Monto supera los $45 millones: denuncian a los académicos de la USACH Alberto Mayol, Lucía Dammert y Elisa Loncón por contratos a honorarios

Durante la jornada de este viernes, los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Stephan Schubert, denunciaron ante la Contraloría General de la República a los académicos de la Universidad de Santiago (USACH), Alberto Mayor, Lucía Dammert -exjefa de asesores del Segundo Piso de la Presidencia- y a Elisa Loncón -expresidenta de la extinta Convención Constiucional-.

¿La razón? Suscribir con recursos públicos más de 40 contratos a honorarios de manera paralela a sus funciones académicas, las que fueron realizadas en representación de la propia USACH y de dos sociedades relacionadas a la institución universitaria. ¿El monto total de los documentos? Supera los $45 millones

De acuerdo al escrito que presentaron los diputados ante el órgano fiscalizador, se puede leer que “mediante una serie de resoluciones exentas de la Universidad de Santiago de Chile y de contratos suscritos por la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Limitada y por la Sociedad Capacitación Usach Compañía Limitada, se aprobaron convenios a honorarios a suma alzada de funcionarios académicos pertenecientes a la Usach“.

Lo anterior, “para que mediante labores contratadas que serán realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, presten servicios mediante un monto determinado, imputado al presupuesto universitario, constituyéndose en varios casos como sobresueldos, en atención a que corresponden a las mismas labores que se ejecutan en su calidad de docentes, como académicos durante la jornada ordinaria por la cual están nombrados”.

El detallo de los contratos a honorarios

La cifra denunciada por los congresistas supera los $45 millones. Todos los contratos corresponden a prestaciones de servicios a honorarios, los que fueron efectuados por empleados públicos (al pertenecer a la USACH y ser una universidad estatal) sin que exista el detalle o se especifique en dichos documentos las labores contratadas.

De acuerdo al documento de los diputados Republicanos, el académico de la Facultad de Administración y Economía, Alberto Mayol, ha suscrito 28 contratos a honorarios por la suma de $37.596.092. La doctora en ciencia política y del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, Lucía Dammert, realizó 10 contratos por $5.756.340. La docente de la Facultad de Humanidades y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, efectuó tres contratos por $3.017.768.

En el oficio, los congresistas explicaron que “estimamos que las contrataciones realizadas por personas jurídicas de derecho privado que pertenecen a la USACH y por la misma casa de estudios, se constituyen en sobresueldos, es decir, pagos extras, suplementos remuneratorios efectuados vía boletas de honorarios por el desempeño de funciones propias ejecutadas en su calidad de empleados públicos/docentes/académicos, que realizan durante la jornada ordinaria, siendo en definitiva, trabajos realizados fuera de la jornada, pero por las mismas funciones, debiendo estas ser remuneradas por la vía de horas extraordinarias y no sobresueldos”.

“Es impresentable”

El diputado Juan Irarrázaval calificó el hecho como “impresentable”, sobre todo al estar vinculado a una universidad estatal.

“Es impresentable que una universidad estatal, que recibe recursos públicos para la educación de todos los chilenos, los use para pagar sobresueldos a operadores políticos, como lo son: la expresidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, la exjefa de asesores del Presidente Boric, Lucía Dammert, y el excandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, a través de sociedades relacionadas”, dijo Irarrázaval.

“Esperamos que no haya recursos de la gratuidad involucrados, ya que sería un hecho más repudiable aún. Además, la Contraloría debería investigar a fondo este caso el rol que ha tenido el expresidente y militante histórico del PS, Gonzalo Martner, quien ha estado a cargo de gran parte de estos contratos”, agregó el congresista.

Por su lado, el diputado Stephan Schubert afirmó que “con esta acción buscamos que Contraloría indague si hubo mal uso de recursos públicos en estos contratos a honorarios suscritos por los académicos en cuestión, los cuales realizaron actividades remuneradas en nombre de la casa de estudios y paralelo a los contratos que ya tenían con esta universidad”.

“Estamos hablando de grandes sumas de dinero, recursos que estaban destinados para financiar la educación de los estudiantes y no para pagar sobresueldos a estas personas, que además son conocidos rostros cercanos al Gobierno y al oficialismo”, enfatizó Schubert.