Caso Hermosilla: Entre imprudencias e insinuaciones, no se alcanza a divisar la transparencia

En el caso Hermosilla hemos sido testigos de una diversidad de situaciones que reflejan problemas muy profundos y estructurales de nuestra convivencia, más allá de lo jurídico. El Presidente Boric festina sobre una decisión judicial decorándola con un juicio de revancha social. El abogado defensor recurre a la trayectoria de relaciones de su defendido con tono de amenaza. Y el Ministro de Justicia abiertamente discute la naturaleza amenazante de esa opinión. Ahí es cuando queda una duda sin resolver: para que sea una amenaza, debe tener un riesgo de daño, y para que eso ocurra, él debe conocer el alcance. 

Pero resulta que la supuesta amenaza consiste en revelar las transacciones de poder que aparentemente subyacen en procesos de nombramiento de los jueces y ministros de cortes. ¿Acaso no es todo eso suficientemente grave como para que tanto el abogado defensor como el Ministro de Justicia estuvieran dedicados a despejar las dudas y colaborar para que todo se haga transparente a la ciudadanía? Y que el Presidente, más allá de la independencia de los poderes del Estado, se preocupe por proteger la fe pública tan deteriorada. ¿No es esta una oportunidad para limpiar los sistemas y abrir un espacio para que entre nuevamente la confianza de la ciudadanía a ser una pieza clave para el avance del país?

Sin duda lo es, y entonces surge la pregunta sobre quién debería fomentar y asegurar que cualquier atisbo de transacción reprochable sea despejado. Ciertamente no es el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, que actúa, como es esperable, en beneficio del interés de su defendido. 

Es el Poder Judicial representado por sus máximas autoridades, el que debería liderar la búsqueda de transparencia por sobre la eventual protección de sus integrantes. También, es el Presidente de la República quien debiese tener una voz clara para colaborar con todo lo necesario para recuperar la credibilidad del Poder Judicial y del gobierno, por añadidura. Además, es el ministro de Justicia quien cuenta con facultades para dar seguimiento a los procesos cuestionados. Ninguno de ellos está siquiera instalando el mensaje de gestiones en ese rumbo. La lectura es más bien de salir a ataques mutuos y defensas insostenibles que orbitan al caso Hermosilla. 

El mecanismo de designación de los jueces fue un tema de larga discusión durante el fallido proceso constitucional de 2023. Fui testigo de la unanimidad con que cuentan las propuestas de cambio al sistema, con el fin de eliminar arbitrariedades y eventuales transacciones que quiten objetividad a los encargados de impartir justicia. El rechazo del texto nos mantiene en la situación actual, que como es evidente, sólo se agrava. Cabe preguntarse si una crisis derivada del despeje brusco de todas las dudas, no ayudaría a acelerar el cambio institucional tan necesario.

Es lamentable que a todo lo anterior se suma la confusión que genera el tratamiento de los casos en redes sociales. Los que instalan juicios sin sustento, enredando aún más la posibilidad de que los ciudadanos construyan una mirada clara y prudente de la situación.

Recientes estudios de opinión son consistentes en marcar la distancia entre los ciudadanos y quienes ocupan posiciones de autoridad, de cualquier signo político. La brecha más importante que refleja esa distancia, es la percepción de que las autoridades priorizan sus intereses por sobre las necesidades de la ciudadanía. En la medida que esta discusión siga por ese rumbo, y ninguno tome la bandera de la claridad en defensa del interés ciudadano, esa brecha seguirá consolidándose, e impidiendo la construcción de un tejido social basado en las confianzas y la protección mutua. 

Es mucho lo que está en juego en el caso Hermosilla como para seguir apostando por gustos personales, ideológicos o de intereses que no son los que las personas, mayoritariamente, esperan.