Proyecto de ley busca impedir que locales sin atención de garzones cobren propina: “Se ha generado un malestar en la ciudadanía”

Hace un tiempo ha quedado en evidencia una práctica que han implementado diferentes locales comerciales y de comida de cobrar propina de 10% pese a que no atienden meseros o garzones. Entre la molestia que existe ante esta tendencia, un grupo de diputados presentó en agosto un proyecto para ara impedir que se sugiera o exija el otorgamiento de propina en establecimientos que no cuenten con atención de garzones.

El artículo 64 del código del trabajo especifica que solo “los establecimientos que atiendan público a través de garzones, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares“, pueden solicitar, voluntariamente, el cobro del 10% o más de propina.

Víctor Pino, diputado de Demócratas autor del proyecto, afirma a The Clinic que “es un proyecto de sentido común. Existe una gran cantidad de consumidores, personas ciertas que van a comer, o a diferentes lugares en donde no existe atención de garzones, y muchos se complican, en decir que no a la propina”.

En ese sentido, el parlamentario asegura que “se ha generado una especie de malestar o de incomodidad de parte de la ciudadanía, con respecto a las propinas que no vienen de los garzones. Este proyecto busca llenar el vacío que hoy día existe en la legislación con respecto al tema de las propinas”.

El parlamentario piensa esta propuesta como un complemento a la legislación que ya rige desde 2014. Y detalla que con esto quedan exentos de cobrar propina cualquier servicio que no tenga atención mediante garzones, incluido el delivery.

Su símil del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, también autor de la iniciativa, aclara que “no estamos quitando la propina en los restaurantes. Solamente en aquellos casos en que no se cumple un servicio. Que no te puedan ni siquiera solicitar, ni voluntaria, no te pueden pedir que vaya cargada ahí”.

Conadecus: “No hace mucho sentido, porque la propina sigue siendo voluntaria”

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, es crítico de la propuesta.

Consultado por The Clinic, afirma que “considero que es legislar sobre algo que ya está claro de que es voluntaria. Es volver a retirar algo que ya en la ley se considera voluntario y que nadie está obligado a otorgarla o no. Es una decisión del consumidor”.

Calderón menciona que “no hace mucho sentido”.

En respuesta a esta postura, el diputado Pino sostiene que “lo que abunda no daña. Mientras más transparencia tengamos en las relaciones entre consumidores y el que entrega un producto, es mucho mejor”.

El proyecto de ley propone los empleadores que no cumplan con esto arriesguen a una multa tres a cinco tributarias mensuales (entre $200 mil y $350 mil aproximadamente). El diputado espera que la propuesta sea discutida en la comisión de Economía de aquí a fin de año.