Cristián Maturana, profesor de derecho: “El Caso Audio demuestra la debilidad del sistema judicial para protegerse de amenazas como el narco”

“Cuando me citen desde el Congreso para hablar sobre la reforma judicial voy a llevar este libro”. Cristián Maturana, abogado de la Universidad de Chile y académico especialista en derecho procesal, da por sentado que en noviembre será citado al Parlamento para hablar de los cambios estructurales que se debaten sobre el sistema de justicia.

Todo eso luego de los antecedentes que ha expuesto el Caso Audio, que ha sacudido la credibilidad del Ministerio Público y de la Corte Suprema, entre ellos los chats que reveló The Clinic entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla.

El texto que Maturana quiere exponer en el Congreso viene de España y se llama: “El libro blanco de la justicia”.

“Hay que hacer un libro blanco de la justicia como en España para hacer todas las reformas orgánicas, estructurales y procedimentales del sistema. Es un plan que demora 10 años, no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero en Chile somos reactivos y no proactivos. Es lo mismo que cuando se habla de las reformas a la seguridad”, dice Maturana desde su oficina en desuso en Huérfanos con Morandé.

A sus 71 años Maturana ha participado, colaborado y sido testigo de varias de las reformas en que se han trabajado en el ámbito procesal penal y civil. Lleva más de 40 años haciendo clases en Universidad de Chile y además es el presidente de la comisión de Ética del Colegio de Abogados.

—¿Cómo ha recibido toda esta ola de filtraciones sobre el Ministerio Público y el sistema judicial?

—Claramente estamos en una crisis. Las crisis hay que afrontarlas y tomar medidas para que las instituciones realmente se refuercen y llenen los espacios para que no se repitan las cosas que nosotros estamos viendo. Y obviamente sancionar las conductas que sean reprobables en el plano que corresponda: ético, disciplinario, penal…

—¿Pero es algo que sorprende o es un sistema que permite este tipo de conductas?

—Esto es superdoloroso desde un punto de vista democrático. Porque el antiguo sistema procesal penal, una de las razones por las cuales se cambió era su falta de transparencia. Y en consecuencia que esto esté sucediendo en el ámbito jurisdiccional, en el comportamiento de los fiscales, en los abogados, es algo que tiene que cortarse de raíz.

Esto es muy grave porque nosotros en este país hemos tenido un desarrollo importante del narcotráfico. Y cuando se produce una unión entre el narcotráfico y el funcionamiento del sistema judicial se puede transformar en algo irreversible. Afortunadamente en esta crisis no se ha dado la unión del narcotráfico con los poderes que vemos, como el económico, y la política. Pero si eso está sucediendo en otras áreas y tenemos una proyección del narcotráfico, tenemos que reforzar los sistemas y tomar todas las medidas para que aquello no pueda suceder de manera alguna.

—¿Qué tan urgente es que pudiese entrar el narcotráfico?

—O sea a nivel general en el mundo el narcotráfico no escapa al sistema judicial. Hay una amenaza violenta contra los jueces. En este momento con el nivel de narcotráfico ¿no cree que hay una amenaza posible del narcotráfico para los jueces, testigos, abogados? Como sistema democrático es imperioso modificar el sistema de justicia. Está en un nivel equivalente a todo lo otro que ha sido postergado. No va a haber cambios si no hacemos un plan de largo plazo y ponemos las lucas. Igual hay avances después de la reforma procesal penal, no hay que ver solo el vaso medio vacío.

—¿Y si no se actúa con urgencia?

—Va a ser cada vez peor. El Caso Audio nos ha demostrado la debilidad de nuestro sistema para protegerse de amenazas tan poderosas como el narco.

—¿Está muy desprotegido el sistema?

—Nosotros tenemos una democracia debilucha. Y cuando uno tiene una democracia debilucha y tiene pegas no asumidas, y que estamos recién asumiendo, no pueden extrañar que sucedan estas cosas. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia malo, un sistema judicial que requiere reformas, que tiene opacidad, tenemos un sistema ético, a nivel país, en donde cambiamos los sistemas de control ético que tenían los colegios profesionales a uno gremial, no obligatorio y que cada uno puede generar asociaciones. Es muy preocupante cuando no hay prevención. Porque la sociedad no está teniendo los medios de control para impedir el fenómeno delictivo. Eso es muy preocupante.

Maturana: “No había visto a ningún fiscal caer en prácticas como las de Guerra desde el retorno a la democracia”

El académico dice que ya va en retirada, pero que está disponible para colaborar en todos los procesos que permitan avanzar en reformas al sistema. Mientras, continúa haciendo clases en la Universidad de Chile.

De hecho, en un informe de Cadem y el Colegio de Abogados -en alianza con el estudio García Nadal-, Maturana fue reconocido como el cuarto profesor de Derecho más destacado en Chile.

“¿Sabe cuál es el ramo que estoy haciendo en la Universidad? Ética judicial”, comenta.

—¿Se pierde credibilidad en el sistema después de chats como los de Guerra?

—Creo que la credibilidad del sistema de justicia pasa por dos medidas que hay que tomar. Uno, hacerse cargo de modificar el sistema y establecer que la ciudadanía tenga participación, a través de comunidades y órganos, en el sistema de justicia. Para cuando te digan: ‘yo no confío’, uno pueda decir que en el sistema de justicia no está solo metido el Parlamento, el ministro de Justicia, etc, sino que gremios, universidades… En segundo lugar, todo tiene que ser transparente. Esto no puede ser por opiniones personales que uno tiene sobre una determinada persona. Todas las designaciones tienen que ser por mérito y no por confianza.

—A propósito de la crisis de la Corte Suprema y Ángela Vivanco.

—Todos los nombramientos. La Corte Suprema, fiscales. Todos. 

—¿Y ahora cómo es?

—Son muchas entrevistas personales, en que no hay un mayor control de conocimiento. Y que no hay un control más profundo en lo que es la exigencia de esa acreditación. Eso no se da en los ingresos a la academia judicial donde hay exámenes y entrevistas rigurosísimas.

—¿Había visto a un fiscal con malas prácticas como las que dieron a conocer los chats sobre Guerra?

—No. En todos los años que llevo. Desde el regreso a la democracia, obviamente. Es que cuando tú tienes un poder que empieza a romper los límites, esa corrupción empieza a violar lo más esencial en un sistema judicial que es la imparcialidad. 

—Y ahí está la gravedad. 

—Sí. 

—¿Por qué este caso es de tal gravedad?

—Porque Guerra comunicó unos vínculos y además se produjo un desequilibrio en cómo se estaba investigando el tema en la Fiscalía. Acuérdate que había un equipo de trabajo, que era liderado por Sabás Chahuán, donde estaba (Carlos) Gajardo, Norambuena y otros fiscales, que conformaban un equipo. Cuando tú tienes causas penales es muy importante, y creo que es uno de los déficit grave del sistema de la Fiscalía, es que no tiene controles externos. Y tiene decisiones administrativas importantes que seguir. Como las que denuncia el senador Manuel José Ossandón. Que dice oiga a mí me persiguieron y me pudieron frustrar mi carrera política. ¿Se demostraba una musculatura del sistema que demostrara que no fue una decisión individual sino que fruto de una decisión colectiva? Yo creo que eso no está claro en su sistema. 

Voy a poner un ejemplo. Todos los órganos que se han creado para los efectos de tener un control eficiente del sistema judicial han sido colegiados. La CMF, por ejemplo. En cambio acá tú dices: ¿quién toma la decisión de formalizar a alguien? La toma solo el fiscal Guerra, en ese caso. Ahí es donde dices deberíamos tener un control un poco más profundo para evitar que se produzcan estas cosas. 

—¿Cómo definiría lo que hizo Guerra?

—Es que si es verdad todo lo que aparece ahí me parece de una gravedad tremenda. Y más aún si ese parecer del exfiscal Guerra no era el mismo que representaban otros fiscales. Entonces entramos a una decisión personalista. Da lo mismo si es Guerra, o como se llame. Una persona no puede tomar decisiones discrecionales, personales, sino que todas las decisiones tienen que ser institucionales. 

“No hay un plan completo para solucionar la crisis del sistema judicial”

Si bien la especialidad de Maturana es el derecho civil -fue el presidente de la comisión para la reforma procesal civil- también ha mantenido un pie en lo procesal. De hecho es coautor del libro: Derecho Procesal Penal (2017) (Raúl Montero y Cristián Matuana), entre otras publicaciones.

En todo caso, revela por qué no quiso dedicarse al procesal cuando empezó: “soy nieto de un director de Investigaciones, me encanta el derecho penal, comencé a ejercer el derecho penal, pero no ejercí en materia penal porque era un sistema que estaba maleado”.

Maturana agrega: “Habría sido abogado penalista en el nuevo sistema, porque sí es posible tener una buena transparencia. Pero se necesita trabajo”.

—¿Cómo se sostiene la credibilidad del sistema después de este caso?

—Lo que pasa es que si no hay un plan estructurado, en que se vayan desarrollando medidas con transparencia al público, seguimos reaccionando reactivamente y no proactivamente. Si no se mueve el árbol, no va a pasar nada. No hay un plan completo para solucionar la crisis del sistema judicial. El sistema de justicia es un problema de Estado, no de un determinado gobierno.

Si me dices ‘al gobierno de Boric le queda un año’…. en un año no se va a aprobar la ley del sistema judicial. ¿Y va a ser una prioridad del próximo gobierno? Va a depender de la contingencia. Acá se necesita compromiso. El Estado tiene que ponerse serio, asumir determinados planes, y ponerle fecha esto para rendir cuentas. Es igual de importante que otras reformas como la previsional, de isapres, de educación. Acá se requiere un plan de un Estado robusto.

—¿Por qué es tan importante la reforma al sistema de justicia al nivel de las otras más mediáticas?

—Luigi Ferrajoli (jurista italiano) dice que nosotros tenemos dos tipos de democracia: democracias formales, que es la del padre Gatica, que predica pero no practica. En el fondo que los ciudadanos tienen un montón de derechos, pero si esos se te desconocen, y no tienes dónde acudir para que te protejan sobre esto, tenemos una democracia meramente formal. Una democracia sustancial real es aquella en que cuando se desconocen los derechos fundamentales tengo un proceso que permite que los ciudadanos tengan una protección frente al desconocimiento de esos derechos.

—¿Está corrompido el sistema de justicia?

—Por lo menos en lo que se ha dado cuenta en las declaraciones que están en los chat… nadie puede decir que esas son buenas prácticas. 

—¿Qué pasa cuando poderes del Estado se meten de mala forma al Poder Judicial? 

—Eso es absolutamente censurable, es una mala práctica y debe ser censurada. La mejor demostración es la formulación que se hizo al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. 

—¿Le sorprenden esas prácticas? Con la cantidad de años que lleva en el sistema judicial. 

—Creo que una buena práctica prima que tú no puedes usar medios ilícitos para lograr un fin. Porque a la larga se vuelve un costo. Aquí el peor atentado es la desigualdad y la discriminación de acceso a la justicia. La gente se indigna por eso. 

—¿Hay dos tipos de justicia en Chile? Dependiendo de la clase socioeconómica.

—En todos los países hay dos tipos de justicia.

—Y después de ver el Caso Audio. ¿En Chile no es mayor esa diferencia?

—Mi respuesta no puede ser más clara de que claramente la gente que tiene plata en nuestro país tiene una mejor defensa que los que no tienen plata.

—¿Por qué siempre llegamos tarde en esa democracia “debilucha” como dijo?

—Bueno, porque nuestra democracia es joven y eso implica que hay que tener mucha más participación. Tenemos liderazgos débiles, mucho individualismo y poco interés en compartir decisiones. La moraleja es que todos tenemos que trabajar para mejorar este país. No vamos a solucionar este problema con soluciones extremas y dejando a la gente aparte. Por ejemplo, solucionar los problemas como Bukele, metiendo a todos presos, es fácil. Pero es una solución de corto plazo, no de largo plazo. En un sistema democrático las decisiones que se adoptan tienen que ser compartidas por todos.

—¿Y qué le dice que seamos más reactivos que proactivos?

—Me dice que es preocupante. El movimiento de octubre no fue un movimiento que surgió de la nada. No es que no tuviera un sustrato en la base de que buscara una solución. ¿Pero hay un plan para solucionar los problemas de mediano largo plazo? En esa lista está el sistema judicial.

“Se debería poder quitar el título de los abogados según la gravedad del delito”

Como parte del Colegio de Abogados, Cristián Maturana ha peleado para que la colegiatura sea obligatoria. Así, dice, sería más efectivo el control de que los abogados adscriban al código de ética y también que puedan haber sanciones para quienes no cumplen los estándares mínimos.

“Ayer conversaba con una querida alumna que es profesora en Barcelona. Ella me contaba que para entrar a la universidad es necesario tener conocimiento de ética. Mientras que en Chile: ¿a quién le preguntan de ética? ¿se ve bien en los colegios? ¿universidades? ¿en las distintas profesiones”, se cuestiona Maturana.

—Matías Inzunza, consejero del Colegio de Abogados, dijo a The Clinic que el abogado promedio no conoce el código de ética. ¿Coincide?

—Absolutamente. Y es una preocupación urgente para todos. Sobre todo después de lo que se ha visto en los últimos meses.

—¿Está de acuerdo en que se pueda quitar el título?

—Por supuesto. Depende de la gravedad de la sanción. Cuando te recibes de abogado no puedes haber sido condenado a pena aflictiva. Si cometes el delito después, por qué no te podrían quitar el título. Si perdiste tu requisito habilitante. Es una respuesta lógica.

—¿Cree que la profesión está en desprestigio?

—La profesión siempre ha sido igual. Obviamente con todo lo que ha pasado estamos más en cuestión, pero también a veces se cometen injusticias contra los abogados por repercusiones que tienen determinados casos.