“No hay discriminación al señor Jadue”: Juzgado determina que no existió vulneración de garantías contra el alcalde de Recoleta tras fallido viaje a Venezuela

“No existen antecedentes para estimar que en este caso hay una discriminación particular en contra del señor Jadue”. Así resolvió, pasada las tres de la tarde, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Katherine Román, la acción judicial que inició el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego de que se viese frustrado su intento de ir a Venezuela la medianoche del miércoles.

El edil llegó a las una de la tarde —como esta previsto— al Centro de Justicia, acompañado de su abogado, Ramón Sepúlveda. Su asistencia respondía a efectuar la audiencia de cautela de garantía que había sido adelantada previamente. Lo anterior por motivo de la advertencia que la Fiscalía le hizo a su representante.

“La Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue”, comunicó en un escrito el Ministerio Público el día de ayer. El llamado se hizo para advertir al alcalde. Si continuaba su acción de emprender rumbo a Venezuela, se efectuaría una orden de detención inmediata en su contra.

El evento generó una ola de comentarios del edil en contra del ente persecutor. “Hoy (refiriéndose al jueves 18 de abril) me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, fue lo primero que comentó en su cuenta de X. Allí adelantó que ejercería “todas las acciones legales para frenar esas arbitrariedades”.

Y una de esas acciones legales se vio concluida hoy, en la que el propio Jadue sufrió un revés en la misma. “No ha existido vulneración a la igualdad ante la ley, ya que los otros imputados también se ha levantado esta alerta temprana que es una herramienta de la Fiscalía para asegurar los fines del procedimiento”, fue uno de los argumentos que señaló la jueza Román.

A eso se sumó que la “alerta temprana” —que efectuó el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz a inicios de abril— había sido efectuada no sólo contra el alcalde, sino también contra los otros imputados del caso de las Farmacias Populares, por el cual está siendo investigado.

“No parece razonable para esta jueza apercibir al Ministerio Público de una herramienta de persecución”, concluyó la magistrada.

El alcalde había señalado el día anterior que su caso respondía a una “acción arbitraria”, en donde apeló que no hubo un “debido proceso”. De hecho, sus comentarios se basaron en que se estableció una “medida cautelar de facto”, en relación a un posible arraigo nacional, aún cuando su audiencia de formalización no se efectúa y está agendada para finales de mayo.

Por lo mismo, habló de una “violación flagrante” de sus garantías constitucionales, las que lo motivaron a iniciar la jugada judicial junto a su abogado. No obstante, Román recogió los argumentos del fiscal Armendáriz, quien aseguró que su institución “en caso alguno ha coaccionado ni avisado ni impedido ni amenazado ni privado a nadie que haga uso de su libertad ambulatoria“.

Además, el fiscal jefe se encargó de precisar la ausencia de la fiscal Giovanna Herrera —a quien Jadue interpeló el día anterior—. “Lo actuado por la fiscal Giovanna Herrera es por instrucciones de este fiscal regional, que soy su superior jerárquico y por ley tengo mi cargo en la tramitación de las causas. O sea (…), es una actuación llevada entonces por quién les habla”.