarca la atención en el caso consiste en cuándo fue el momento en el que el Gobierno y el Presidente Gabriel Boric supo del evento. Debido a la condición de Revolución Democrática como partido ancla del Frente Amplio, la incógnita era algo frecuente en los puntos de prensa del Ejecutivo.

La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), dijo, en su momento, que en mayo ella tomó razón de una denuncia de funcionarios de la región, pero que no notificó el asunto a su superior, el ministro Carlos Montes (PS). En tanto, Boric ha dicho que supo alrededor de la fecha de publicación de Timeline. Por su lado, Crispi, el jefe de asesores de Presidencia, reveló en la comisión especial investigadora de la Cámara que provocó el Caso Democracia Viva que supo de un “rumor” el 7 de junio.

No obstante, casi una semana después de la comparecencia de Crispi, Pérez dio una entrevista en La Tercera que puso en contradicho lo estipulado por el Ejecutivo. “La primera semana de junio comunico sobre la denuncia a Democracia Viva, a RD y al gobierno“, sostuvo.

Hasta hace unas semanas, la calidad de Pérez en la investigación era desconocida. Desde su grupo cercano se aseguraba que era vista por la Fiscalía como testigo de Democracia Viva, y que esa condición prevalecía hasta ahora. Pese a lo anterior, el fiscal de la causa, Cristián Aguilar, definió como imputada a Pérez, cerrando cualquier incógnita.

Los delitos investigados son fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.