Municipalidad de Santiago emite informe que rechaza nueva cárcel de alta seguridad: “solo incrementará actividades delictuales”

La Municipalidad de Santiago presentó un informe técnico que rechazó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. El proyecto lo anunció el Presidente Gabriel Boric en julio de este año.

“Por el presente, se emite informe negativo y rechazando la propuesta de modificación del Plan Regulador de Santiago (…) aportando antecedentes de hecho y de derecho para la oposición al proyecto de “Ampliación” del Centro de Detención Preventiva de Santiago 1 (CDP Santiago 1) ubicado en calle Nueva Centenario N°1879, de esta comuna”, se lee en el documento al cual accedió La Tercera.

En el documento, que posee 20 páginas, fue dirigido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En esta línea, sobre la propuesta de modificar los “Usos de Suelo Prohibidos” de la manzana del barrio, “rechazamos tajantemente la propuesta, atendido que dicha prohibición responde a las instrucciones impartidas desde el año 1994 por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago”, dice el texto.

Y agregaron que de ser aceptado la cárcel se estaría yendo en contra de las indicaciones de hace 30 años por un Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Los objetivos de este eran “reducir la segregación socio-espacial, lo que no ocurrirá pues se acrecienta el estigma social de los vecinos residentes del entorno cuya calidad de vida empeorará aún más con las externalidades negativas que supone el aumento de la población penitenciaria en dicho sector”.

Otro argumento del municipio liderado por Irací Hassler, es que esto no se trata de una ampliación de Santiago 1. Es la edificación de un nuevo penal. Por esto, se requeriría aprobación del concejo municipal.

“Zona de sacrificio”

Además, el informe señala que la modificación del plan regulador sería inconstitucional. Esto, porque fue presentada y votada como ley simple. Por ello, no podría superponerse a atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. De este modo, se estaría “afectando gravemente el principio de autonomía municipal y también haber omitido el trámite de control constitucional preventivo que le correspondía al Tribunal Constitucional”.

Por último, se da cuenta de que una nueva cárcel tendría efectos adversos en la comunidad. Se sostiene que recintos de esta naturaleza en áreas urbanas densamente pobladas deprecian el valor de las propiedades. También sobrecargan los servicios públicos e incrementan la percepción de inseguridad. “Además, estas instalaciones no suelen contribuir al desarrollo económico local y pueden deteriorar la cohesión social”, se lee.

“Construir otro recinto, en el llamado de manera desafortunada y estigmatizante ‘Barrio Penitenciario’, por el ministro Luis Cordero, solo incrementará las actividades delictivas adicionales que se producen en el entorno a la cárcel, transformando en una verdadera ‘zona de sacrificio’ el sector de Avda. Pedro Montt y sus alrededores”, puntualizan.

La postura de la Municipalidad de Santiago no en vinculante, por lo que desde la comuna han dicho que recurrirán a todas las instancias para detenerlo.