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Opinión

18 de Febrero de 2024

Columna de Álvaro Ramis: Boric, a la mitad del camino y sin retorno

El columnista de The Clinic remarca que a pocos días de que se cumpla la primera parte de su mandato, el mandatario ha desplegado "mucha de la energía política que le llevó al poder, pero sin que ese esfuerzo parezca recompensado por una cosecha significativa en materia legislativa y en reformas relevantes". Por ello, plantea que para los dos años que se vienen "sólo cabe mirar hacia adelante, tomar decisiones difíciles y asumir que el único gobierno que fracasa no es el que pierde una elección, sino el que no es capaz de tener una estrategia para el día siguiente que entrega el poder".

Por Álvaro Ramis

El gobierno de Gabriel Boric llegará en pocos días a la mitad de su mandato habiendo desplegado mucha de la energía política que le llevó al poder, pero sin que ese esfuerzo parezca recompensado por una cosecha significativa en materia legislativa y en reformas relevantes. Es mucha la fuerza que bloquea su empeño transformador y la paciencia de las bases del oficialismo parece empezar a flaquear. El tiempo se convertirá desde ahora en adelante en el factor más gravitante para La Moneda, siendo un recurso finito, no almacenable, perecedero e inexorable, que escapa a la voluntad de quién lo desea administrar.

Para enfrentar los dos años que restan es necesario que el gobierno elabore un diseño estratégico y programático muy bien pensado, que responda a tres preguntas: ¿es posible? (¿se puede hacer?); ¿es viable? (¿conviene hacerlo?) ¿es deseable? (¿quiere realmente hacerlo?). Asumiendo este método trataré de repasar algunas de las tensiones que atraviesan áreas claves de gestión gubernamental.

En lo estrictamente político-electoral, el presidente deberá enfrentar el problema de la continuidad y espesor de la coalición oficialista. El plebiscito constitucional de diciembre pasado logró postergar sus tendencias divergentes ya que la amenaza de una segunda derrota disciplinó a los partidos y liderazgos parlamentarios. Pero en la segunda mitad del gobierno los estímulos electorales y las tensiones acumuladas en estos años impulsarán el discolaje parlamentario, la fragmentación de las bancadas, el descuelgue de líderes regionales y municipales y una infinidad de formas de fricción e insubordinación ya latentes.

Boric deberá administrar estas actitudes con firmeza, pero a la vez conduciendo hacia un proceso que no se agota en marzo de 2026. Para eso es necesario que el Frente Amplio logre fraguar con éxito la conformación de su partido único, y desde allí enfrentar la pregunta de largo plazo: ¿es posible proyectar una única coalición de centro e izquierda, de carácter estable y permanente, desde la DC hasta el PC?, ¿conviene ese diseño en términos tanto electorales como de gestión?; ¿qué es lo que desea el presidente y el FA, más allá de los próximos dos años de gobierno?

Esta pregunta parece absurda cuando las urgencias de la labor de gobierno consumen todas las energías del día a día. Pero la historia de la izquierda chilena está marcada a fuego por este constante dilema: ¿frente popular o frente de trabajadores? Lo que puede ser expresado en términos actuales como el dilema entre una única gran coalición, con hegemonía de los partidos de centro, o una coalición de izquierda que pacte con el centro, desde su propia hegemonía. La Concertación se asemeja al primer modelo y la actual conformación oficialista al segundo. Ambas alternativas ofrecen límites y posibilidades, pero cualquiera sea la respuesta, es necesario que la decisión se tome claramente y lo antes posible ya que el diseño que se asuma influirá en el gestión de este período.

Otro dilema similar atraviesa el campo de la política económica. El presidente Boric y el ministro Marcel pueden mostrar que han logrado un resultado mejor que lo pronosticado por los economistas privados. Mientras a inicio de 2023 estos proyectaban una contracción del 2% en realidad la caída fue de solo 0,2%. La inflación ha seguido retrocediendo, la inversión extranjera directa en 2023 superó los US$ 20 mil millones y todo parece adecuarse para que Hacienda pueda cumplir su proyección de que este año el PIB crecerá 2,5%. Si ese crecimiento se logra traducir en empleo y estimula la inversión privada local las posibilidades electorales del oficialismo a fines de 2025 no serán intrascendentes. 

El punto radica en las tensiones que esta agenda pro crecimiento deberá enfrentar. Juegan en contra varios factores: el más sensible e imposible de evadir es la necesidad de hacer frente a las presiones por mayor gasto, en especial luego de las emergencias derivadas de los incendios de este verano. Hacienda calcula que la reconstrucción de la zona devastada en la V región tendrá un costo mayor a la suma de los tres eventos catastróficos del año pasado. Otro problema asociado es la constante subejecución del gasto en inversión pública, lo que indica dificultades de gestión operativa a nivel de mandos medios, subsecretarias, seremis, delegaciones presidenciales y otras reparticiones públicas, marcadas por la lentitud administrativa e incluso cierta incompetencia. 

Pero la incertidumbre más estructural es la preocupante disminución de los ingresos fiscales, que tuvieron en 2023 una reducción del 16,6%. Esto se explica por una menor recaudación del Impuesto a la Renta (-29,9%), menor recaudación del IVA (-8,3%) pero sobre todo por una merma en las contribuciones de la gran minería, tanto privada como estatal. Esta dinámica no se puede resolver sin un nuevo pacto fiscal que permita recaudar significativamente más. Pero la ambiciosa reforma tributaria presentada por el ejecutivo en marzo de 2023 se estrelló ante una dura oposición política, resistencias de los sectores financieros y ha ido mutando hacia lo que se ha llamado “la nueva ruta del emprendimiento”.

Más que nuevos tributos, lo que se propone ahora son medidas que enfatizan los incentivos para el crecimiento económico, beneficios tributarios para la inversión privada y el fomento del emprendimiento en empresas de menor tamaño. Muy poco énfasis en la recaudación a las grandes fortunas, impuesto al patrimonio o tasa sobre el stock de utilidades retenidas. Tampoco se asigna prioridad a la condonación del CAE y sólo se habla de un nuevo crédito por gastos en Educación.

El punto tributario es crucial ya que en él converge toda la arquitectura del programa de gobierno. Si el posible crecimiento que se consiga en 2024 no va acompañado de una estrategia que lo haga viable políticamente, no se logrará traducir en un logro valorado por los electores a los que el gobierno debe su lealtad futura. Por eso, la reforma tributaria se debería fijar un objetivo que esté lejos de lo inalcanzable pero también cerca de lo irrenunciable.   

El gobierno ya está a la mitad del camino y la ruta es sin retorno. Ahora sólo cabe mirar hacia adelante, tomar decisiones difíciles y asumir que el único gobierno que fracasa no es el que pierde una elección, sino el que no es capaz de tener una estrategia para el día siguiente que entrega el poder.

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