Las claves para entender a la “Muñeca Bielorrusa”: cinco capítulos de la trama de corrupción más grave que recuerde la Corte Suprema

Todos hablan de “La Muñeca Bielorrusa”. Una tendencia mediática que se confunde con una alusión a un cuento histórico de esa Europa de reyes o una serie de suspenso de plataforma de streaming. 

Pero la verdad es que ese título quedó estampado para sostener el tren de investigaciones que se siguen sobre la exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y varios abogados, notarios y conservadores de bienes raíces que protagonizan una presunta red de pago de coimas, lavado de dineros y fallos irregulares en el Poder Judicial. Y que incluso, sus tentáculos alcanzaron al Congreso, donde ya se investiga formalmente a dos parlamentarios: Cristián Araya (Republicano) y Matías Walker (Ex DC, Demócrata). 

El caso fue bautizado como “Muñeca Bielorrusa” en un artículo de El Mostrador en 2024 escrito por Juan Diego Montalva –actualmente periodista de The Clinic en el podcast Sin Llorar y el newsletter Poder– para revelar por primera vez las inconsistencias de un fallo, liderado por la entonces presidenta (suplente) de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Con su voto y potestad para poner en tabla de forma rauda la tramitación de las apelaciones del consorcio Belaz Movitec, Vivanco permitió que Codelco pasara de obtener US$20 millones por los incumplimientos de contrato a tener que desembolsar US$25 millones por terminar del contrato de forma anticipada con la empresa europea. 

Así, cuentan en privado, que el origen de ese título coloquial buscaba hacer una analogía de las “mamushkas” –muñecas rusas– con el perfil de Ángela Vivanco y sus nexos con el consorcio Velaz Movitec, de origen bielorruso, cuyas matrioskas interiores fueron evidenciado lo que escondía en realidad esta trama de corrupción y poder. 

En ese contexto, para entender mejor este caso, The Clinic ofrece esta guía –a veces compleja de entender– para contextualizar la base de esta red que nace de los chats incautados del teléfono de Luis Hermosilla y que encamina a convertirse en la arista más grave de todos los tentáculos destapados tras el análisis de ese poderoso celular. 

Desde que estalló “Muñeca Bielorrusa”, ya son dos los jueces destituidos vinculados a la trama: Ángela Vivanco y Antonio Ulloa. Y al que podría sumar un tercero: Diego Simpertegui, quien podría caer por el sumario abierto de sus pares en la Suprema o por la acusación constitucional presentada esta semana en el Congreso. O incluso en ambas instancias como ocurrió con la ex magistrada Vivanco, quien durante el miércoles fue incluida en una ampliación de querella del CDE.

Capítulo 1 – El origen: chats, comidas y nombramientos a alto nivel

Fue en junio de 2024, cuando una nota de Ciper reveló por primera vez las huellas de la ministra Ángela Vivanco en el marco del caso Audios. El análisis del teléfono de Luis Hermosilla había detectado una conversación con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien le había enviado un pantallazo con mensajes de Gonzalo Migueles. 

En esa conversación, supuestamente, Palma quería evidenciar su molestia con Migueles, dado que éste le habría ofrecido un doctorado y reemplazar al fiscal Xavier Armendáriz a cambio de entregar su apoyo al candidato de La Moneda que buscaba nombrar al nuevo Fiscal Nacional. Por ese entonces, el fiscal José Morales era el favorito del Ejecutivo. 

A pesar de que no habría estado de acuerdo con la oferta de Migueles, ambos se conocían y bien. En mayo de 2022, Palma había participado en una cena en la casa de Vivanco en la que participaron ministros como Harold Brito, María Cristina Gajardo y el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes. También estuvieron el juez Antonio Ulloa, el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Mario Vargas. 

Gonzalo Migueles, en ese momento, negó que sus ofrecimientos estuvieran vinculados a Ángela Vivanco. Por el contrario, detalló que sus movimientos “sólo” lo representaban a él. Sin embargo, estas revelaciones dieron cuenta que la pareja de la vocera de la Suprema jugaba un rol estratégico en las nominaciones de notarios y conservadores de bienes raíces en Santiago y regiones.

Y, con ello, el inicio de la caída de la mujer fuerte –y vocera– del máximo tribunal. 

Capítulo 2 – El septiembre negro de Vivanco y la apertura de Muñeca Bielorrusa: chats con Hermosilla y los fallos a favor del consorcio bielorruso que terminaron con su destitución

Septiembre de 2024 fue el comienzo del fin de seis años como ministra de la Corte Suprema. Durante la primera semana, todo explotó para Ángela Vivanco. Un nuevo reportaje de Ciper dio cuenta de una serie de intercambio de whatsapp que se iniciaron en 2018 cuando la abogada le escribió a Hermosilla con el objetivo de concitar apoyo para su nominación al máximo tribunal. 

Tras un intenso lobby con magistrados y senadores, su anhelo se consiguió en agosto de 2018.

Pero esto “tenía un precio”, lo que afianzó una relación de intercambio de favores.

Por ejemplo, Hermosilla un día le pidió si podía integrar una sala en que se vería una causa sobre la PDI que era de su interés. Además, la jueza le filtró información reservada sobre causas relacionadas a Carabineros y Fuerzas Armadas cuando el penalista trabajaba en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera. Incluso, ambos acordaron impulsar candidaturas a la Suprema como María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera e intentar frenar los ascensos de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.   

Al día siguiente de estas revelaciones, El Mostrador emitió una columna con información para poner atención sobre el rol de Ángela Vivanco en una causa que, de acuerdo a los especialistas judiciales, evidenciaban múltiples irregularidades: el conflicto entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec, que dio pie a la denominación “Muñeca Bielorrusa”, en alusión a la influencia de Vivanco en dar vuelta la millonaria indemnización que debía pagar la empresa europea a la estatal chilena. 

Todos estos antecedentes pegaron por partido doble a la magistrada. 24 horas después, el 9 de septiembre, se realizó una sesión de pleno extraordinario en que se acordó abrir un cuaderno de remoción contra Vivanco por seis cargos “ligados a diversos actos que son de conocimiento público”. Con ello, se anunciaba también la suspensión de Vivanco, lo que finalmente terminó siendo su último día en el Palacio de Tribunales. 

Pero su caída libre sólo comenzaba. El 10 de septiembre, el fiscal nacional Ángel Valencia daba cuenta que se iniciaba una causa penal contra la recién suspendida ministra Vivanco por los delitos de tráfico de influencia y prevaricación judicial, a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien tendría a disposición un equipo especial de fiscales para indagar sobre los fallos del caso ya denominado “Muñeca Bielorrusa”. 

Capítulo 3 – Un vuelco “Supremo” por muñeca bielorrusa: cómo Codelco pasó de tener que recibir US$20 millones a tener que pagar US$25 millones a CBM

Todo comenzó en febrero de 2023 cuando Codelco decidió finiquitar el contrato que tenía con el consorcio Belaz Movitec (CBM) por incumplimiento de contrato. La firma bielorrusa tenía la misión de extender la vida útil de la división de El Salvador en 47 años. Para ello, se habían adjudicado el proyecto estructural Rajo Inca. Sin embargo, CBM presentó un retraso de doce meses en los trabajos, completando sólo un avance de 23%. Además, según Codelco, habían incumplido las normas de seguridad, luego de la muerte de un trabajador en julio de 2022. 

La cuprífera se querelló, paralizó las obras, cobró las boletas y se quedó, incluso con las maquinarias. Pero la empresa europea presentó un recurso de protección en la Corte de Copiapó, el cual fue desfavorable. Los abogados de la firma, Eduardo Lagos y Mario Vargas, decidieron apelar a la Corte Suprema, donde se acogió a trámite en julio de 2023. 

El tema cayó en la Tercera Sala, la cual era presidida por Sergio Muñoz. Pero como el juez estaba de vacaciones, la suplencia quedó en manos de Ángela Vivanco. Así, la magistrada–con su voto dirimente– resolvió acoger el recurso de protección del consorcio bielorruso, cuyo fallo dio vuelta la decisión de Codelco. Ahora, la minera estatal tenía que restituir las máquinas y devolver las boletas de garantía por US$20 millones. 

Lo que llamó la atención de este proceso, es que se ejecutó en una semana, cuando los recursos de protección pueden demorar uno o dos meses en tener un resultado. Codelco pidió la nulidad del fallo al detectar unos problemas de forma, pero nuevamente la Tercera Sala rechazó lo solicitado por la cuprífera. Incluso, agregó que la estatal debía hacerse cargo también de los costos de movilización de las máquinas, avaluadas en US$4 millones.

Codelco presentó una queja por este inesperado vuelco, el cual fue aceptado en enero de 2024. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, el Consorcio Bielorruso pidió que se revisara nuevamente la queja, pues pedían US$1 millón más por concepto de reajuste e iva. 

¿Qué ocurrió? Fue aceptada la acción judicial y curiosamente con Ángela Vivanco presidiendo la Tercera Sala, nuevamente como interina. 

Así, el paso por la Suprema de Belaz Movitec, representados por Eduardo Lagos y Mario Vargas, había logrado un vuelco de película: de deber US$20 millones a tener que ser indemnizados con US$25 millones. 

Capítulo 4 – Las maniobras de lavado de activos: el “pitufeo” de Migueles y los conservadores de Puente Alto y Chillán

Al igual que sus fallos vinculados al consorcio bielorruso, la Corte Suprema y el Congreso también reaccionaron rápidamente. Un mes después de la apertura del cuaderno de remoción, el pleno determinó su salida del máximo tribunal. Misma suerte tuvo con la Acusación Constitucional tras su aprobación en el senado en octubre de 2024. 

Este sólo fue el inicio de los problemas para Ángela Vivanco. La investigación del Ministerio Público continuó de forma silenciosa con el análisis de las cuentas bancarias de su pareja Gonzalo Migueles. 

Y las noticias no fueron mejores. 

Nueve meses después, en junio de 2025, se liberó un informe del OS.7 de Carabineros que sugirió un complejo esquema de lavado de activos en que aparecían nuevos actores en esta trama de corrupción y poder vinculados a los fallos que favorecieron al consorcio Belaz Movitec. En esa línea, la fiscal Carmen Gloria Wittwer sumó este delito a los ya iniciados: prevaricación y tráfico de influencias.  

Los policías denominaron a esas maniobras como “pitufeo” para esconder supuestas coimas por $45 millones que terminaron en la cuenta corriente de Migueles, cuyo dinero fue girado por uno de los abogados del consorcio bielorruso, Eduardo Lagos, quien usó una casa de cambio para los primeros movimientos de lavado. Las coartadas laborales, en tanto, quedaron en manos de los conservadores de Puente Alto, Sergio Yáber, y Chillán, Yamil Najle Alee, quienes habrían simulado contratos de trabajos con la pareja de Vivanco para devolver ese millonario monto. 

El OS.7 y la Fiscalía llegaron a esta convicción tras meses de seguimientos, escuchas telefónicas y auditorías forenses sobre el patrimonio de los imputados, cuyas diligencias en terreno arrojaron más sospechas al encontrar sobres con efectivo en la oficina de Las Condes de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. 

Los primeros días de noviembre esta red fue detenida y formalizada marcando un nuevo punto de inflexión en esta arista de corrupción y poder derivada del Caso Audios.

El fiscal nacional Ángel Valencia, en entrevista con The Clinic, aseguró que la exministra Angela Vivanco corrió otra suerte, porque la ley blinda a funcionarios de su estatus–aunque hayan sido destituidos–, por lo que se debe presentar una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que autorice al Ministerio Público sentar en el banco de acusados a los jueces o fiscales que estén investigados penalmente. 

“Si no hubiera estado ese blindaje. Es decir, ese régimen especial de protección de los tribunales superiores, la normativa legal aplicable para ello habría sido la misma que la de las otras personas (Migueles, Vargas y Lagos)”, comentó Valencia. 

Capítulo 5 – Los pagos del “Padrino” Yáber no sólo eran para la pareja de Vivanco: investigan a dos parlamentarios y exjuez Antonio Ulloa

Sergio Yáber no sólo es un conservador de bienes raíces. En sus más de dos décadas como funcionario público–también fue notario en Coquimbo– cultivó relaciones a alto nivel para ir avanzando en las designaciones de los cotizados puestos en Santiago. 

Así, como reveló The Clinic, tras ser nombrado en Puente Alto en 2018, el mismo año que juró como ministra Ángela Vivanco, los ofrecimientos para revisar o conocer fallos en el máximo tribunal se hicieron cotidianos entre él y su amigo Gonzalo Migueles. 

Una de esas ofertas ocurrió con la notaria Valeria Ronchera, a quien en 2019 le advirtieron que Vivanco revisaría una apelación suya por un caso de suplantación de identidad que había ocurrido en su oficina y que era importante “que se ocupara de su defensa”. 

En ese sentido, las articulaciones de Yáber nunca pararon y las pesquisas a sus cuentas corrientes y escuchas telefónicas han ido comprando los nexos con varias autoridades.

Por ejemplo, una de las interceptaciones dio cuenta que hizo gestiones con el ministro de la Suprema, Arturo Prado Puga para modificar su voto e intentar salvar a su amigo Antonio Ulloa, con quien tendría una cercanía casi familiar. De acuerdo a Reportea, el conservador le habría pagado un millón mensual durante 72 meses entre 2019 y 2025. Según información obtenida por The Clinic, ese dinero habría sido para pagar la universidad de una hija del exministro de la Corte de Apelaciones, porque aparentemente ella sería su “ahijada”. 

Mismo concepto que usó el senador Matías Walker para confirmar que recibió una transferencia de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber en 2024. El ex DC sostuvo que ese dinero fue un apoyo del consevador para financiar un pasaje de avión para su hijo– Yáber sería su padrino– , quien emprendía un proyecto de estudios en Canadá. 

Por último, el diputado del Partido Repúblicano Cristián Araya también fue salpicado en esta red de presuntos coimas. En los mismos seguimientos a las conversaciones telefónicas de Yáber, se detectó una cena en su casa en la que participó el recién parlamentario reelecto para supuestamente hablar de su campaña y ver cómo podían ayudar a su amigo Antonio Ulloa que iba a enfrentar la acusación constitucional en el Congreso tras salvarse de la remoción en la Corte Suprema.

Todo, supuestamente, a cambio de un pago de $1,7 millones, lo que fue negado por el diputado del presidenciable José Antonio Kast.  

Bonus Track: “El fantasmas de la corrupción al interior del Poder Judicial, el día de hoy ha dejado de ser algo etéreo”

Por más de cinco días, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer lideró la formalización de cargos contra Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Si bien la exministra Ángela Vivanco salvó de esta instancia a la espera del resultado de la querella de capítulos, su presencia estuvo de todas maneras.

La Fiscalía prácticamente le imputó los delitos de lavado de activos y cohecho en ausencia. 

Incluso, Ángel Valencia describió el proceso como un “mini juicio”. a ratos. Y no lo dijo sólo por la extensión de Wittwer y su equipo, sino también por el protagonismo que tuvo la jueza de garantía Michelle Ibacache, quien tras escuchar y cuestionar al Ministerio Público en largos pasajes durante las audiencias, emitió sorprendentes argumentos para justificar la prisión preventiva de los imputados. 

“Quienes formamos parte de este poder del Estado cohabitamos día a día con esta idea constante de que la justicia es corrupta, que la justicia es sólo para quienes pueden pagar por ella, que en Chile la justicia encarcela la pobreza”, sostuvo. 

Y continuó: “Ese sentir ciudadano, esa idea constante, el fantasma de la corrupción al interior del Poder Judicial, el día de hoy ha dejado de ser algo etéreo, una idea en el aire, un discurso que repetía cada vez que se fallaba algún asunto y no era del gusto de la mayoría. Hoy, después de escuchar los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, ese fantasma con el que durante tanto tiempo hemos convivido se ha hecho realidad al interior del Poder Judicial”. 

La magistrado Ibacache acreditó cada una de las imputaciones para llegar a la convicción que estaba frente a una “red de corrupción” liderado por una jueza de la más alta jerarquía de la Corte Suprema unida a conservadores de bienes raíces, notarios y abogados, quienes “no tuvieron vergüenza” de pisar el valor al cual juraron proteger. 

“Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez”, criticó Ibacache, que a su juicio sus nexos “han enlodado la probidad” que ha creado “en la audiencia un sentimiento de impunidad”.