Un café entre gerentes en Las Condes y un pacto de no agresión: la reunión que dio origen al “cartel del gas” denunciado por la FNE

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el 29 de abril un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas Indura S.A. (Indura) y Linde Gas Chile S.A. (Linde), y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

Según lo expuesto por la FNE, ambas firmas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado, definiendo no competir entre si por los clientes que cada uno ya abastecía. La Fiscalía apunta a los gerentes generales de ambas empresas y otro ejecutivo de Linde como los responsables del origen del acuerdo.

El ente persecutor, señala que la colusión afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros.

“Los productos afectados por esta colusión son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y la salud de las personas. Este es un caso muy importante para la FNE, en el que instamos a que se impongan sanciones ejemplarizadoras”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, subrayando la gravedad de este acuerdo anticompetitivo

En su requerimiento presentado, se pide al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su gerente general.

El origen de la colusión

La investigación que lleva adelante la FNE constató que el inicio del acuerdo se inició en una reunión entre los gerentes generales de ambas empresas, el 11 de noviembre de 2019, en un café de la comuna de Las Condes.

El requerimiento presentado, señala que, a partir de aquel encuentro, las empresas forjaron una cercanía que les permitió repartirse a sus clientes a través de “un acuerdo de caballeros” o pacto de “no agresión”. Sumado a esto, la FNE relata que incluso en una llamada telefónica interceptada los ejecutivos se referían al acuerdo como una situación de “paz y amor”.

En la práctica, para llevar a cabo el acuerdo, y no competir por los clientes, las empresas se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones. Otra de las artimañas utilizadas incluían elevar los precios para no ganar el negocio, retirarse de la propuesta, o desistir de la oferta presentado en caso de ganársela.

Según el requerimiento, la FNE pudo rastrear este acuerdo porque, tras realizar una investigación a partir de una denuncia, obtuvo autorización para interceptar las líneas telefónicas de los ejecutivos de Indura y Linde.

Finalmente, Linde y sus ejecutivos se acercaron a la institución para reconocer su participación en el ilícito y aportar la evidencia de la que disponían, con el fin de optar al beneficio de delación compensada.

Indura niega los hechos

Tras conocerse los hechos, y a través de una declaración pública, Indura asegura que la acusación de la FNE es infundada y descontextualizada.

“Durante la investigación de la FNE y tras la realización de exhaustivas investigaciones internas y otras conducidas por terceros especialistas en la materia y con plena colaboración de los empleados de la empresa, Indura ha llegado a la conclusión y convicción de que la acusación formulada en el requerimiento es infundada y descontextualizada”, dijo la empresa en su declaración recogida por La Tercera.

En esa línea, la empresa agrega que en periodo de pandemia hubo una colaboración “acotada” y para “salvar vidas”.

“En dicho periodo extraordinario de máximo estrés en la cadena logística y productiva y en los servicios de salud del país, hubo específica y acotada colaboración legítima, únicamente con el propósito de salvar vidas”.

Finalmente, la empresa asegura que “cumplió con su responsabilidad social, al haber abastecido con éxito a los recintos de salud que lo requirieron –cuya demanda de oxígeno creció explosiva y exponencialmente en el año 2020–, sin haber expuesto innecesariamente la vida de sus trabajadores y colaboradores ni de los pacientes atendidos por los establecimientos de salud suministrados por Indura y sin haber obtenido ningún tipo de beneficio indebido ni renta oportunista”.