¿Fin al spam?: El lento avance en el Congreso del proyecto de ley que prohibe llamadas publicitarias sin consentimiento

Terminar con los llamados telefónicos provenientes de compañías de telecomunicaciones, denominadas “llamadas spam“. Esa es una de las iniciativas que se busca legislar en el Congreso, pero que, hasta ahora, aún no logra discutirse.

Se trata del proyecto de ley, impulsado en su mayoría por personeros del Frente Amplio, que busca modificar la ley 19.496, la cual establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores. Es allí donde se quiere establecer la prohibición de emitir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores que no hayan tenido consentimiento del consumidor.

La moción parlamentaria fue presentada el 20 de diciembre del 2022. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la iniciativa continúa en su primer trámite legislativo —en la comisión de Economía de la Cámara— desde entonces.

De acuerdo al documento de presentación del proyecto de ley de la Cámara (boletín 16041-03), la iniciativa nace en respuesta de los otros proyectos con una temática similar que figuran “archivados” en el Congreso. Inclusive, el proyecto original fue refundido con uno liderado por diputados integrantes de la bancada PPD–Independientes.

Gran parte de la moción se sustenta en la aparición de aplicaciones para teléfonos móviles para lograr identificar las “llamadas spam“. Allí mencionan a TrueCaller, de la que dicen que llegó a tener 250 millones de descargas en el mundo, “demostrando la globalidad de esta problemática“.

Además, sosteniéndose en estudios de las “ciencias económicas”, consideran las “llamadas spam” como un acto de “competencia desleal“.

Lo que contiene el proyecto de ley contra las “llamadas spam”

Con el antecedente de que han existido más de 130 mil requerimientos de consumidores que solicitaron al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) dejar de recibir “llamadas spam”, el proyecto de ley de los diputados establece tres medidas particulares.

La primera consiste en “el no recibir llamados telefónicos publicitarios de proveedores a menos que se haya expresado voluntad expresa“. De esa manera, se limitaría inmediatamente que los proveedores llamen aleatoriamente, reduciendo su universo de acción.

En tanto, la segunda medida que se propone es que las personas que hayan dado su “voluntad expresa” y en caso de requerirlo, sus proveedores brinden información sobre “de qué manera obtuvo sus datos“.

Por último, lo que se propone es que las empresas y proveedores que incumplan con la voluntad del usuario —o falte a la verdad con el mismo—, sean sancionados “con una multa de hasta 1500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)“. Es decir, en la conversión, el castigo podría llegar a casi $97 millones.

Por qué no ha prosperado

“Aún no comienza su discusión” y “el presidente aún no la pone en tabla “. Eso dijeron los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Flor Weisse (UDI), integrantes de la comisión de Economía, al ser consultados por el estado del proyecto.

Sin embargo, al interior de la comisión argumentan que los otros debates que se han posado en la instancia se han robado la atención, y con justificación. Allí, por ejemplo, se trabajó en el último tiempo el proyecto del Gobierno “Sernac te protege“, que busca brindar mayores atribuciones al ente.

También se discute allí el proyecto que regula la cantidad de permisos y la celeridad de estos para realizar cualquier tipo de emprendimiento en Chile. Son esos motivos, dice una de las diputadas impulsoras del proyecto de las llamadas, Javiera Morales (CS), los que explican la “lentitud” de la discusión.

“Lamento que el proyecto, siendo muy sencillo, le haya costado avanzar”, dice a The Clinic la parlamentaria frenteamplista. No obstante, espera que a la vuelta del receso legislativo de febrero la situación cambie para la iniciativa.

En ese sentido, espera que se le “pueda destinar al menos un par de sesiones para sacarlo adelante“. Del mismo modo reitera que la moción nace de la “experiencia ciudadana“.